Ley de pago a 30 días: Respiran las pymes, a menos que trabajen con el Estado
Luego de la aprobación del proyecto presentado por el Gobierno a finales de julio, el empresario Roberto Fantuzzi explica que su aplicación se efectuará por etapas y que exonerará del pago a plazos a hospitales y municipalidades hasta por tres años. Por otro lado, algunos representantes de las pymes, como Marcos Rivas, aseguran que la ley les permitirá cerrar contratos con grandes empresas.
Eduardo Andrade
Miércoles 26 de diciembre 2018 10:42 hrs.
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Fue en julio del 2018 cuando, luego de una reunión con representantes de las pymes, el Gobierno presentó el proyecto de ley que contemplaba un plazo máximo de pago para las empresas. Algunos representantes, como la Asociación Chilena de Emprendedores (ASECH), apoyaron la propuesta incluso a través de una fuerte campaña en redes sociales y, finalmente, como una especie de regalo navideño, el proyecto fue aprobado por el congreso dos semanas antes de terminado el 2018 y su aplicación debería empezar en abril del 2019.
Sobre esta ley, el presidente de la Asociación de Exportadores y Manufacturas (Asexma), Roberto Fantuzzi, explicó a Radio y Diario Universidad de Chile, que su aplicación será primero con un rango de 60 días y luego, a partir del mes 25, correrán los 30 días exigidos por las pymes desde hace aproximadamente quince años. Fantuzzi asegura, además, que su aparición se debe a la poca capacidad de negociación que existe hoy entre pymes y grandes empresas.
Marcos Rivas, CEO de la compañía City Global y experto en emprendimientos chilenos, asegura que muchas empresas estaban realizando sus pagos hasta con seis meses de desfase. “Terminábamos financiando seis meses de capital de trabajo de grandes empresas. Eso era una situación muy desigual, demasiado arbitraria e injusta para emprendedores, que necesitan apoyo para crecer”, comenta sobre uno de los motivos que le ha llevado a las pymes a celebrar tanto esta ley.
Sin embargo, pese a que Rivas asegura que la ley contribuye a la protección de las pymes y aumenta las posibilidades de cerrar contratos con grandes empresas, Fantuzzi recalca que su aplicación no resulta igualitaria, sobre todo porque excluye del plazo exigido a instituciones públicas, como hospitales y municipalidades, hasta en tres años luego de su promulgación.
“Estas instituciones están muy endeudadas y el Estado no tiene los recursos suficientes para inyectarlos al sistema. Lo que se podría haber hecho es que esta deuda tenga una definición en función de bonos. El estado hubiera emitido estos bonos y hubiese servido para pagar impuestos, por ejemplo”, comenta Fantuzzi, agregando que se trata de un mal ejemplo por parte del Gobierno.
Pese a este detalle, Fantuzzi asegura que la ley constituye una de las principales iniciativas que contribuyen a la consolidación de las pymes en el país. En la actualidad, además, se están gestando otras complementarias referentes a los impuestos, como la postergación del pago del IVA, o una reforma al sistema contable que se adapte a las necesidades de las pymes y contribuya al ahorro.
Fue en julio del 2018 cuando, luego de una reunión con representantes de las pymes, el Gobierno presentó el proyecto de ley que contemplaba un plazo máximo de pago para las empresas. Algunos representantes, como la Asociación Chilena de Emprendedores (ASECH), apoyaron la propuesta incluso a través de una fuerte campaña en redes sociales y, finalmente, como una especie de regalo navideño, el proyecto fue aprobado por el congreso dos semanas antes de terminado el 2018 y su aplicación debería empezar en abril del 2019.
Sobre esta ley, el presidente de la Asociación de Exportadores y Manufacturas (Asexma), Roberto Fantuzzi, explicó a Radio y Diario Universidad de Chile, que su aplicación será primero con un rango de 60 días y luego, a partir del mes 25, correrán los 30 días exigidos por las pymes desde hace aproximadamente quince años. Fantuzzi asegura, además, que su aparición se debe a la poca capacidad de negociación que existe hoy entre pymes y grandes empresas.
Marcos Rivas, CEO de la compañía City Global y experto en emprendimientos chilenos, asegura que muchas empresas estaban realizando sus pagos hasta con seis meses de desfase. “Terminábamos financiando seis meses de capital de trabajo de grandes empresas. Eso era una situación muy desigual, demasiado arbitraria e injusta para emprendedores, que necesitan apoyo para crecer”, comenta sobre uno de los motivos que le ha llevado a las pymes a celebrar tanto esta ley.
Sin embargo, pese a que Rivas asegura que la ley contribuye a la protección de las pymes y aumenta las posibilidades de cerrar contratos con grandes empresas, Fantuzzi recalca que su aplicación no resulta igualitaria, sobre todo porque excluye del plazo exigido a instituciones públicas, como hospitales y municipalidades, hasta en tres años luego de su promulgación.
“Estas instituciones están muy endeudadas y el Estado no tiene los recursos suficientes para inyectarlos al sistema. Lo que se podría haber hecho es que esta deuda tenga una definición en función de bonos. El estado hubiera emitido estos bonos y hubiese servido para pagar impuestos, por ejemplo”, comenta Fantuzzi, agregando que se trata de un mal ejemplo por parte del Gobierno.
Pese a este detalle, Fantuzzi asegura que la ley constituye una de las principales iniciativas que contribuyen a la consolidación de las pymes en el país. En la actualidad, además, se están gestando otras complementarias referentes a los impuestos, como la postergación del pago del IVA, o una reforma al sistema contable que se adapte a las necesidades de las pymes y contribuya al ahorro.
Fue en julio del 2018 cuando, luego de una reunión con representantes de las pymes, el Gobierno presentó el proyecto de ley que contemplaba un plazo máximo de pago para las empresas. Algunos representantes, como la Asociación Chilena de Emprendedores (ASECH), apoyaron la propuesta incluso a través de una fuerte campaña en redes sociales y, finalmente, como una especie de regalo navideño, el proyecto fue aprobado por el congreso dos semanas antes de terminado el 2018 y su aplicación debería empezar en abril del 2019.
Sobre esta ley, el presidente de la Asociación de Exportadores y Manufacturas (Asexma), Roberto Fantuzzi, explicó a Radio y Diario Universidad de Chile, que su aplicación será primero con un rango de 60 días y luego, a partir del mes 25, correrán los 30 días exigidos por las pymes desde hace aproximadamente quince años. Fantuzzi asegura, además, que su aparición se debe a la poca capacidad de negociación que existe hoy entre pymes y grandes empresas.
Marcos Rivas, CEO de la compañía City Global y experto en emprendimientos chilenos, asegura que muchas empresas estaban realizando sus pagos hasta con seis meses de desfase. “Terminábamos financiando seis meses de capital de trabajo de grandes empresas. Eso era una situación muy desigual, demasiado arbitraria e injusta para emprendedores, que necesitan apoyo para crecer”, comenta sobre uno de los motivos que le ha llevado a las pymes a celebrar tanto esta ley.
Sin embargo, pese a que Rivas asegura que la ley contribuye a la protección de las pymes y aumenta las posibilidades de cerrar contratos con grandes empresas, Fantuzzi recalca que su aplicación no resulta igualitaria, sobre todo porque excluye del plazo exigido a instituciones públicas, como hospitales y municipalidades, hasta en tres años luego de su promulgación.
“Estas instituciones están muy endeudadas y el Estado no tiene los recursos suficientes para inyectarlos al sistema. Lo que se podría haber hecho es que esta deuda tenga una definición en función de bonos. El estado hubiera emitido estos bonos y hubiese servido para pagar impuestos, por ejemplo”, comenta Fantuzzi, agregando que se trata de un mal ejemplo por parte del Gobierno.
Pese a este detalle, Fantuzzi asegura que la ley constituye una de las principales iniciativas que contribuyen a la consolidación de las pymes en el país. En la actualidad, además, se están gestando otras complementarias referentes a los impuestos, como la postergación del pago del IVA, o una reforma al sistema contable que se adapte a las necesidades de las pymes y contribuya al ahorro.
