La crisis ambiental de Quintero y Puchuncaví provocada por la emanación de gases contaminantes producto del desarrollo industrial de las empresas del borde costero mantiene a las comunidades en alerta.
Las primera reacciones del gobierno al suspender las clases y decretar alerta amarilla en la zona afectada no surtió ningún efecto en la descontaminación del territorio, es más, durante el último mes se han dado cerca de tres episodios críticos en que ha habido más de trecientas personas intoxicadas.
El decreto que debía emanar de la presidencia para declarar alerta sanitaria fue rechazado en primera instancia por Contraloría General de la República, ya que tenía errores de forma, incluso habría sido el propio contralor Jorge Bermúdez quien se involucró en su tramitación y habría sido quien advirtió a la moneda que al primer decreto no se le podría dar toma de razón, pues no daba todas las garantías para poder actuar.
El decreto rechazado tenía ocho páginas donde incluso se describía los rangos en que se debía decretar alerta o emergencia ambiental, sin embargo, no daba atribuciones a las autoridades para tomar decisiones. Es debido a esto que el segundo documento, aprobado finalmente el lunes 25, permitió decretar la alerta sanitaria el mismo martes de esa semana, y exponía en su redacción que el Seremi de Salud de la Región de Valparaíso tendrá “facultades extraordinarias para disponer, según proceda, de las siguientes medidas: Ordenar la diminución (e incluso la prohibición) de la emisión de material contaminante de fuentes fijas comunitarias e industriales cuando las condiciones sanitarias así lo ameriten”.
Otra de las atribuciones será la de detener las faenas “cuando las condiciones de ventilación así lo aconsejen, lo que se verificará previo informe del Ministerio del Medio Ambiente, basándose en el pronóstico meteorológico elaborado por la Dirección Meteorológica de Chile”.
Dentro del documento se expone además una de las demandas que ha hecho reiteradamente el Colegio de Médico de la Quinta Región, que en Chile “no existe ninguna normativa a nivel nacional que regule la presencia de compuestos orgánicos volátiles en el aire, sin embargo, se requiere de la adopción de medidas que reduzcan el riesgo de que su presencia en el ambiente afecte la salud de las personas”.
Asimismo, en la redacción se explicita que “las normas de calidad primaria del aire dispuestas en materia medioambiental no han sido suficientes para garantizar la salud de las personas que habitan en las comunas de Quintero y Puchuncaví”.
Con estos antecedentes y luego de 50 años de contaminación permanente y mediado por una emergencia de un mes que dejó a más de 300 personas intoxicadas, el Seremi de Salud de Valparaíso, Francisco Álvarez, extendió el plazo que ordenó la paralización de las principales fuentes emisoras de dióxido de azufre correspondientes a Codelco división Ventanas y AES Gener y las generadoras de compuestos orgánicos volátiles en las empresas del sector hidrocarburos, correspondientes a Oxiquim, Copec, Gasmar, Enap Quintero, Enex, GNL Quintero. En el documento emitido por la autoridad ministerial se advierte que la medida regirá hasta que no se aprueben “por la seremi de Salud, lo planes operacionales requeridas a las empresas”.
Por su parte, dirigentes sociales como Andrés León, vocero de la organización civil Dunas de Ritoque, dijo que la medida llega tarde a la zona, ya que la emergencia ha avanzado permanentemente durante el último mes.
Asimismo, se presentó la segunda querella criminal patrocinada por la firma del abogado penquista Remberto Valdés, ante el Tribunal de Garantía de Quintero. Acción judicial que reúne a 154 personas que, sumadas a las de la primera querella, logra agrupar a más de 250.
Por su parte, el fiscal nacional, Jorge Abbott ordenó a la fiscal adjunta de Talcahuano, Ana María Aldana, se sume por tres semanas al equipo del fiscal jefe de Quintero, Mauricio Dunner, en la investigación de los delitos de contaminación ambiental que enfrenta la zona.
Para este sábado se han convocado marchas por la ciudad de Quintero que buscan avanzar por toda la ciudad hasta el borde costero en rechazo al funcionamiento de las empresas emplazadas en ese sector que han sido responsables de la contaminación sistemática de los habitantes de la bahía.
La crisis ambiental de Quintero y Puchuncaví provocada por la emanación de gases contaminantes producto del desarrollo industrial de las empresas del borde costero mantiene a las comunidades en alerta.
Las primera reacciones del gobierno al suspender las clases y decretar alerta amarilla en la zona afectada no surtió ningún efecto en la descontaminación del territorio, es más, durante el último mes se han dado cerca de tres episodios críticos en que ha habido más de trecientas personas intoxicadas.
El decreto que debía emanar de la presidencia para declarar alerta sanitaria fue rechazado en primera instancia por Contraloría General de la República, ya que tenía errores de forma, incluso habría sido el propio contralor Jorge Bermúdez quien se involucró en su tramitación y habría sido quien advirtió a la moneda que al primer decreto no se le podría dar toma de razón, pues no daba todas las garantías para poder actuar.
El decreto rechazado tenía ocho páginas donde incluso se describía los rangos en que se debía decretar alerta o emergencia ambiental, sin embargo, no daba atribuciones a las autoridades para tomar decisiones. Es debido a esto que el segundo documento, aprobado finalmente el lunes 25, permitió decretar la alerta sanitaria el mismo martes de esa semana, y exponía en su redacción que el Seremi de Salud de la Región de Valparaíso tendrá “facultades extraordinarias para disponer, según proceda, de las siguientes medidas: Ordenar la diminución (e incluso la prohibición) de la emisión de material contaminante de fuentes fijas comunitarias e industriales cuando las condiciones sanitarias así lo ameriten”.
Otra de las atribuciones será la de detener las faenas “cuando las condiciones de ventilación así lo aconsejen, lo que se verificará previo informe del Ministerio del Medio Ambiente, basándose en el pronóstico meteorológico elaborado por la Dirección Meteorológica de Chile”.
Dentro del documento se expone además una de las demandas que ha hecho reiteradamente el Colegio de Médico de la Quinta Región, que en Chile “no existe ninguna normativa a nivel nacional que regule la presencia de compuestos orgánicos volátiles en el aire, sin embargo, se requiere de la adopción de medidas que reduzcan el riesgo de que su presencia en el ambiente afecte la salud de las personas”.
Asimismo, en la redacción se explicita que “las normas de calidad primaria del aire dispuestas en materia medioambiental no han sido suficientes para garantizar la salud de las personas que habitan en las comunas de Quintero y Puchuncaví”.
Con estos antecedentes y luego de 50 años de contaminación permanente y mediado por una emergencia de un mes que dejó a más de 300 personas intoxicadas, el Seremi de Salud de Valparaíso, Francisco Álvarez, extendió el plazo que ordenó la paralización de las principales fuentes emisoras de dióxido de azufre correspondientes a Codelco división Ventanas y AES Gener y las generadoras de compuestos orgánicos volátiles en las empresas del sector hidrocarburos, correspondientes a Oxiquim, Copec, Gasmar, Enap Quintero, Enex, GNL Quintero. En el documento emitido por la autoridad ministerial se advierte que la medida regirá hasta que no se aprueben “por la seremi de Salud, lo planes operacionales requeridas a las empresas”.
Por su parte, dirigentes sociales como Andrés León, vocero de la organización civil Dunas de Ritoque, dijo que la medida llega tarde a la zona, ya que la emergencia ha avanzado permanentemente durante el último mes.
Asimismo, se presentó la segunda querella criminal patrocinada por la firma del abogado penquista Remberto Valdés, ante el Tribunal de Garantía de Quintero. Acción judicial que reúne a 154 personas que, sumadas a las de la primera querella, logra agrupar a más de 250.
Por su parte, el fiscal nacional, Jorge Abbott ordenó a la fiscal adjunta de Talcahuano, Ana María Aldana, se sume por tres semanas al equipo del fiscal jefe de Quintero, Mauricio Dunner, en la investigación de los delitos de contaminación ambiental que enfrenta la zona.
Para este sábado se han convocado marchas por la ciudad de Quintero que buscan avanzar por toda la ciudad hasta el borde costero en rechazo al funcionamiento de las empresas emplazadas en ese sector que han sido responsables de la contaminación sistemática de los habitantes de la bahía.
La crisis ambiental de Quintero y Puchuncaví provocada por la emanación de gases contaminantes producto del desarrollo industrial de las empresas del borde costero mantiene a las comunidades en alerta.
Las primera reacciones del gobierno al suspender las clases y decretar alerta amarilla en la zona afectada no surtió ningún efecto en la descontaminación del territorio, es más, durante el último mes se han dado cerca de tres episodios críticos en que ha habido más de trecientas personas intoxicadas.
El decreto que debía emanar de la presidencia para declarar alerta sanitaria fue rechazado en primera instancia por Contraloría General de la República, ya que tenía errores de forma, incluso habría sido el propio contralor Jorge Bermúdez quien se involucró en su tramitación y habría sido quien advirtió a la moneda que al primer decreto no se le podría dar toma de razón, pues no daba todas las garantías para poder actuar.
El decreto rechazado tenía ocho páginas donde incluso se describía los rangos en que se debía decretar alerta o emergencia ambiental, sin embargo, no daba atribuciones a las autoridades para tomar decisiones. Es debido a esto que el segundo documento, aprobado finalmente el lunes 25, permitió decretar la alerta sanitaria el mismo martes de esa semana, y exponía en su redacción que el Seremi de Salud de la Región de Valparaíso tendrá “facultades extraordinarias para disponer, según proceda, de las siguientes medidas: Ordenar la diminución (e incluso la prohibición) de la emisión de material contaminante de fuentes fijas comunitarias e industriales cuando las condiciones sanitarias así lo ameriten”.
Otra de las atribuciones será la de detener las faenas “cuando las condiciones de ventilación así lo aconsejen, lo que se verificará previo informe del Ministerio del Medio Ambiente, basándose en el pronóstico meteorológico elaborado por la Dirección Meteorológica de Chile”.
Dentro del documento se expone además una de las demandas que ha hecho reiteradamente el Colegio de Médico de la Quinta Región, que en Chile “no existe ninguna normativa a nivel nacional que regule la presencia de compuestos orgánicos volátiles en el aire, sin embargo, se requiere de la adopción de medidas que reduzcan el riesgo de que su presencia en el ambiente afecte la salud de las personas”.
Asimismo, en la redacción se explicita que “las normas de calidad primaria del aire dispuestas en materia medioambiental no han sido suficientes para garantizar la salud de las personas que habitan en las comunas de Quintero y Puchuncaví”.
Con estos antecedentes y luego de 50 años de contaminación permanente y mediado por una emergencia de un mes que dejó a más de 300 personas intoxicadas, el Seremi de Salud de Valparaíso, Francisco Álvarez, extendió el plazo que ordenó la paralización de las principales fuentes emisoras de dióxido de azufre correspondientes a Codelco división Ventanas y AES Gener y las generadoras de compuestos orgánicos volátiles en las empresas del sector hidrocarburos, correspondientes a Oxiquim, Copec, Gasmar, Enap Quintero, Enex, GNL Quintero. En el documento emitido por la autoridad ministerial se advierte que la medida regirá hasta que no se aprueben “por la seremi de Salud, lo planes operacionales requeridas a las empresas”.
Por su parte, dirigentes sociales como Andrés León, vocero de la organización civil Dunas de Ritoque, dijo que la medida llega tarde a la zona, ya que la emergencia ha avanzado permanentemente durante el último mes.
Asimismo, se presentó la segunda querella criminal patrocinada por la firma del abogado penquista Remberto Valdés, ante el Tribunal de Garantía de Quintero. Acción judicial que reúne a 154 personas que, sumadas a las de la primera querella, logra agrupar a más de 250.
Por su parte, el fiscal nacional, Jorge Abbott ordenó a la fiscal adjunta de Talcahuano, Ana María Aldana, se sume por tres semanas al equipo del fiscal jefe de Quintero, Mauricio Dunner, en la investigación de los delitos de contaminación ambiental que enfrenta la zona.
Para este sábado se han convocado marchas por la ciudad de Quintero que buscan avanzar por toda la ciudad hasta el borde costero en rechazo al funcionamiento de las empresas emplazadas en ese sector que han sido responsables de la contaminación sistemática de los habitantes de la bahía.
