La Cámara de Diputados aprobó, en tercer trámite constitucional, el proyecto de reajuste al sector público, con lo cual queda en condiciones de ser despachada para su promulgación como ley.

La iniciativa, despachada en primer trámite el martes recién pasado, fue analizada este jueves a la luz de dos cambios acotados que realizó el Senado, que perfeccionaron normas introducidas al texto por la Cámara y que se relacionan con los asistentes de la educación.

Durante el debate, los legisladores insistieron en la importancia de las negociaciones llevadas a cabo con los gremios del sector público y en la necesidad de mantener la estabilidad del sistema.

En esa línea pidieron el fiel cumplimiento por parte del Ejecutivo de los acuerdos alcanzados en el proceso, en particular en torno a no incurrir en nuevos despidos injustificados y en revisar los casos en que no hubo fundamento.

De todas formas, el Jefe de Bancada de la UDI, Javier Macaya, hizo un llamado a modernizar la función de los trabajadores del Estado.

“La Ley de Reajuste del Sector Público es cercano a los 1800 millones de dólares, es una cifra que invita a la reflexión, no son pocos recursos. 1800 millones de dólares que, obviamente, en estándar a lo que tenemos en el sector público, a mi juicio, son adecuados, pero también es una invitación a una reflexión de los indicadores de productividad, de la capacidad que tenemos de modernizar la función pública de acuerdo a estándares también que hablen del futuro de esta actividad”.

El congresista criticó, además, los montos destinados a asignaciones parlamentarias. Al respecto se refirió también el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, quien acusó “doble estándar” del representante de la UDI.

“¿Disminuir los montos de las asignaciones que son totalmente transparentadas y que muchas de ellas son ejecutadas, incluso, por contratos con la Cámara de Diputados? Por favor, no seamos hipócritas. Todos y todas hemos visto la dificultad de representar distritos más grandes con cerca del 25 por ciento de menos recursos para gastos operacionales de lo que había antes, lo han dicho en los Comités. Que el diputado Macaya venga a decir acá que no quiere que los gastos operacionales puedan volver para poder ejercer una mejor labor es, simplemente, ser doble estándar”.

El proyecto despachado contempla un reajuste general de 3,5 por ciento que afecta a las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero, tales como sueldos bases, asignación profesional, de zona, de fiscalización, municipal, de especialidades y otras similares, según la normativa que les sea aplicable, a los trabajadores de la administración civil del Estado.

No tendrán reajuste el Presidente de la República; los ministros de Estado; los subsecretarios; los intendentes; el Presidente, ministros y fiscal de la Corte Suprema; y el Contralor General de la República.