En la medida que pasan las horas resulta cada vez más incomprensible la decisión del gobierno chileno de retirarse intempestivamente del Pacto Mundial para las Migraciones. La evolución de las declaraciones y las acciones a nivel mundial, el conocimiento de los contenidos específicos del Tratado y las justificaciones técnicas y políticas del Ejecutivo solo llevan a la conclusión de que lo que ha ocurrido con nuestro país en este tema no es consistente.

Preocupa que nuestras autoridades, las cuales llegaron al gobierno ofreciendo un proyecto político moderado, incurran en dichos que van abiertamente en contra del estado de la discusión a nivel internacional. La afirmación del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, de que “la migración no es un derecho humano”, contradice a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a los cuales Chile adhiere, según los cuales se establece el derecho de toda persona a salir del territorio, es decir, al libre tránsito. Resulta obvio que si una persona tiene el derecho humano a salir de un país no se esfuma en la frontera, por lo tanto le asiste el derecho a entrar al país inmediatamente contiguo. Según juristas, este último derecho es intrínseco.

Tampoco resulta propio de una posición madurada el retiro a última hora de un pacto que las autoridades del gobierno anterior y del actual habían apoyado formal y políticamente. El conocimiento de que los parlamentarios y, peor aún, la Cancillería, estaban hace pocos días promoviendo el pacto en Marruecos solo abunda en que se trató de una decisión precipitada. Peor aún, es una decisión que se tomó en el Ministerio del Interior con el desconocimiento del canciller Ampuero, tal como hace meses se constató que el ministerio de Medioambiente no había jugado ningún rol en el retiro del Acuerdo de Escazú.

Más preocupa que desde La Moneda se diga que el Pacto atenta contra la soberanía nacional, más aún cuando esta clase política y en particular la coalición oficialista no se han caracterizado precisamente por defenderla. Al revés, legítimamente, se trata de grupos a imagen y semejanza del Estado subsidiario que confían en la inversión extranjera, en la entrega del capital natural a las trasnacionales y en la firma de tratados de libre comercio que restringen cada vez más la capacidad del pueblo chileno de transformar la sociedad a través de la política. Nada más contrario a la soberanía. El conocimiento del contenido del Pacto debilita aún más esa postura: no se trata de un acuerdo vinculante, no fuerza a cambiar las leyes nacionales y solo entrega orientaciones que luego pueden ser seguidas por los países en la medida de su voluntad política.

Descartados los fundamentos de las principales justificaciones del Gobierno para su decisión, solo queda como hipótesis verosímil la obediencia a las encuestas como forma de hacer política. El mismo dispositivo de construcción del sentido común que, antes, asustó a la gente con un miedo injustificado a la delincuencia para que luego se validaran las políticas represivas en el espacio público, opera hoy para que las personas culpen a los inmigrantes de problemas que existen desde mucho antes de que llegaran y que son, en realidad, responsabilidad de chilenos. De paso y al tomar esta decisión que está en las antípodas de una política de Estado, nuestro país se ha agrupado junto a los gobiernos de la derecha más extrema del mundo: Brasil, Hungría, Estados Unidos, Italia, Israel y otros.

Tal como comentábamos ayer, a propósito del septuagésimo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la tarea de defenderlos se volvió urgente y actual y no solo conmemorativo. Es lamentable para el país que, al menos en este tema, el Gobierno haya quedado al otro lado del río.