Diario y Radio U Chile

Año X, 18 de noviembre de 2018

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Convivencia escolar y participación, el camino para las aulas seguras

El proyecto de ley Aula Segura ha abierto el debate sobre la necesidad del desarrollo de un marco de convivencia escolar. Desde el Colegio de Profesores y la academia se ha criticado la iniciativa gubernamental por carecer de una reflexión de fondo sobre las necesidades de una trasformación del sistema educativo chileno.

Francisco Velásquez

  Domingo 28 de octubre 2018 14:36 hrs. 
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La Escuela Andalien de Colina tiene 52 años de funcionamiento y según Gamalier Durán, jefe técnico pedagógico del establecimiento, se caracterizó en más de la mitad de su vida institucional por ser la última o penúltima dentro de la comuna en términos de resultados en pruebas estandarizadas.

En los últimos 14 años se ha trabajado en el desarrollo de diferentes estrategias para modificar la convivencia escolar, el punto central para re direccionar los esfuerzos en términos pedagógicos, esto porque no solo se preocuparon de hacer de los alumnos productores de indicadores, sino que han procurado que la afectividad sea la clave del progreso.

“A nuestra escuela le decían la “base aérea” y tenía el estigma de ser la que recibía a los niños que echaban de todas partes, en general por conducta. Nosotros nos centramos en generar un compromiso con los profesores y con los estudiantes y de esa forma estructuramos nuestros planes de convivencia escolar”, relató el jefe técnico pedagógico.

Katherine Ormazábal es profesora de cuarto básico y explica que el problema no tiene que ver con cómo se sanciona a los estudiantes, sino que “cómo se están llevando los manuales de convivencia dentro de un colegio, cómo se está reglamentando en el colegio, qué ayuda tienen los niños fuera del profesor, porque a veces el único apoyo que tiene el profesor es el director, pero frente a algún problema dentro de la sala de clases ni siquiera el director puede defender al profesor, porque la Superintendencia de Educación llega con todo el peso de la ley y aunque al profesor lo hayan zamarreado, lo hayan basureado, el niño siempre es protegido”.

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Katherine Ormazábal es profesora de cuarto básico Escuela Andalien de Colina

Incluso la pedagoga advirtió que el único apoyo con que cuentan los docentes son sus compañeros de trabajo. “Nuestra red somos nosotros como profesores y si tenemos un mal día, la posibilidad es irnos donde nuestros colegas y desahogarnos, esa es nuestra red de apoyo y cuando tenemos algún problema, con dirección, pero cuando hay casos de violencia, en donde la violencia se ejerce por parte del alumno hacia el profesor, el profesor jamás va a ser la víctima, el profesor nunca va recibir ayuda psicológica”.

Inmersos en dicha realidad, los docentes normalizan la desprotección en la que viven, incluso el jefe técnico pedagógico nos comenta que muchos de los nuevos profesores que llegan al establecimiento terminan la primera semana llorando e incluso es ese periodo la prueba de fuego y que son muchos los que no la pasan.

“Para este tipo de escuela no sirve cualquier profesor, hay que tener un perfil bastante especial para estar acá y acoger a los niños, porque tú no eres un profesional que viene pasa tu materia y te vas, tú conoces más allá la situación, conoces a la familia, conoces lo que pasa, conoces varias situaciones. A los profesores no los preparan para una realidad de este tipo”.

Incluso Gamalier Durán, planteó que “los estudiantes que no acatan las normas del colegio son acompañados en un proceso de dos años donde se trabaja con una dupla psicosocial, orientadora, apoderados e incluso con apoyos externos si es necesario, si la situación no se modifica el niño es reubicado en otro establecimiento”.

Por lo mismo, Maritza Chapas, profesora de tercero básico cree que “si tu creas el lazo con los chiquillos como persona, ellos se comprometen en el aprendizaje y va todo de la mano. Es por eso que en el manual de convivencia del colegio participan los niños, participamos nosotros y los apoderados, porque lo que hay que comprender es qué quiere el apoderado para el colegio, qué queremos nosotros como colegio y qué esperan los niños para su colegio. Entonces así los problemas van saliendo y vamos viendo qué es lo que nos está faltando, por eso todos los años hay que estar complementándolo y rehaciendolo, porque cada vez van saliendo cosas diferentes”.

Proyecto aula segura es una cortina de Humo

El proyecto aula segura, impulsado por el gobierno de Sebastián Piñera, ha sido ampliamente criticado por dar atribuciones a los directores de expulsar de forma directa a estudiantes de establecimientos educacionales. La comisión de Educación del Senado desmanteló el proyecto e incluso le cambió el nombre por el de Aula Democrática y Convivencia Segura.

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Maritza Chapas, profesora de tercero básico Escuela Andalien

Un foco que, sin duda, tiene relación con las críticas que han surgido durante el último mes de discusión en el colegio de profesores.  Y es que este proyecto ha sido catalogado por el magisterio como una cortina de humo que solo intenta desviar la atención de la profundidad del problema con que hoy se enfrenta el sistema educativo chileno.

La educación de mercado para Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, es la raíz del problema. La clientelización en la forma de relacionarse entre los actores de la comunidad educativa, según el representante gremial, es la base del problema.

“La convivencia escolar está muy deteriorada, el ambiente escolar en los últimos diez años ha ido en un progresivo deterioro. Ha aumentado la violencia y la tensión en las relaciones entre los distintos miembros de la comunidad y yo creo que la explicación de eso es multifactorial. Para mí el principal problema es esta relación servicio – cliente que se instaló en el sistema educacional chileno, con esta lógica de mercado, de productividad, en donde se fue mutando desde el concepto de comunidad escolar a una simple relación de una institución que presta un servicio educacional donde apoderados y estudiantes son clientes y el profesor y la escuela es un prestador de ese servicio”.

La estandarización de pruebas como el Simce y la PSU, además de ser una forma de categorizar a las escuelas y segregar a los establecimientos, se ha transformado en el motor de la educación de mercado, ya que estos indicadores hoy influyen no solo en que un colegio pueda o no seguir funcionando, sino que, en su imagen, poniendo en tensión la forma de trabajo de los profesores y el nivel de exigencia que se le impone a los estudiantes.

El representante del gremio, Mario Aguilar, abordó la importancia de re-comprender el concepto de comunidad educativa, que es la base para el desarrollo de la convivencia escolar. “Se tiene que avanzar hacia una escuela mucho más democrática, porque cuando usted tiene este concepto empresarial, este concepto de prestación de servicio, entonces la relación es prestador de servicio – cliente no hay un involucramiento de los otros actores, no hay un concepto de comunidad. Las reuniones de apoderados en vez de ser una instancia donde dialogan miembros de la comunidad se convierte en una mera cuestión informativa del prestador de servicio al cliente. Esta escuela competitiva que tiene que competir por resultados en las pruebas estandarizadas han reducido la educación más que a educar es un adiestramiento, todo depende de las pruebas estandarizadas, depende el futuro del colegio, su prestigio, su sobrevivencia, el sueldo de los docentes, depende la posibilidad de tener o no matrícula suficiente para financiarse. Se tiene un sistema que es salvajemente competitivo en vez de colaborativo”.

Los estudiantes pasan cerca de ocho horas del día en los establecimientos educacionales, lo que significa que los profesores no solo deben atender los requerimientos formativos para cumplir curricularmente, sino que además deben hacerse cargo de los conflictos psico-sociales emergentes en el aula, por lo mismo, es que la afectividad juega un rol preponderante en el desarrollo de los niños y jóvenes.

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Gamalier Duran, Jefe de la Unidad Tecnico Pedagógica de la Escuela Andalien

El presidente del Colegio de Profesores, explicó que una de las prácticas que es urgente cambiar es la forma en que los establecimientos se hacen cargo del desarrollo psico-social y afectivo de los niños y jóvenes, puesto que la comunidad educativa es el espacio donde pasan la mayor cantidad de tiempo del día.

“El profesor es un productor de rendimiento en pruebas estandarizadas y además de no tener tiempo para preocuparse por los aspectos afectivos sociales de los estudiantes,  el sistema no valora aquello. Un profesor que dedica tiempo a estos otros aspectos es muy probable que le digan: ya po profesor, si lo que necesitamos es que su curso rinda en las pruebas no necesitamos que usted ande tan preocupado del equilibrio emocional de los niños, necesitamos que rinda, esa es la señal que el sistema manda a los docentes”.

Una forma de mitigar los problemas de convivencia escolar, además de generar un buen proyecto anual según las particularidades de la escuela, es a través del financiamiento disponible en la Subvención Escolar Preferencial, sin embargo, a marzo de 2017 se han reportado en la región Metropolitana 134 mil millones de pesos rendidos, pero no ejecutados. Cifra que se ha triplicado desde 2013 cuando el monto ascendía a 53 mil millones.

La plata destinada a la Subvención Escolar Preferencial tiene como objetivo aportar con insumos para la implementación de aulas, contratación de profesionales que apoyen la labor docente, desarrollo de actividades con los estudiantes como visitas a museos, conciertos, entre otras actividades que aporten en su formación escolar, así como también en la mejora constante de los proyectos educativos de las escuelas.

Es por esto que Mario Aguilar criticó el que estos fondos no sean utilizados y que se esté pensando en que la solución a los problemas de convivencia pase por imponer cada vez más reglas punitivas para los escolares.

“Las platas SEP podrían ser una fuente de recursos muy importante para efectos de mejorar la convivencia escolar, contratar psicólogos, profesionales y equipos multidisciplinarios para tratar a los alumnos complicados, por ejemplo, para contratar médicos psiquiatras, porque hay casos que podrían requerir incluso atención de ese tipo, pero no se gastan las platas, las platas SEP no se gastan en Chile por completa ineficiencia del sistema”, recalcó el líder de los profesores.

La ley del Charchazo

El proyecto de ley aula segura, además de ampliar la separación que existe entre quienes creen en la participación y los que buscan la resolución de conflictos a través de la sanción punitiva, es un momento para reflexionar sobre la autoridad y cómo se ejerce en el aula.

La toma de decisiones dentro de las escuelas es también un punto de inflexión en la manera en que se ejerce la autoridad. Según el sociólogo de la Universidad de Chile, Claudio Duarte, la forma vertical con que se abordan las discusiones dentro de las escuelas es una consecuencia del modelo autoritario que tiene el sistema educativo nacional.

“Estas normas lo que hacen es reproducir lógicas de poder en el espacio laboral de los docentes que no les permite a ellos plantear una perspectiva distinta. Nosotros hemos hecho observación de consejos de profesores y vemos que de repente hay profesores que se dan la posibilidad de discutir al directivo o al sostenedor algunas de las decisiones que se están tomando, el directivo o el sostenedor vuelve a imponer el argumento que está planteando como que no hubiera escuchado lo que se le está diciendo y eso queda como norma. Vale decir, en el mundo adulto de los establecimientos educacionales no existe la posibilidad para los docentes de discutir, de hacerse parte de la toma de decisiones, porque están en una estructura vertical y ellos reproducen esa práctica en el aula con sus estudiantes en el patio en las distintas instancias y la reproducen con los apoderados”.

El experto en juventudes planteó que no solo basta con normar la participación de los diferentes actores de la comunidad educativa, sino que lo que se necesita es formar para participar, ya que esta fórmula podría generar nuevas maneras de comprender la autoridad.

“No basta con normar la participación, ahora hay que formar para participar, nosotros decimos hay que generar las condiciones para la participación, por lo tanto, los actores, estudiantes, apoderados, tenemos que aprender a participar en espacios educativos. Yo preferiría más que una ley de aula segura, ley del charchazo, una ley preocupada por cómo promover la participación de los actores en el espacio educativo, yo te aseguro que si eso se diera y se abriera el espacio donde se promoviera la participación como parte de la gestión pedagógica de cada establecimiento escolar y de la gestión educativa de la ley chilena de educación, tendríamos comunidades resolviendo estos problemas y no jóvenes creyendo que a través del uso de la violencia se resuelven los problemas”.

El sociólogo explicó de qué forma la participación se transforma en una nueva forma de comprender la autoridad y desde este punto abordó la manera por la que la sociedad debe desaprender las formas que la atan a una relación en la que unos son patrones y otros subordinados.

“Eso es lo que tenemos que desaprender en la sociedad chilena y en ese sentido, en el colegio, tender a romper esta jerarquía. Romper esta asimetría no significa perder la autoridad, hay un concepto que se llama autoridad pedagógica, pero esta se construye en la relación democrática, yo soy el profesor, tu eres el estudiante. Yo tengo unos roles, entonces cómo lo hacemos para tener una equivalencia de roles, es decir, vale tanto lo que tú haces como estudiante y como profesor, entonces en esa equivalencia construimos acuerdos de convivencia y eso me otorga a mí la autoridad, pero también le otorga autoridad al estudiante, si la autoridad no siempre es vertical, la autoridad es el modo de relacionarnos. Nosotros somos autores de lo que hacemos y eso es autoridad, ser autor yo me hago responsable entonces si yo quiero estudiantes que ejerzan autoridad lo que necesito formar son estudiantes que sean responsables de lo que hacen”.

La discusión sobre el proyecto Aula Segura no es más que una arista de un debate sobre el sistema educativo que existe en nuestra sociedad. El fondo de la discusión pasa por re-comprender la forma de relacionarse entre los actores de la comunidad educativa, la generación de políticas públicas situadas en el contexto educativo y por escuchar la voz de quienes hoy se encuentra involucrados en este modelo y no perseguir a los movimientos que buscan la trasformación.