El Consejo Directivo de la cátedra Racismos y Migraciones Contemporáneas, perteneciente a la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, indicó que nuestro país ha abierto las puertas a la inmigración y que, por lo tanto, sus políticas migratorias deben tener como premisas éticas la inclusión, el goce de derechos y la construcción de una sociedad democrática.
Dicha premisa no se cumpliría en acciones como el Plan de Retorno Humanitario al país de origen, por lo que desde la cátedra se declaró que “el uso del calificativo de ‘humanitario’ en dicho plan confunde a la población, lo que se ve reforzado por los medios de comunicación que enfatizan que estas medidas se habrían adoptado para acoger una solicitud de la propia comunidad haitiana en nuestro país”.
La académica de la Facultad de Derecho, Liliana Galdámez, miembro del Comité Académico de la cátedra, indicó que no se puede calificar de esta forma dicho plan si no se garantiza una buena situación para los migrantes que se van de Chile. “Este es un plan que está dirigido principalmente a personas que provienen de Haití, entonces la palabra humanitario, la palabra humanidad, no se comprende si las condiciones que ellos van a tener en sus países de origen van a ser mucho más desfavorables que las que tienen en Chile”, explicó.
Según señalaron en la declaración, la iniciativa “es una forma de deportación discriminatoria”, distante de consideraciones humanitarias, pues no solo se devuelve personas a uno de los países más empobrecidos de la región, sino que además se les prohíbe arbitrariamente su regreso durante nueve años.
Los docentes pertenecientes a la cátedra también expresaron que “las medidas que está impulsando el gobierno en materia de migraciones están institucionalizando las condiciones para que un segmento de la población residente en Chile acceda de manera restringida a los derechos sociales, políticos y civiles”.
Liliana Galdámez dijo que los desarrollos normativos de Chile para la cuestión migratoria “están muy retrasados, por ejemplo, la ley que reforma el sistema de migraciones ha tenido una larga y dilatada tramitación en el Congreso. Sin embargo, todo lo que se refiere a la vigencia inmediata de las visas, a los límites, a las residencias de las personas que no tengan una situación regular en el país, esas son de vigencia inmediata”.
La académica agregó que “hay preocupación de controlar las fronteras, pero no hay una preocupación equivalente de garantizar derechos sociales”.
El Consejo Directivo hizo un llamado a que diversas organizaciones sociales de trabajadores, estudiantes, docentes, defensores de los derechos humanos, y cualquier actor con vocación democrática que trabaje por la construcción de una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria, puedan sumarse a trabajar con las comunidades migrantes y pro migrantes para la defensa ante esta política que “está resquebrajando los principios democráticos fundamentales a los que debe aspirar la sociedad chilena”.
El Consejo Directivo de la cátedra Racismos y Migraciones Contemporáneas, perteneciente a la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, indicó que nuestro país ha abierto las puertas a la inmigración y que, por lo tanto, sus políticas migratorias deben tener como premisas éticas la inclusión, el goce de derechos y la construcción de una sociedad democrática.
Dicha premisa no se cumpliría en acciones como el Plan de Retorno Humanitario al país de origen, por lo que desde la cátedra se declaró que “el uso del calificativo de ‘humanitario’ en dicho plan confunde a la población, lo que se ve reforzado por los medios de comunicación que enfatizan que estas medidas se habrían adoptado para acoger una solicitud de la propia comunidad haitiana en nuestro país”.
La académica de la Facultad de Derecho, Liliana Galdámez, miembro del Comité Académico de la cátedra, indicó que no se puede calificar de esta forma dicho plan si no se garantiza una buena situación para los migrantes que se van de Chile. “Este es un plan que está dirigido principalmente a personas que provienen de Haití, entonces la palabra humanitario, la palabra humanidad, no se comprende si las condiciones que ellos van a tener en sus países de origen van a ser mucho más desfavorables que las que tienen en Chile”, explicó.
Según señalaron en la declaración, la iniciativa “es una forma de deportación discriminatoria”, distante de consideraciones humanitarias, pues no solo se devuelve personas a uno de los países más empobrecidos de la región, sino que además se les prohíbe arbitrariamente su regreso durante nueve años.
Los docentes pertenecientes a la cátedra también expresaron que “las medidas que está impulsando el gobierno en materia de migraciones están institucionalizando las condiciones para que un segmento de la población residente en Chile acceda de manera restringida a los derechos sociales, políticos y civiles”.
Liliana Galdámez dijo que los desarrollos normativos de Chile para la cuestión migratoria “están muy retrasados, por ejemplo, la ley que reforma el sistema de migraciones ha tenido una larga y dilatada tramitación en el Congreso. Sin embargo, todo lo que se refiere a la vigencia inmediata de las visas, a los límites, a las residencias de las personas que no tengan una situación regular en el país, esas son de vigencia inmediata”.
La académica agregó que “hay preocupación de controlar las fronteras, pero no hay una preocupación equivalente de garantizar derechos sociales”.
El Consejo Directivo hizo un llamado a que diversas organizaciones sociales de trabajadores, estudiantes, docentes, defensores de los derechos humanos, y cualquier actor con vocación democrática que trabaje por la construcción de una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria, puedan sumarse a trabajar con las comunidades migrantes y pro migrantes para la defensa ante esta política que “está resquebrajando los principios democráticos fundamentales a los que debe aspirar la sociedad chilena”.
El Consejo Directivo de la cátedra Racismos y Migraciones Contemporáneas, perteneciente a la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, indicó que nuestro país ha abierto las puertas a la inmigración y que, por lo tanto, sus políticas migratorias deben tener como premisas éticas la inclusión, el goce de derechos y la construcción de una sociedad democrática.
Dicha premisa no se cumpliría en acciones como el Plan de Retorno Humanitario al país de origen, por lo que desde la cátedra se declaró que “el uso del calificativo de ‘humanitario’ en dicho plan confunde a la población, lo que se ve reforzado por los medios de comunicación que enfatizan que estas medidas se habrían adoptado para acoger una solicitud de la propia comunidad haitiana en nuestro país”.
La académica de la Facultad de Derecho, Liliana Galdámez, miembro del Comité Académico de la cátedra, indicó que no se puede calificar de esta forma dicho plan si no se garantiza una buena situación para los migrantes que se van de Chile. “Este es un plan que está dirigido principalmente a personas que provienen de Haití, entonces la palabra humanitario, la palabra humanidad, no se comprende si las condiciones que ellos van a tener en sus países de origen van a ser mucho más desfavorables que las que tienen en Chile”, explicó.
Según señalaron en la declaración, la iniciativa “es una forma de deportación discriminatoria”, distante de consideraciones humanitarias, pues no solo se devuelve personas a uno de los países más empobrecidos de la región, sino que además se les prohíbe arbitrariamente su regreso durante nueve años.
Los docentes pertenecientes a la cátedra también expresaron que “las medidas que está impulsando el gobierno en materia de migraciones están institucionalizando las condiciones para que un segmento de la población residente en Chile acceda de manera restringida a los derechos sociales, políticos y civiles”.
Liliana Galdámez dijo que los desarrollos normativos de Chile para la cuestión migratoria “están muy retrasados, por ejemplo, la ley que reforma el sistema de migraciones ha tenido una larga y dilatada tramitación en el Congreso. Sin embargo, todo lo que se refiere a la vigencia inmediata de las visas, a los límites, a las residencias de las personas que no tengan una situación regular en el país, esas son de vigencia inmediata”.
La académica agregó que “hay preocupación de controlar las fronteras, pero no hay una preocupación equivalente de garantizar derechos sociales”.
El Consejo Directivo hizo un llamado a que diversas organizaciones sociales de trabajadores, estudiantes, docentes, defensores de los derechos humanos, y cualquier actor con vocación democrática que trabaje por la construcción de una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria, puedan sumarse a trabajar con las comunidades migrantes y pro migrantes para la defensa ante esta política que “está resquebrajando los principios democráticos fundamentales a los que debe aspirar la sociedad chilena”.
