TVN: Comisión investigadora salva a Orrego y no adjudica responsabilidades en filtraciones de contratos
Los parlamentarios acordaron que no se puede determinar si el ex presidente del directorio filtró a la prensa el contrato de Jaime de Aguirre, sobre todo, porque el informe fue revisado por más de una persona.
Miércoles 2 de enero 2019 17:53 hrs.
La comisión investigadora de TVN discutió, con casi una hora de retraso, el informe respecto de la crisis que vive el canal nacional.
En la ocasión, los parlamentarios analizaron diversos puntos como la obligación de los ex directivos dentro de la debacle financiera, la falta cometida por Ricardo Solari al no acudir a las sesiones para explicar los alcances de su gestión y el carácter que deberá asumir la señal a futuro.
No obstante, uno de los temas más polémicos fue el referido a la filtración de un informe interno de Contraloría, en el que se dio cuenta de que Jaime de Aguirre, ex director ejecutivo de la estación televisiva, poseía una situación contractual privilegiada al interior del canal. Esto, al recibir un sueldo de 18 millones mensuales, así como una indemnización especial por término de contrato.
En este sentido, los argumentos se dividieron respecto de si Francisco Orrego, ex presidente del directorio, tenía relación con dicha filtración a la prensa. Sin embargo, y luego de cinco minutos de receso, los parlamentarios decidieron no establecer responsabilidades en este caso.
El diputado Luciano Cruz Coke, quien además presentó una propuesta alternativa al texto que debía votarse, indicó que es imposible determinar si existió incumplimiento del deber de reserva por parte de Orrego, ya que todo el directorio tuvo acceder a dicho documento.
“El directorio completo tuvo acceso cinco días antes al informe de Contraloría que luego fue publicado cinco días después”, dijo durante la sesión.
Por otra parte, el diputado Renato Garín señaló que “es complejo establecer si Orrego tuvo una responsabilidad que vaya más allá de lo político y que establezca indicios de responsabilidad penal”. Sin embargo, determinó que “quedarse en blanco” no es una opción respecto de este caso.
Por ello, la comisión aprobó que en el informe se especificara que “es necesario recordar que al momento de aprobarse la constitución de esta Comisión Investigadora se excluyó especialmente de su objeto el ‘poder determinar las responsabilidades de tales hechos, con el propósito de ajustar su trabajo a la competencia que la normativa constitucional, legal y reglamentaria le hace aplicable”.
Otro de los puntos discutidos durante la sesión tuvo relación con el origen de la crisis financiera del canal. De acuerdo a ello, el diputado Marcelo Díaz, presidente de la comisión, estimó que el desastre económico se inició en 2014.
Una vez elaborado el informe, éste será discutido en sala y, de aprobarse, la comisión concluiría su labor. En este sentido, los parlamentarios fijaron como debate futuro, las reformas a la Ley Orgánica de TVN.
De acuerdo a ello, indicaron que es urgente discutir sobre el modelo de financiamiento que deberá adoptar la señal para poder cumplir con su rol público.
La jugada para evitar la huelga
Según consignó La Tercera PM, durante 2019 TVN podría enfrentar un nuevo proceso de negociación colectiva.
Por ello, y para prevenirse ante una huelga general, la gerenta general de TVN, Alicia Zaldívar, se reunió con el Director del Trabajo, Mauricio Peñaloza, para discutir sobre la consideración de servicios mínimos.
La idea es no suspender las transmisiones ante una posible huelga, ya que si TVN no emite su programación, la concesión podría ser caducada por el Estado.
La comisión investigadora de TVN discutió, con casi una hora de retraso, el informe respecto de la crisis que vive el canal nacional.
En la ocasión, los parlamentarios analizaron diversos puntos como la obligación de los ex directivos dentro de la debacle financiera, la falta cometida por Ricardo Solari al no acudir a las sesiones para explicar los alcances de su gestión y el carácter que deberá asumir la señal a futuro.
No obstante, uno de los temas más polémicos fue el referido a la filtración de un informe interno de Contraloría, en el que se dio cuenta de que Jaime de Aguirre, ex director ejecutivo de la estación televisiva, poseía una situación contractual privilegiada al interior del canal. Esto, al recibir un sueldo de 18 millones mensuales, así como una indemnización especial por término de contrato.
En este sentido, los argumentos se dividieron respecto de si Francisco Orrego, ex presidente del directorio, tenía relación con dicha filtración a la prensa. Sin embargo, y luego de cinco minutos de receso, los parlamentarios decidieron no establecer responsabilidades en este caso.
El diputado Luciano Cruz Coke, quien además presentó una propuesta alternativa al texto que debía votarse, indicó que es imposible determinar si existió incumplimiento del deber de reserva por parte de Orrego, ya que todo el directorio tuvo acceder a dicho documento.
“El directorio completo tuvo acceso cinco días antes al informe de Contraloría que luego fue publicado cinco días después”, dijo durante la sesión.
Por otra parte, el diputado Renato Garín señaló que “es complejo establecer si Orrego tuvo una responsabilidad que vaya más allá de lo político y que establezca indicios de responsabilidad penal”. Sin embargo, determinó que “quedarse en blanco” no es una opción respecto de este caso.
Por ello, la comisión aprobó que en el informe se especificara que “es necesario recordar que al momento de aprobarse la constitución de esta Comisión Investigadora se excluyó especialmente de su objeto el ‘poder determinar las responsabilidades de tales hechos, con el propósito de ajustar su trabajo a la competencia que la normativa constitucional, legal y reglamentaria le hace aplicable”.
Otro de los puntos discutidos durante la sesión tuvo relación con el origen de la crisis financiera del canal. De acuerdo a ello, el diputado Marcelo Díaz, presidente de la comisión, estimó que el desastre económico se inició en 2014.
Una vez elaborado el informe, éste será discutido en sala y, de aprobarse, la comisión concluiría su labor. En este sentido, los parlamentarios fijaron como debate futuro, las reformas a la Ley Orgánica de TVN.
De acuerdo a ello, indicaron que es urgente discutir sobre el modelo de financiamiento que deberá adoptar la señal para poder cumplir con su rol público.
La jugada para evitar la huelga
Según consignó La Tercera PM, durante 2019 TVN podría enfrentar un nuevo proceso de negociación colectiva.
Por ello, y para prevenirse ante una huelga general, la gerenta general de TVN, Alicia Zaldívar, se reunió con el Director del Trabajo, Mauricio Peñaloza, para discutir sobre la consideración de servicios mínimos.
La idea es no suspender las transmisiones ante una posible huelga, ya que si TVN no emite su programación, la concesión podría ser caducada por el Estado.
La comisión investigadora de TVN discutió, con casi una hora de retraso, el informe respecto de la crisis que vive el canal nacional.
En la ocasión, los parlamentarios analizaron diversos puntos como la obligación de los ex directivos dentro de la debacle financiera, la falta cometida por Ricardo Solari al no acudir a las sesiones para explicar los alcances de su gestión y el carácter que deberá asumir la señal a futuro.
No obstante, uno de los temas más polémicos fue el referido a la filtración de un informe interno de Contraloría, en el que se dio cuenta de que Jaime de Aguirre, ex director ejecutivo de la estación televisiva, poseía una situación contractual privilegiada al interior del canal. Esto, al recibir un sueldo de 18 millones mensuales, así como una indemnización especial por término de contrato.
En este sentido, los argumentos se dividieron respecto de si Francisco Orrego, ex presidente del directorio, tenía relación con dicha filtración a la prensa. Sin embargo, y luego de cinco minutos de receso, los parlamentarios decidieron no establecer responsabilidades en este caso.
El diputado Luciano Cruz Coke, quien además presentó una propuesta alternativa al texto que debía votarse, indicó que es imposible determinar si existió incumplimiento del deber de reserva por parte de Orrego, ya que todo el directorio tuvo acceder a dicho documento.
“El directorio completo tuvo acceso cinco días antes al informe de Contraloría que luego fue publicado cinco días después”, dijo durante la sesión.
Por otra parte, el diputado Renato Garín señaló que “es complejo establecer si Orrego tuvo una responsabilidad que vaya más allá de lo político y que establezca indicios de responsabilidad penal”. Sin embargo, determinó que “quedarse en blanco” no es una opción respecto de este caso.
Por ello, la comisión aprobó que en el informe se especificara que “es necesario recordar que al momento de aprobarse la constitución de esta Comisión Investigadora se excluyó especialmente de su objeto el ‘poder determinar las responsabilidades de tales hechos, con el propósito de ajustar su trabajo a la competencia que la normativa constitucional, legal y reglamentaria le hace aplicable”.
Otro de los puntos discutidos durante la sesión tuvo relación con el origen de la crisis financiera del canal. De acuerdo a ello, el diputado Marcelo Díaz, presidente de la comisión, estimó que el desastre económico se inició en 2014.
Una vez elaborado el informe, éste será discutido en sala y, de aprobarse, la comisión concluiría su labor. En este sentido, los parlamentarios fijaron como debate futuro, las reformas a la Ley Orgánica de TVN.
De acuerdo a ello, indicaron que es urgente discutir sobre el modelo de financiamiento que deberá adoptar la señal para poder cumplir con su rol público.
La jugada para evitar la huelga
Según consignó La Tercera PM, durante 2019 TVN podría enfrentar un nuevo proceso de negociación colectiva.
Por ello, y para prevenirse ante una huelga general, la gerenta general de TVN, Alicia Zaldívar, se reunió con el Director del Trabajo, Mauricio Peñaloza, para discutir sobre la consideración de servicios mínimos.
La idea es no suspender las transmisiones ante una posible huelga, ya que si TVN no emite su programación, la concesión podría ser caducada por el Estado.
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