Diputado Leonardo Soto: “El TC permite a la derecha utilizarlo como tercera Cámara”
El parlamentario socialista se refirió al requerimiento que su bancada presentó ante el Tribunal Constitucional para inhabilitar a tres de los ministros que deberán revisar el protocolo de las tres causales a petición de Chile Vamos.
Martes 27 de noviembre 2018 16:49 hrs.
El pasado 19 de noviembre, parlamentarios oficialistas ingresaron al Tribunal Constitucional (TC) un requerimiento que busca impugnar el protocolo de objeción de conciencia en la Ley de Aborto en Tres Causales.
Una semana después, el 26 de noviembre, fue el Partido Socialista (PS) quien recurrió a la instancia: sus diputados presentaron un requerimiento para inhabilitar a tres de los ministros que deberán revisar el protocolo de las tres causales a petición de Chile Vamos.
Se trata de Pía Silva, Miguel Angel Fernández y Juan José Romero. Según el PS, ellos no podrían votar por tener una postura pública en contra de la ley y por ser docentes de la Universidad Católica, institución que se opone a la implementación de la normativa, pues alega objeción de conciencia.
En entrevista con nuestro programa Radioanálisis, el diputado PS Leonardo Soto, sostuvo que la derecha está utilizando el TC como otro poder legislativo, ya que ni Chile Vamos ni algunos ministros del TC aceptan las reglas de la democracia.
“Chile ya decidió, pero hay un conjunto de parlamentarios que no se resigna a que la democracia resuelva estas cosas, y prefiere llevar estos asuntos a un tribunal que como tribunal tiene solamente el nombre, porque, lamentablemente, el Tribunal Constitucional es un tribunal que se ha desvirtuado en su génesis, en su concepción original. Hoy aparece como un tribunal que tiene un sesgo ideológico, y le permite a la derecha utilizarlo como tercera Cámara, buscando que en ese tribunal se anulen decisiones que adopta un órgano democrático como lo es el Congreso de Chile”.
El parlamentario también criticó el actuar de la Universidad Católica, pues, a su juicio, una institución que recibe dineros públicos –como es el caso- debe atenerse a las políticas públicas.
“Nos parece que el que recibe fondos públicos tiene que cumplir con las políticas públicas, y lo que quiere hacer la Universidad Católica a través de estos parlamentarios es negarse a prestar este servicio por razones puramente ideológicas, que están llenas de contradicciones, pero son las que ellos invocan. Nosotros consideramos que si cualquier servicio de salud hiciera lo que quisiera con los recursos públicos, estaríamos en el peor de los mundos, y eso, no se puede permitir”.
En ese sentido, inhabilitar a los tres docentes de la Universidad Católica, a juicio de Soto, haría “algo” de justicia en un tribunal que está severamente cuestionado por la opinión pública.
La corrupción de uniformados no es de ahora
Leonardo Soto, quien preside Comisión Especial Investigadora de los actos de la administración del Estado en relación a la operación de mutuales vinculadas a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, también se refirió a la situación de las instituciones uniformadas luego de la filtración del audio en que el Comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, reconoce que miembros de la institución venden armas al narcotráfico.
Al respecto, el parlamentario socialista reconoció no estar sorprendido con la revelación de Martínez, pues en las investigaciones en que ha participado ha podido corroborar que uniformados, tanto de las Fuerzas Armadas como de Carabineros, han estado, al menos los últimos años, involucrados con el tráfico de armamento.
“Si bien son impactantes, no me sorprenden. A mí me ha tocado liderar varias iniciativas de fiscalización hacia las Fuerzas Armadas y Carabineros hace, por lo menos, dos años, y he visto esta participación de uniformados en tráfico de armas, incluso, en arriendo de armas también habíamos visto el año pasado en Carabineros de Chile. Son situaciones donde conviven redes de corrupción que lamentablemente aún están funcionando activamente al interior de las fuerzas armadas y policiales”.
En ese sentido, Soto dijo que la actual situación de corrupción de las Fuerzas Armadas y de Orden Público no es algo aislado y que, por el contrario, es el reflejo de una crisis profunda que se arrastra del modelo impuesto por la dictadura.
El pasado 19 de noviembre, parlamentarios oficialistas ingresaron al Tribunal Constitucional (TC) un requerimiento que busca impugnar el protocolo de objeción de conciencia en la Ley de Aborto en Tres Causales.
Una semana después, el 26 de noviembre, fue el Partido Socialista (PS) quien recurrió a la instancia: sus diputados presentaron un requerimiento para inhabilitar a tres de los ministros que deberán revisar el protocolo de las tres causales a petición de Chile Vamos.
Se trata de Pía Silva, Miguel Angel Fernández y Juan José Romero. Según el PS, ellos no podrían votar por tener una postura pública en contra de la ley y por ser docentes de la Universidad Católica, institución que se opone a la implementación de la normativa, pues alega objeción de conciencia.
En entrevista con nuestro programa Radioanálisis, el diputado PS Leonardo Soto, sostuvo que la derecha está utilizando el TC como otro poder legislativo, ya que ni Chile Vamos ni algunos ministros del TC aceptan las reglas de la democracia.
“Chile ya decidió, pero hay un conjunto de parlamentarios que no se resigna a que la democracia resuelva estas cosas, y prefiere llevar estos asuntos a un tribunal que como tribunal tiene solamente el nombre, porque, lamentablemente, el Tribunal Constitucional es un tribunal que se ha desvirtuado en su génesis, en su concepción original. Hoy aparece como un tribunal que tiene un sesgo ideológico, y le permite a la derecha utilizarlo como tercera Cámara, buscando que en ese tribunal se anulen decisiones que adopta un órgano democrático como lo es el Congreso de Chile”.
El parlamentario también criticó el actuar de la Universidad Católica, pues, a su juicio, una institución que recibe dineros públicos –como es el caso- debe atenerse a las políticas públicas.
“Nos parece que el que recibe fondos públicos tiene que cumplir con las políticas públicas, y lo que quiere hacer la Universidad Católica a través de estos parlamentarios es negarse a prestar este servicio por razones puramente ideológicas, que están llenas de contradicciones, pero son las que ellos invocan. Nosotros consideramos que si cualquier servicio de salud hiciera lo que quisiera con los recursos públicos, estaríamos en el peor de los mundos, y eso, no se puede permitir”.
En ese sentido, inhabilitar a los tres docentes de la Universidad Católica, a juicio de Soto, haría “algo” de justicia en un tribunal que está severamente cuestionado por la opinión pública.
La corrupción de uniformados no es de ahora
Leonardo Soto, quien preside Comisión Especial Investigadora de los actos de la administración del Estado en relación a la operación de mutuales vinculadas a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, también se refirió a la situación de las instituciones uniformadas luego de la filtración del audio en que el Comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, reconoce que miembros de la institución venden armas al narcotráfico.
Al respecto, el parlamentario socialista reconoció no estar sorprendido con la revelación de Martínez, pues en las investigaciones en que ha participado ha podido corroborar que uniformados, tanto de las Fuerzas Armadas como de Carabineros, han estado, al menos los últimos años, involucrados con el tráfico de armamento.
“Si bien son impactantes, no me sorprenden. A mí me ha tocado liderar varias iniciativas de fiscalización hacia las Fuerzas Armadas y Carabineros hace, por lo menos, dos años, y he visto esta participación de uniformados en tráfico de armas, incluso, en arriendo de armas también habíamos visto el año pasado en Carabineros de Chile. Son situaciones donde conviven redes de corrupción que lamentablemente aún están funcionando activamente al interior de las fuerzas armadas y policiales”.
En ese sentido, Soto dijo que la actual situación de corrupción de las Fuerzas Armadas y de Orden Público no es algo aislado y que, por el contrario, es el reflejo de una crisis profunda que se arrastra del modelo impuesto por la dictadura.
El pasado 19 de noviembre, parlamentarios oficialistas ingresaron al Tribunal Constitucional (TC) un requerimiento que busca impugnar el protocolo de objeción de conciencia en la Ley de Aborto en Tres Causales.
Una semana después, el 26 de noviembre, fue el Partido Socialista (PS) quien recurrió a la instancia: sus diputados presentaron un requerimiento para inhabilitar a tres de los ministros que deberán revisar el protocolo de las tres causales a petición de Chile Vamos.
Se trata de Pía Silva, Miguel Angel Fernández y Juan José Romero. Según el PS, ellos no podrían votar por tener una postura pública en contra de la ley y por ser docentes de la Universidad Católica, institución que se opone a la implementación de la normativa, pues alega objeción de conciencia.
En entrevista con nuestro programa Radioanálisis, el diputado PS Leonardo Soto, sostuvo que la derecha está utilizando el TC como otro poder legislativo, ya que ni Chile Vamos ni algunos ministros del TC aceptan las reglas de la democracia.
“Chile ya decidió, pero hay un conjunto de parlamentarios que no se resigna a que la democracia resuelva estas cosas, y prefiere llevar estos asuntos a un tribunal que como tribunal tiene solamente el nombre, porque, lamentablemente, el Tribunal Constitucional es un tribunal que se ha desvirtuado en su génesis, en su concepción original. Hoy aparece como un tribunal que tiene un sesgo ideológico, y le permite a la derecha utilizarlo como tercera Cámara, buscando que en ese tribunal se anulen decisiones que adopta un órgano democrático como lo es el Congreso de Chile”.
El parlamentario también criticó el actuar de la Universidad Católica, pues, a su juicio, una institución que recibe dineros públicos –como es el caso- debe atenerse a las políticas públicas.
“Nos parece que el que recibe fondos públicos tiene que cumplir con las políticas públicas, y lo que quiere hacer la Universidad Católica a través de estos parlamentarios es negarse a prestar este servicio por razones puramente ideológicas, que están llenas de contradicciones, pero son las que ellos invocan. Nosotros consideramos que si cualquier servicio de salud hiciera lo que quisiera con los recursos públicos, estaríamos en el peor de los mundos, y eso, no se puede permitir”.
En ese sentido, inhabilitar a los tres docentes de la Universidad Católica, a juicio de Soto, haría “algo” de justicia en un tribunal que está severamente cuestionado por la opinión pública.
La corrupción de uniformados no es de ahora
Leonardo Soto, quien preside Comisión Especial Investigadora de los actos de la administración del Estado en relación a la operación de mutuales vinculadas a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, también se refirió a la situación de las instituciones uniformadas luego de la filtración del audio en que el Comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, reconoce que miembros de la institución venden armas al narcotráfico.
Al respecto, el parlamentario socialista reconoció no estar sorprendido con la revelación de Martínez, pues en las investigaciones en que ha participado ha podido corroborar que uniformados, tanto de las Fuerzas Armadas como de Carabineros, han estado, al menos los últimos años, involucrados con el tráfico de armamento.
“Si bien son impactantes, no me sorprenden. A mí me ha tocado liderar varias iniciativas de fiscalización hacia las Fuerzas Armadas y Carabineros hace, por lo menos, dos años, y he visto esta participación de uniformados en tráfico de armas, incluso, en arriendo de armas también habíamos visto el año pasado en Carabineros de Chile. Son situaciones donde conviven redes de corrupción que lamentablemente aún están funcionando activamente al interior de las fuerzas armadas y policiales”.
En ese sentido, Soto dijo que la actual situación de corrupción de las Fuerzas Armadas y de Orden Público no es algo aislado y que, por el contrario, es el reflejo de una crisis profunda que se arrastra del modelo impuesto por la dictadura.
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