El gobierno de Sebastián Piñera decidió aplicar la Ley de Seguridad del Estado a las personas que comentan actos de violencia grave en la zona de La Araucanía. Fue el ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien dio a conocer la información, argumentando que en las últimas semanas se han presentado 18 denuncias en la región, por las que se han detenido a más de 15 personas y redoblado el número de efectivos de Carabineros.
Sin embargo, la medida ha sido fuertemente criticada por instituciones y organizaciones ligadas a la defensa de los derechos humanos, las que argumentan que la normativa invocada por el gobierno -que permite endurecer las eventuales penas y acortar procesos judiciales-, sería contraproducente en la búsqueda de una solución al conflicto de fondo.
En entrevista con Radio Universidad de Chile, la directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Nancy Yáñez, criticó la decisión del gobierno de aplicar esta ley, la que para ella, ha demostrado ser un desacierto.
“A la fecha, sólo ha quedado en evidencia el desacierto que constituye como política pública, el enfrentar la problemática generada por la relación Estado de Chile con el pueblo mapuche, por medio de aplicar estas normativas de excepción en el territorio”, sostuvo la académica.
Pese a que desde La Moneda afirman estar “comprometidos con el orden público, con la seguridad de los ciudadanos y el Estado de derecho en cualquier lugar del país”, Yáñez fue más allá, comentando que es el Estado el que ha favorecido el conflicto y quien se debe hacer responsable.
“Es el mismo mecanismo el que propicia una situación de conflictividad que cuando se escapa de las manos, el Estado reprime por medio de las leyes de excepción. Eso es una debacle, o sea, francamente me parece que el Estado de Chile está siendo irresponsable para enfrentar la problemática que se ha generado a lo largo de la historia en el sur del país”, señaló.
En esa línea, la directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, recalcó que ha sido la falta de soluciones por parte del estado chileno lo que ha permitido la polarización en la zona, y que medidas como ésta, pueden provocar aún más daño.
“Cuando no hay soluciones, como ocurre ahora, todas las posiciones se polarizan y la violencia se instala en el territorio. Eso es lo que estamos viendo. El anuncio del gobierno es, una vez más, echar combustible sobre la hoguera“, sentenció Yáñez.
Así, en la víspera de la conmemoración de la muerte del comunero Matías Catrileo el 3 de enero de 2008 y del matrimonio Luchsinger-Mackay el 4 de enero de 2013, el gobierno de Sebastián Piñera nuevamente da una señal que favorece la militarización de la zona, la que se verá reforzada con la llegada de más de 200 nuevos funcionarios de Carabineros.
Para la académica, la situación en la que se encuentran las relaciones del Estado chileno con los pueblos originarios ha llegado al límite de la conflictividad. Así lo manifestó, explicando que, para ella, en La Araucanía no existe la democracia.
“Chile no resiste ya a estas alturas más conflictividad con los pueblos originarios. Es una situación que vulnera abiertamente los derechos humanos, demuestra que no hay democracia en el territorio de La Araucanía. Pero no porque haya un foco de insurrección mapuche. No hay democracia en La Araucanía porque hay condiciones discriminatorias con un pueblo originario”, finalizó.
Sebastián Piñera en la presentación del ‘Comando Jungla’, el pasado 28 de junio en Temuco.
Fotos: Cristóbal Escobar / Agencia Uno
El gobierno de Sebastián Piñera decidió aplicar la Ley de Seguridad del Estado a las personas que comentan actos de violencia grave en la zona de La Araucanía. Fue el ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien dio a conocer la información, argumentando que en las últimas semanas se han presentado 18 denuncias en la región, por las que se han detenido a más de 15 personas y redoblado el número de efectivos de Carabineros.
Sin embargo, la medida ha sido fuertemente criticada por instituciones y organizaciones ligadas a la defensa de los derechos humanos, las que argumentan que la normativa invocada por el gobierno -que permite endurecer las eventuales penas y acortar procesos judiciales-, sería contraproducente en la búsqueda de una solución al conflicto de fondo.
En entrevista con Radio Universidad de Chile, la directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Nancy Yáñez, criticó la decisión del gobierno de aplicar esta ley, la que para ella, ha demostrado ser un desacierto.
“A la fecha, sólo ha quedado en evidencia el desacierto que constituye como política pública, el enfrentar la problemática generada por la relación Estado de Chile con el pueblo mapuche, por medio de aplicar estas normativas de excepción en el territorio”, sostuvo la académica.
Pese a que desde La Moneda afirman estar “comprometidos con el orden público, con la seguridad de los ciudadanos y el Estado de derecho en cualquier lugar del país”, Yáñez fue más allá, comentando que es el Estado el que ha favorecido el conflicto y quien se debe hacer responsable.
“Es el mismo mecanismo el que propicia una situación de conflictividad que cuando se escapa de las manos, el Estado reprime por medio de las leyes de excepción. Eso es una debacle, o sea, francamente me parece que el Estado de Chile está siendo irresponsable para enfrentar la problemática que se ha generado a lo largo de la historia en el sur del país”, señaló.
En esa línea, la directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, recalcó que ha sido la falta de soluciones por parte del estado chileno lo que ha permitido la polarización en la zona, y que medidas como ésta, pueden provocar aún más daño.
“Cuando no hay soluciones, como ocurre ahora, todas las posiciones se polarizan y la violencia se instala en el territorio. Eso es lo que estamos viendo. El anuncio del gobierno es, una vez más, echar combustible sobre la hoguera“, sentenció Yáñez.
Así, en la víspera de la conmemoración de la muerte del comunero Matías Catrileo el 3 de enero de 2008 y del matrimonio Luchsinger-Mackay el 4 de enero de 2013, el gobierno de Sebastián Piñera nuevamente da una señal que favorece la militarización de la zona, la que se verá reforzada con la llegada de más de 200 nuevos funcionarios de Carabineros.
Para la académica, la situación en la que se encuentran las relaciones del Estado chileno con los pueblos originarios ha llegado al límite de la conflictividad. Así lo manifestó, explicando que, para ella, en La Araucanía no existe la democracia.
“Chile no resiste ya a estas alturas más conflictividad con los pueblos originarios. Es una situación que vulnera abiertamente los derechos humanos, demuestra que no hay democracia en el territorio de La Araucanía. Pero no porque haya un foco de insurrección mapuche. No hay democracia en La Araucanía porque hay condiciones discriminatorias con un pueblo originario”, finalizó.
Sebastián Piñera en la presentación del ‘Comando Jungla’, el pasado 28 de junio en Temuco.
Fotos: Cristóbal Escobar / Agencia Uno
El gobierno de Sebastián Piñera decidió aplicar la Ley de Seguridad del Estado a las personas que comentan actos de violencia grave en la zona de La Araucanía. Fue el ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien dio a conocer la información, argumentando que en las últimas semanas se han presentado 18 denuncias en la región, por las que se han detenido a más de 15 personas y redoblado el número de efectivos de Carabineros.
Sin embargo, la medida ha sido fuertemente criticada por instituciones y organizaciones ligadas a la defensa de los derechos humanos, las que argumentan que la normativa invocada por el gobierno -que permite endurecer las eventuales penas y acortar procesos judiciales-, sería contraproducente en la búsqueda de una solución al conflicto de fondo.
En entrevista con Radio Universidad de Chile, la directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Nancy Yáñez, criticó la decisión del gobierno de aplicar esta ley, la que para ella, ha demostrado ser un desacierto.
“A la fecha, sólo ha quedado en evidencia el desacierto que constituye como política pública, el enfrentar la problemática generada por la relación Estado de Chile con el pueblo mapuche, por medio de aplicar estas normativas de excepción en el territorio”, sostuvo la académica.
Pese a que desde La Moneda afirman estar “comprometidos con el orden público, con la seguridad de los ciudadanos y el Estado de derecho en cualquier lugar del país”, Yáñez fue más allá, comentando que es el Estado el que ha favorecido el conflicto y quien se debe hacer responsable.
“Es el mismo mecanismo el que propicia una situación de conflictividad que cuando se escapa de las manos, el Estado reprime por medio de las leyes de excepción. Eso es una debacle, o sea, francamente me parece que el Estado de Chile está siendo irresponsable para enfrentar la problemática que se ha generado a lo largo de la historia en el sur del país”, señaló.
En esa línea, la directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, recalcó que ha sido la falta de soluciones por parte del estado chileno lo que ha permitido la polarización en la zona, y que medidas como ésta, pueden provocar aún más daño.
“Cuando no hay soluciones, como ocurre ahora, todas las posiciones se polarizan y la violencia se instala en el territorio. Eso es lo que estamos viendo. El anuncio del gobierno es, una vez más, echar combustible sobre la hoguera“, sentenció Yáñez.
Así, en la víspera de la conmemoración de la muerte del comunero Matías Catrileo el 3 de enero de 2008 y del matrimonio Luchsinger-Mackay el 4 de enero de 2013, el gobierno de Sebastián Piñera nuevamente da una señal que favorece la militarización de la zona, la que se verá reforzada con la llegada de más de 200 nuevos funcionarios de Carabineros.
Para la académica, la situación en la que se encuentran las relaciones del Estado chileno con los pueblos originarios ha llegado al límite de la conflictividad. Así lo manifestó, explicando que, para ella, en La Araucanía no existe la democracia.
“Chile no resiste ya a estas alturas más conflictividad con los pueblos originarios. Es una situación que vulnera abiertamente los derechos humanos, demuestra que no hay democracia en el territorio de La Araucanía. Pero no porque haya un foco de insurrección mapuche. No hay democracia en La Araucanía porque hay condiciones discriminatorias con un pueblo originario”, finalizó.
Sebastián Piñera en la presentación del ‘Comando Jungla’, el pasado 28 de junio en Temuco.
Fotos: Cristóbal Escobar / Agencia Uno
