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Matrimonio igualitario: expertos señalan que Chile no cumple tratados internacionales

A partir de la reciente decisión del Ejecutivo, que desconoció acuerdos alcanzados en materia de derechos humanos sobre matrimonio igualitario ante instancias internacionales, expertos en derecho constitucional y afines al tema criticaron la determinación de la actual administración.

Rodrigo Fuentes

  Miércoles 17 de octubre 2018 17:14 hrs. 
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El Gobierno de Sebastián Piñera ha manifestado su oposición de acatar los compromisos adquiridos por el Estado en materia de matrimonio igualitario.

Unos de los puntos del acuerdo amistoso alcanzado por la ex mandataria Michelle Bachelet ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2016, consideraba acciones de promoción para impulsar la iniciativa, con miras a su aprobación en el Parlamento.

Sin embargo, la actual administración ha informado que no está obligada a sacar adelante el proyecto de ley que se mantiene en el Congreso.

¿Qué significa para la democracia chilena y la imagen internacional del país que el Gobierno desconozca los compromisos asumidos en el organismo?

Para la abogada y directora del Centro de Derechos Humanos de la facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Nancy Yáñez, la determinación afecta la evolución de la democracia chilena y vulnera el Estado de Derecho.

“Cuando el Estado de Chile se niega a asumir compromisos suscritos, lo que se genera es un impacto profundo en la democracia, porque la nación se suma a los países que quieren dar pie atrás a los avances alcanzados en la materia”, afirmó.

Para el académico del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Tomás Vial, la decisión tomada por el Gobierno debilita la posición del Estado ante las demás naciones, especialmente ante países desarrollados.

Según el jurista, la administración central pasa a ser menos confiable al momento de asumir nuevos compromisos no solo concernientes a la materia

Específicamente, sobre el anuncio acerca del matrimonio igualitario, Tomás Vial precisó que el Ejecutivo está dando una señal a los chilenos: los derechos humanos en el país no son tan importantes. Esto, -dijo- también afecta su credibilidad interna.

“Lo que se comprometió antes, un nuevo Gobierno no puede desdecirlo, eso es como disparase en el pie, ya que si el acuerdo no se cumple, lo más probable es que la CIDH lo tome como una infracción de la conversión y lleve el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La instancia internacional ya ha emitido su opinión consultiva a Costa Rica sobre matrimonio igualitario. El año pasado expresó que mantener el matrimonio solo entre hombres y mujeres está en contra del principio de no discriminación, en ese caso sería con toda seguridad fallado contra Chile”, argumentó.

matrimonio

Al respecto, el académico de la Universidad de Chile, Claudio Nash, indicó que no acatar acuerdos de este tipo es grave para la comunidad internacional, además de un problema serio sobre efectividad del cumplimiento de los derechos humanos en Chile.

“Incumplir un acuerdo internacional o ponerlo en duda significa un retroceso en la política general de Chile, no solo en materia de derechos humanos, sino que, en toda la posición del país ante la comunidad internacional, de ser respetado, porque es un país que acata los acuerdos. No hay que separar los temas, Chile, precisamente, en el caso con Bolivia, se presentó es como un Estado que cumple sus compromisos y espera que las otras naciones los cumplan. Bueno, esto es perfectamente aplicable en materia de derechos humanos”, aseveró.

Sobre el tema de matrimonio igualitario, el experto constitucionalista indicó que el Ejecutivo debe avanzar en materia de igualdad y no discriminación, ya que, precisó, hoy no existe argumento que justifique un trato discriminatorio de acceso a la institución social por orientación sexual.

Para el académico de nuestra casa de estudios, lo único que estaría justificando visiones contrarías son las creencias religiosas, sin embargo, para Claudio Nash, no pueden determinar políticas públicas y menos ejercicio de derechos.