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Año XI, 20 de agosto de 2019

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Aborto en tres causales: por qué el PS pide inhabilidad de tres ministros del TC

La banca socialista acusó conflicto de interés de los ministros Juan José Romero, Pía Silva Gallinato y Miguel Ángel Fernández, quienes, eventualmente, deberán decidir sobre la constitucionalidad del reglamento por objeción de conciencia institucional, a raíz de la presentación de Chile Vamos que busca declarar ilegal la norma.

Rodrigo Fuentes

  Lunes 26 de noviembre 2018 18:28 hrs. 
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La bancada de diputados del Partido Socialista ingresó este lunes un oficio de requerimiento al Tribunal Constitucional (TC), solicitando la inhabilidad de tres ministros que integran dicho organismo en la discusión del protocolo de objeción de conciencia en la Ley de Aborto tres causales.

Recordemos que la semana pasada, el TC acogió a trámite dos acciones presentadas por parlamentarios de Chile Vamos para que se declare ilegal el protocolo de objeción institucional, que impide a estos establecimientos de salud recibir subsidios del Estado.

El jefe de la bancada de diputados PS, Juan Luis Castro, precisó que la acción busca que tres integrantes no puedan participar en la decisión por tener vínculos con uno de los establecimientos que ha manifestado su negativa para atender a mujeres afectadas bajo las tres causales.

“La ministra Pía Silva Gallinato, los ministros Miguel Ángel Fernández y Juan José Romero, según una publicación del sitio web de la propia Pontificia Universidad Católica de Chile, son docentes de dicha universidad, por lo tanto, tienen un vínculo de incumbencia con quien, precisamente, es la entidad que ha sido requirente e impugnadora del reglamento de aborto en tres causales”, afirmó.

Al respecto, la diputada socialista Daniella Cicardini, agregó que el escrito no tiene como objetivo ir contra los integrantes del Tribunal Constitucional, sino que en beneficio de las mujeres que requieren prestaciones basada en las tres causales.

La legisladora recordó la voluntad democrática que desde el Parlamento ratificó este derecho.

“La UDI ha puesto en una posición bastante incómoda a los miembros del Tribunal Constitucional, porque uno puede entender que, efectivamente, ellos puedan tener un pensamiento personal, también como académicos de la Universidad Católica, pero hoy día uno esperaría que actúen en consecuencia, con altura de miras por su cargo, pero también con una mirada ética”, argumentó.

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El diputado de dicha colectividad, Leonardo Soto, agregó que el ministro del TC, Miguel Ángel Fernández, además de docente de la Pontificia Universidad Católica, en su calidad de abogado ha patrocinado requerimientos de al menos cinco senadores de Chile Vamos en el mismo organismo jurisdiccional, que busca derogar el actual reglamento de interrupción terapéutica del embarazo.

“Es mínimo exigir que un tribunal, independiente, autónomo, que no tenga ningún sesgo, es el que tenga que resolver este asunto. Ellos trabajan y reciben sueldo de la Universidad Católica, que es la entidad que se vería favorecida si es que prospera el requerimiento que hizo la derecha. Además, uno de ellos, cuando fue abogado particular, antes de ser ministro, patrocinó una causa similar en este mismo Tribunal Constitucional, representando a senadores de derecha, buscando el mismo objetivo que persiguen hoy día”, subrayó.

Destacar que los centros de salud que han formalizado su objeción de conciencia institucional son, además del Hospital Clínico de la Red UC Christus, la Universidad de los Andes, Clínica Indisa, Parroquial de San Bernardo, de Panguipulli, Clínica Alemana de Osorno y similar institución privada de Puerto Varas.

En concreto, los parlamentarios oficialistas consideran que el retiro de la subvención estatal para aquellos recintos asistenciales que se acojan a la objeción de conciencia, contraviene lo establecido por la Constitución.

En la presentación del viernes pasado, el jefe de la bancada de la UDI, Javier Macaya, señalo que “esto no se trata de un aspecto puramente valórico sobre el aborto, se trata de una cuestión más importante y que tiene que ver con la sociedad civil como prestadores públicos”.