La Cátedra de Derechos Humanos, la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas, la Cátedra Indígena y la Oficina de Equidad e Inclusión de la Universidad de Chile cuestionaron el fallecimiento del comunero mapuche Camilo Catrillanca.

“El asesinato de Camilo Catrillanca no es un hecho aislado ni fortuito ni de connotaciones delictuales, como se ha querido plantear, sino que es la materialización de una decisión política tomada por la autoridad civil de militarizar la actuación policial en territorio mapuche”, plantearon a través de un comunicado.

Según explica una declaración emitida por los departamentos, “esta ha sido una política implementada por las autoridades gubernamentales desde hace años y que el actual Gobierno ha profundizado al tomar la desafortunada decisión de crear una unidad especializada en Carabineros con entrenamiento militar en Colombia (“Comando Jungla”)”.

La creación y actuación de este grupo policial militarizado, entrenado “bajo parámetros de un conflicto armado, como el colombiano, desvirtúa su actuar en un Estado de Derecho y genera situaciones de riesgo desproporcionado para la vida e integridad de las personas y, particularmente, para los miembros de comunidades mapuche que han sido sistemáticamente violentadas y estigmatizadas, como ocurre con la comunidad Temocuicui a la que pertenecía Camilo Catrillanca”, destacaron.

Junto con hacer un llamado a hacer una investigación ajustada al Estado de Derecho, y con perspectiva de derechos humanos, además de exigir las sanciones pertinentes y que “el Estado de Chile debe reparar a la familia y a la comunidad de la cual la víctima era parte”, la Cátedra de Derechos Humanos, la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas, la Cátedra Indígena, y la Oficina de Equidad e Inclusión de la U. de Chile llamaron a contemplar que “también hay responsabilidades de tipo político que deben asumir quienes han tomado la decisión de militarizar la respuesta policial en el marco de las legítimas reivindicaciones del pueblo mapuche”.

“Un hecho de esta gravedad no puede quedar impune ni quedar limitado a las responsabilidades del personal policial que participó en los hechos que terminaron con el asesinato de Camilo Catrillanca, sino que se deben asumir las consecuencias políticas de la militarización del territorio mapuche”, concluyeron, dado que esto “es un imperativo mínimo para restablecer la legitimidad de la respuesta estatal en la zona y erradicar la violencia y discriminación étnica de que es víctima el pueblo mapuche”, concluyeron.