El asesinato de Camilo Catrillanca ha sido el eje de la discusión pública y política del último mes. A partir de este infame suceso se ha evidenciado nuevamente el resultado de un abordaje represivo y militar del conflicto chileno-mapuche. El carácter actual de tal política de Estado se encuentra anclado a la posdictadura, especialmente a su defensa de intereses del empresariado extractivista de la zona y a la criminalización de la protesta y organización política de resistencia. Esta última dimensión se desnudó totalmente con el bochorno de la Operación Huracán.

Lo sucedido el pasado 14 de noviembre puso en la palestra temas de diversa naturaleza, pero que confluyen en el Wallmapu. Por ejemplo, la corrupción en la cultura interna de Carabineros, la deuda estatal en materia de pueblos originarios, las distintas concepciones de los Derechos Humanos que hay, la existencia de fracturas en las estrategias gubernamentales para abordar el tema, la necesidad de construir una izquierda anticolonial, el legado de la Concertación y la Nueva Mayoría en la zona, o la contradicción entre los intereses empresariales y extractivistas de la zona con la demanda territorial mapuche. En efecto, esto último parece ser el soporte central del problema, y la agudeza de la resistencia a dichos intereses fue, especialmente a finales de los noventa e inicios del dos mil, respondida con la búsqueda del Estado por resolver militarmente la situación.

Por cierto, la necesidad de cambiar ese rumbo hacia una salida política –que implicaría poner el diálogo al centro– fue un diagnóstico transversal, pero el modo concreto en que ello puede hacerse todavía está en entredicho. De hecho, en su interpelación, el Ministro del Interior Andrés Chadwick Piñera, rehuyó pronunciarse de forma directa a las resoluciones del Futa Trawün desarrollado hace algunas semanas, donde se planteaban elementos de consenso derivados de tal reunión. Es más, la autoridad también negó el carácter representativo de tales propuestas, afirmando que eran una opinión, pues el pueblo mapuche era muy diverso. En cambio, se propuso el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios –que se comprometió hace décadas en los acuerdos de Nueva Imperial y a estas alturas ya no parece ser significativo–, así como la urgencia de dos proyectos del gobierno pasado: creación de Ministerio de los pueblos y nuevo Consejo de pueblos indígenas, que no sólo levantan una institucionalidad paralela a la tradicional (vulnerando el derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios), sino que tampoco aparecen en las reivindicaciones de la causa mapuche.

Esto, sumado a una nula autocrítica y a su concepción de Chile como una nación espiritualmente unitaria, dan cuenta de una falta de terreno común para avanzar políticamente.

En todo caso, lo anterior está en tensión con el anuncio del retiro del Comando Jungla, en la medida que ello fue valorado por algunos grupos y actores como una señal positiva, aunque insuficiente. Compartiendo dicha apreciación, es necesario también afirmar que este retiro es el resultado de una relevante presión social que se mantuvo constante por varias semanas sumada a una seguidilla de situaciones, revelaciones y errores que expandieron la crisis. Asimismo, debe señalarse que el retiro de este grupo no implica la desmilitarización de la zona. La permanencia del retén de Pailahueque y la reubicación de parte del Comando a la zona forestal de Arauco, es firme evidencia de ello.

Ahora, inclusive si la desmilitarización fuera íntegra, todavía quedarían fuera elementos fundamentales como el reconocimiento a derecho de autodeterminación o la recuperación de territorio. La apertura a ese diálogo lleva a otros debates que no se han dado, pero que debemos propiciar. Es del todo antidemocrático que estas discusiones continúen excluidas de la política nacional formal.

A su vez, se ha propuesto la necesidad de una comisión de esclarecimiento y verdad histórica sobre la situación del pueblo mapuche. Entendemos que esto es una necesidad para avanzar sobre bases sólidas que permitan efectivamente generar acuerdos políticos reales y plurinacionales. Sin mediar una instancia como esta no es posible entender cómo se llegó a este punto, cuestión necesaria para vislumbrar salidas que se hagan cargo efectivamente de la magnitud del problema, que remite a la ilegitimidad originaria y el carácter colonial de los procesos de acumulación por desposesión que han acaecido en la zona. También, esta comisión permitirá profundizar la búsqueda de responsabilidades políticas para con las consecuencias que se han vivido a partir de la militarización de las últimas décadas. Lo importante es que el esfuerzo sea sincero, con resultados vinculantes, para no defraudar las expectativas de los pueblos, como ocurrió con la Comisión de Verdad y Nuevo Trato durante el Gobierno del ex Presidente Lagos.

En una palabra, durante más de un siglo la actuación del Estado de Chile ha sido contradictoria con el derecho a autodeterminarse que tiene el pueblo mapuche y todos los pueblos originarios. Esto ha implicado un accionar que ha violado sus derechos humanos y colectivos, al punto de haber cometido crímenes de lesa humanidad en su contra. A nuestro entender, y para ello partimos de los principios de la justicia transicional, la aceptación oficial de estas afirmaciones implica también la necesidad de verdad, justicia, memoria y resarcimiento. Esto, a pesar de que dichos conceptos puedan significar cosas distintas en este caso que en aquellos asociados al terrorismo dictatorial. Especialmente crucial resulta el procurar que esta comisión no ponga la gobernabilidad por sobre la democratización, lo que en este caso podría traducirse en asumir la existencia de una deuda, pero buscando resolverla sin ser disruptivos con intereses forestales y coloniales, es decir, sin justicia o reparación territorial efectiva, lo que redundaría en la vulneración del derecho a autodeterminación política.

Finalmente, esta coyuntura nos lleva a reflexionar sobre nuestro propio actuar como fuerza política que busca ser transformadora. Por una parte, como movimientos y partidos de izquierda debemos hacernos cargo de las desconfianzas que se han generado con los pueblos originarios por las acciones del pasado, tanto en Chile como en América Latina: abrir nuestras orgánicas a militantes indígenas con su aporte histórico, cultural y político, es un gran desafío. En la misma línea, es necesario que actuemos con la mayor de las responsabilidades para que cualquier salida tenga como protagonista a las organizaciones tradicionales y representativas de los pueblos originarios, que reafirman su calidad de naciones, no de movimientos sociales. Asimismo, es una necesidad el propiciar la apertura de un debate de fondo sobre el tema, en que efectivamente se aborden fórmulas concretas para el ejercicio de la autodeterminación, incluso en las estructuras internas de las orgánicas de izquierda. La posibilidad de construir una izquierda que se declare manifiestamente plurinacional y que sea parte de la lucha anticolonial estriba en, al menos, estos aspectos.

Por último, un desafío central, y que en alguna medida implica una tensión con lo ya dicho, es el de evitar la fragmentación de las luchas anticoloniales, es decir, su comprensión racializada y disociada de otros ámbitos de la sociedad. En otras palabras, debemos comprender que las problemáticas de los pueblos originarios permean todas las luchas y sectores pero que, al mismo tiempo, son específicas y diferenciadas, en la medida que se anclan en una experiencia histórica que no ha sido común a toda la población que vive en el territorio chileno.

Enrique Riobó

Equipo de DD.HH. Izquierda Autónoma

Ariel León

Asamblea Originaria por la Descolonización y la Plurinacionalidad (ASODEPLU)

Equipo de DD.HH. Izquierda Autónoma

Javiera Toro

Encargada política de Izquierda Autónoma