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Experta por Reglamento de Armas de Fuego argentino: “Avanzan dos pasos y retroceden dos”

La aprobación del Reglamento General para el Empleo de Armas de Fuego permitirá a las fuerzas federales argentinas usar armas letales frente al delito, sin la necesidad de dar la voz de alto y sin agresión directa previa. Una medida que ha sido calificada como populista en el marco del reforzamiento de las instituciones armadas, que ha venido de la mano junto al resurgimiento de los nacionalismos en Latinoamérica.

Tomás González F.

  Martes 18 de diciembre 2018 18:48 hrs. 

El pasado lunes el Gobierno argentino defendió la entrada en vigencia del Reglamento General para el Empleo de Armas de Fuego, en una maniobra que diversos sectores han calificado como un retroceso. Esto, debido a que el protocolo recién entrado en vigencia permite a las fuerzas federales el uso de armas letales sin necesidad de dar la voz de alto y sin agresión directa previa, otorgándole mayores libertades a los agentes para el uso de armas de fuego. 

Fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien ratificó la medida este lunes en una conferencia de prensa en la Casa Rosada. “En primer lugar el reglamento está vigente, es un reglamento que sustituye los reglamentos internos de las tres fuerzas federales: tanto la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval. Es un reglamento absolutamente normal, vigente en muchos países de américa latina”, dijo Bullrich.

La resolución firmada el 27 de noviembre pasado en el marco de la cumbre G20 que se realizó en el país vecino, ha generado críticas desde la oposición y del oficialismo. Mientras que dentro de la coalición gobernante, la diputada Elisa Carrió calificó el documento como “fascista”, la oposición Kirchnerista no se ha pronunciado en contra de la medida en lo relativo a derechos humanos, ya que según un sondeo de la consultora argentina Managment & Fit (M&F), el reglamento es aprobado por casi un 60 por ciento de los argentinos, mientras que un 38 por ciento lo rechaza.

En conversación con Radio Universidad de Chile, el analista argentino y Doctor en Estudios Americanos, Pablo Lacoste, habló de las razones que han dado pie a este fenómeno. “En Argentina hay un problema de seguridad brutal. Hay un ambiente de miedo en todas las clases sociales y esto lleva mucho tiempo así. Frente a esa demanda la policía no da respuestas, ya que la policía ha sido atravesada por la corrupción durante muchos años. Entonces, ante este caos desastroso de falta de seguridad, el gobierno de Macri empezó a tomar medidas para tratar de dar respuesta. Entonces, es un tema que ha abierto grandes polémicas y grandes debates, pero que a su vez se apoya en una demanda gigantesca que hay de la sociedad argentina, de poder vivir con márgenes de seguridad más razonables”, comentó el analista internacional.

Con la entrada en vigencia de este reglamento, los agentes federales podrán usar armas letales “en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves” o “para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente”. Por otra parte, también podrán hacer uso del fuego para proceder a la detención de quien represente aquel “peligro inminente” o “para impedir la fuga” del mismo.

La normativa considera “peligro inminente” cuando “se actúe bajo amenaza de muerte o de lesiones graves para sí, o para terceras personas”. También en el caso de que “el presunto delincuente posea un arma letal”. Aplicándose el mismo principio para aquellos casos en que “se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal”.

La investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Alejandra Mohor, comentó con Radio Universidad de Chile el sustento de las diversas críticas que ha recibido el protocolo. “Lo que hemos visto en el mundo es que lo que se busca es consolidar estados democráticos en el marco del estado de derecho. Y eso implica la delimitación de las funciones de todas las instituciones que hacen parte del Estado. Eso implica la protección de los derechos humanos. Aquí la señal que viene detrás es que para que la policía pueda hacer bien su trabajo, tiene que ampliar su capacidad de disparar. Esto en circunstancias en que las mejores policías del mundo inclusive tienen mucho más limitado el uso de armas”, comentó la investigadora.

Mohor también calificó el hecho como un retroceso en materia de derechos humanos y seguridad ciudadana. “En América Latina nos hemos demorado mucho en establecer protocolos adecuados e integrales respecto del uso de la fuerza, que den cuenta del cumplimiento de los estándares internacionales en relación a la proporcionalidad, a la implementalidad, etcétera. Entonces, ahora no sólo nos estamos demorando en hacerlo, sino que se avanzan dos pasos y se retrocede uno”, concluyó.

La medida tuvo eco incluso en el Vaticano, donde el Papa Francisco también se pronunció sobre el tema cuando recibió a la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte. Ahí, el sumo pontífice advirtió que los posibles excesos policiales en la legítima defensa “pueden ser reputados como un crimen de Estado”.