450 millones de pesos sería el monto con que la Iglesia Católica chilena debiese indemnizar a las víctimas de abuso sexual por parte del ex sacerdote Fernando Karadima, según lo que habría fallado la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, aunque este lunes el presidente de la instancia, Miguel Vázquez, lo negó. Si bien la sentencia no está confirmada y aún quedaría la palabra de la Corte Suprema, la condena del Tribunal de Alzada abriría un camino que podría ser excesivamente complejo para la institución eclesiástica.
Bien lo saben en Estados Unidos, país en donde distintas diócesis se han declarado en bancarrota para evitar el pago de grandes sumatorias de dinero por concepto de indemnizaciones.
Situación similar ocurre en naciones como Irlanda o Australia, en donde personeros de la Iglesia Católica se han visto envueltos en numerosos casos de abuso sexual a menores y encubrimiento, drama global que tiene su propio capítulo en Chile.
Si, finalmente, la justicia decide el pago de 450 millones de pesos por parte de la institución eclesiástica a James Hamilton, José Andrés Murillo y Juan Carlos Cruz, se marcará un precedente que, a juicio del historiador y experto en la Iglesia Católica, Marcial Sánchez, será el punto de partida de diversos fallos que terminarán por convertirse en un gran problema para la entidad religiosa.
Esto, porque las condenas significarían millones de pesos, dinero que podría desbordar las arcas institucionales, tal y como ha pasado en Estados Unidos. Para Sánchez, la Iglesia está a la puerta de otro proceso complejo.
“En el caso chileno, hoy estamos frente a un caso que son 450 millones de pesos -que, en lo personal, considero que es bastante poco por todo lo que ha sufrido esta gente- pero si, efectivamente, se falla a favor de las víctimas, podría producirse que de aquí en adelante otros casos comiencen a fallarse de la misma forma, y la Iglesia Católica chilena, fundamentalmente los obispados y arzobispados que existen en este país, a la luz de estos casos tuviesen que hacerse cargos de cifras para indemnizar a las víctimas, y eso obviamente, va a ser un problema para la iglesia, pues estamos hablando de millones y millones de pesos”.
Además, para el también académico debe tenerse en cuenta que los aportes y donaciones a la institución han disminuido considerablemente desde que estalló la crisis, de la cual, aún se está muy lejos de salir.
Si bien se espera que la justicia se incline a favor de las víctimas, para Marcial Sánchez una reparación económica no es más que un remedio paliativo, pues el daño ya está hecho y no sanará en ninguna de las personas abusadas, ya sea en el caso Karadima, en el caso de los maristas, el de Valparaíso, y muchos otros que ya se están viendo en la justicia.
“¿Qué viene de ahora en adelante? son muchos los casos, tenemos el de los maristas, el de Valparaíso, tenemos causas civiles que ya están partiendo. Son varios los casos que hoy están entrando en el ámbito judicial y todos tienen esta situación de remediar algo al dolor de las víctimas, porque solamente es un remedio, pues una cantidad de dinero no resolverá la mitad de una vida en la que no has podido vivir tranquilo, porque estamos hablando abusos de menores, niños abusados por personeros de la Iglesia Católica, y eso no es presentable en ninguna parte”.
La teóloga y académica de la Universidad Católica, Claudia Leal, coincidió con Sánchez en el sentido de que luego de este fallo habrán más casos similares al futuro. Para ella, un hipotético fallo contra la Iglesia sería una oportunidad para que la institución revise su manera de proceder.
“Es evidente que si esta condena es positiva en términos de que la Iglesia tenga que indemnizar a las víctimas, habrán más casos en el futuro. Por otra parte, esto representa un primer paso y una invitación a la Iglesia Católica para transitar desde la responsabilidad individual a la responsabilidad institucional. Es muy importante lo que puede significar esta sentencia”.
Si, efectivamente, los fallos se sucedieran uno con otro, y pasara lo que ya ha pasado en diócesis de Estados Unidos de declararse en quiebra, la teóloga afirmó que es preferible esa situación que la actual, pues prefiere una Iglesia pobre y coherente que aquella que no escucha a las víctimas.
“Yo prefiero una Iglesia humillada y pobre, pero que sin embargo sea coherente con su discurso de escucha a las víctimas y con su compromiso de respetar siempre y sin condiciones la dignidad de las personas”.
Este lunes, el abogado de las víctimas, Juan Pablo Hermosilla, se reunió con el presidente de la Octava Sala del Tribunal de Alzada, Miguel Vázquez, para pedir que el fallo se entregue lo antes posible.