Defraudación fiscal por más de 307 millones de pesos, cohecho y delitos tributarios son los ilícitos que se le imputan al ex senador UDI, quien en el día previo a esta diligencia publicó a través de Youtube un vídeo en el que solicitaba que los jueces escuchen su verdad y que “sin presiones y sin usarme como chivo expiatorio, hagan finalmente justicia de acuerdo al mérito del proceso”.

En el registro, indicaba que no tiene ahorros, ni yates, y que no se enriqueció con sus actos como senador. Además, señaló que él ya reconoció “haber desviado fondos públicos para costear deudas de campañas y hace más de dos años los restituí al Senado, sin embargo, el proceso en mi contra ha sido una persecución arbitraria y discriminatoria”.

Sin embargo, a pesar de las aprensiones de Orpis, durante la mañana de este lunes inició la preparación del juicio oral del caso, proceso en el que se espera que el Ministerio Público presente alrededor de 250 testigos y una serie de documentos que acreditan que el abogado cumplía instrucciones a cambio de dinero.

La fiscal Ximena Chong, jefa de Alta Complejidad Centro Norte, explicó que “estamos en la preparación, donde el Tribunal va a definir qué pruebas tanto testimoniales, como documentales, periciales y demás antecedentes aportados van a pasar de esta etapa al juicio. Confiamos en que la audiencia se desarrolle con normalidad, de forma rápida, el juez la está dirigiendo con bastante celeridad y con mucho oficio”.

Por su parte, la defensa ha argumentado que el actuar de Orpis respondió a un acuerdo político sobre votar a favor la Ley de Pesca, y para demostrarlo presentó una lista de 43 testigos que quieren sean llamados a declarar para poder comprobar dicha versión.

Entre quienes se encuentran en esta lista están el ex ministro Pablo Longueira, y varios miembros de la Democracia Cristiana, como la actual senadora Ximena Rincón, Jorge Pizarro, Ignacio Walker, Patricio Walker y el ex senador Andrés Zaldívar. A ellos se suman también Ricardo Lagos Weber, Alejandro Navarro, Hernán Larraín y Fulvio Rossi.

“La Ley de Pesca no se podía aprobar si es que no había el acuerdo de todos los senadores del gobierno de turno, más algunos de oposición. Ese hecho debemos acreditarlo, eso es lo que se llama acuerdo político y muchos senadores se refieren a ello. También hemos citado a senadores, como la senadora Rincón, que se manifestaron en contra del acuerdo. Esos son los testigos que hemos ofrecido y en su momento los defenderemos y veremos si el juez acepta o no que acudan a la audiencia de juicio oral”, explicó Sergio Rodríguez, abogado defensor de Jaime Orpis.

A pesar de que la defensa insiste en esta teoría, Francisco Mujica, ex gerente general de la empresa Corpesca, fue condenado a tres años de pena remitida por soborno y delitos tributarios en este caso, en un juicio abreviado en acuerdo con la Fiscalía luego de reconocer los pagos ilícitos al ex senador UDI.

El abogado querellante en esta causa, Mauricio Daza, comentó a nuestro medio que la tesis que sostiene la defensa era predecible y que, además, es inconsistente con los antecedentes del caso: “A  diferencia de los demás parlamentarios en el caso de él (Orpis) existen antecedentes claros, concretos, múltiples y consistentes que dan cuenta de que su votación fue producto de instrucciones recibidas por un grupo económico que le pagaba para que tomara determinadas decisiones en su cargo público”.

Además, señaló que “politizar indebidamente” el juicio es un esfuerzo que seguramente no va a prosperar, pues el debate que se quiere levantar no atiende a lo que es la imputación penal. “Aquí no se está pidiendo que sea condenado porque votó a favor de la Ley de Pesca, sino que sea condenado porque recibió coimas con la finalidad de votar en un determinado sentido que le indicaba una empresa que tenía un interés en la normativa”. Agregó que durante el desarrollo del juicio presentarán todos los documentos que tienen, entre ellos varios mails, en los que se da cuenta de que Orpis recibía instrucciones de cómo actuar en su labor legislativa.

Debido a las características del caso y la amplia cantidad de testigos y documentos que se espera presentar, se estima que la preparación durará aproximadamente un mes para luego continuar con las audiencias de juicio oral en una causa en que la Fiscalía pide 21 años de cárcel en contra del ex parlamentario: doce por fraude al fisco, seis por cohecho y tres por ilícitos tributarios, más la inhabilitación de ejercer cargos públicos.

La ex diputada Marta Isasi también enfrenta una acusación en esta causa por delitos tributarios y cohecho, ante lo que la Fiscalía solicita 7 años de presidio y 10 años de inhabilitación en cargos públicos.