“Fue un error aprobar este proyecto de ley antes de discutir la reforma previsional que, igualmente, impulsa el Ejecutivo”.
Así de tajante fue la integrante de la Comisión de Trabajado de la Cámara de Diputados, Gael Yeomans, al referirse al visto bueno que dio el Legislativo a la prenormativa gubernamental, que obliga a los trabajadores independientes a cotizar en salud y pensión.
En entrevista con Radio Universidad de Chile, la parlamentaria del Frente Amplio precisó que lo más correcto habría sido postergar la aplicación de la ley vigente sobre pago obligatorio, con el fin de resolver, antes que todo, la actual condición de nula garantía de derechos que tienen los más de 300 mil trabajadoras y trabajadores que emiten boletas de honorarios.
“Sumado a este tema de las cotizaciones en salud, licencias médicas, que no las tienen aseguradas, porque a ellos no les consideran estas autorizaciones sanitarias en sus lugares de trabajo, entonces, estarían pagándolas en la cotización de salud, pero después no van a tener la prestación de servicio. En eso nosotros le señalamos al Gobierno que era necesario avanzar en garantizar derechos para luego tener esta cotización obligatoria”, afirmó.
El proyecto de ley del Gobierno indica una gradualidad porcentual en el pago de cotizaciones en los próximos nueve años, además de privilegiar la previsión en salud en primer lugar y, al final, el sistema de pensiones. Mecanismo que para la parlamentaria Gael Yeomans no es más que un blanqueamiento del sistema, que no resuelve el problema de fondo, que son los derechos de estas personas.
Al respecto, la diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, criticó igualmente la aprobación de la pre normativa que obliga a Independientes a cotizar.
La también integrante de la comisión de trabajo señaló que esto “no viene a resolver el problema previsional, ni las lagunas, ni menos las paupérrimas pensiones que seguirán recibiendo los jubilados”.
“Yo lamento que el ministro Monckeberg no haya entendido que aquí lo más importante era la voluntariedad, si este proyecto es tan bueno y tan espectacular, por qué no entonces es voluntario y que cada trabajador y trabajadora elija si quiere cotizar o no. La peleamos y perdimos, y el proyecto fue aprobado, por tanto, lo que ocurrirá ahora es que el trabajador honorario va a tener que cotizar primero por salud y luego por AFP, a partir de la devolución de impuestos de abril del 2019”, argumentó.
Recordemos que desde este viernes se constituye una mesa donde participarán parlamentarios de dicha comisión, representantes del Ejecutivo, y dirigentes sindicales de trabajadores a honorarios de reparticiones públicas, quienes intentarán, por esta vía, conseguir el reconocimiento de derechos laborales no abordados en el recientemente aprobado proyecto de ley.
“Fue un error aprobar este proyecto de ley antes de discutir la reforma previsional que, igualmente, impulsa el Ejecutivo”.
Así de tajante fue la integrante de la Comisión de Trabajado de la Cámara de Diputados, Gael Yeomans, al referirse al visto bueno que dio el Legislativo a la prenormativa gubernamental, que obliga a los trabajadores independientes a cotizar en salud y pensión.
En entrevista con Radio Universidad de Chile, la parlamentaria del Frente Amplio precisó que lo más correcto habría sido postergar la aplicación de la ley vigente sobre pago obligatorio, con el fin de resolver, antes que todo, la actual condición de nula garantía de derechos que tienen los más de 300 mil trabajadoras y trabajadores que emiten boletas de honorarios.
“Sumado a este tema de las cotizaciones en salud, licencias médicas, que no las tienen aseguradas, porque a ellos no les consideran estas autorizaciones sanitarias en sus lugares de trabajo, entonces, estarían pagándolas en la cotización de salud, pero después no van a tener la prestación de servicio. En eso nosotros le señalamos al Gobierno que era necesario avanzar en garantizar derechos para luego tener esta cotización obligatoria”, afirmó.
El proyecto de ley del Gobierno indica una gradualidad porcentual en el pago de cotizaciones en los próximos nueve años, además de privilegiar la previsión en salud en primer lugar y, al final, el sistema de pensiones. Mecanismo que para la parlamentaria Gael Yeomans no es más que un blanqueamiento del sistema, que no resuelve el problema de fondo, que son los derechos de estas personas.
Al respecto, la diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, criticó igualmente la aprobación de la pre normativa que obliga a Independientes a cotizar.
La también integrante de la comisión de trabajo señaló que esto “no viene a resolver el problema previsional, ni las lagunas, ni menos las paupérrimas pensiones que seguirán recibiendo los jubilados”.
“Yo lamento que el ministro Monckeberg no haya entendido que aquí lo más importante era la voluntariedad, si este proyecto es tan bueno y tan espectacular, por qué no entonces es voluntario y que cada trabajador y trabajadora elija si quiere cotizar o no. La peleamos y perdimos, y el proyecto fue aprobado, por tanto, lo que ocurrirá ahora es que el trabajador honorario va a tener que cotizar primero por salud y luego por AFP, a partir de la devolución de impuestos de abril del 2019”, argumentó.
Recordemos que desde este viernes se constituye una mesa donde participarán parlamentarios de dicha comisión, representantes del Ejecutivo, y dirigentes sindicales de trabajadores a honorarios de reparticiones públicas, quienes intentarán, por esta vía, conseguir el reconocimiento de derechos laborales no abordados en el recientemente aprobado proyecto de ley.
“Fue un error aprobar este proyecto de ley antes de discutir la reforma previsional que, igualmente, impulsa el Ejecutivo”.
Así de tajante fue la integrante de la Comisión de Trabajado de la Cámara de Diputados, Gael Yeomans, al referirse al visto bueno que dio el Legislativo a la prenormativa gubernamental, que obliga a los trabajadores independientes a cotizar en salud y pensión.
En entrevista con Radio Universidad de Chile, la parlamentaria del Frente Amplio precisó que lo más correcto habría sido postergar la aplicación de la ley vigente sobre pago obligatorio, con el fin de resolver, antes que todo, la actual condición de nula garantía de derechos que tienen los más de 300 mil trabajadoras y trabajadores que emiten boletas de honorarios.
“Sumado a este tema de las cotizaciones en salud, licencias médicas, que no las tienen aseguradas, porque a ellos no les consideran estas autorizaciones sanitarias en sus lugares de trabajo, entonces, estarían pagándolas en la cotización de salud, pero después no van a tener la prestación de servicio. En eso nosotros le señalamos al Gobierno que era necesario avanzar en garantizar derechos para luego tener esta cotización obligatoria”, afirmó.
El proyecto de ley del Gobierno indica una gradualidad porcentual en el pago de cotizaciones en los próximos nueve años, además de privilegiar la previsión en salud en primer lugar y, al final, el sistema de pensiones. Mecanismo que para la parlamentaria Gael Yeomans no es más que un blanqueamiento del sistema, que no resuelve el problema de fondo, que son los derechos de estas personas.
Al respecto, la diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, criticó igualmente la aprobación de la pre normativa que obliga a Independientes a cotizar.
La también integrante de la comisión de trabajo señaló que esto “no viene a resolver el problema previsional, ni las lagunas, ni menos las paupérrimas pensiones que seguirán recibiendo los jubilados”.
“Yo lamento que el ministro Monckeberg no haya entendido que aquí lo más importante era la voluntariedad, si este proyecto es tan bueno y tan espectacular, por qué no entonces es voluntario y que cada trabajador y trabajadora elija si quiere cotizar o no. La peleamos y perdimos, y el proyecto fue aprobado, por tanto, lo que ocurrirá ahora es que el trabajador honorario va a tener que cotizar primero por salud y luego por AFP, a partir de la devolución de impuestos de abril del 2019”, argumentó.
Recordemos que desde este viernes se constituye una mesa donde participarán parlamentarios de dicha comisión, representantes del Ejecutivo, y dirigentes sindicales de trabajadores a honorarios de reparticiones públicas, quienes intentarán, por esta vía, conseguir el reconocimiento de derechos laborales no abordados en el recientemente aprobado proyecto de ley.
