Hace una semana terminó la investigación del caso de Rodrigo Avilés, quien, el 21 de mayo de 2015 fue atacado por un carro lanza aguas de Carabineros mientras se manifestaba a las afueras del Congreso Nacional.
Como parte del proceso penal, este jueves se realizó la primera audiencia preparatoria del juicio oral en el Tribunal de Garantía de Valparaíso. En ella, los querellantes presentaron pruebas que exigen las declaraciones de altos funcionarios y ex funcionarios de Carabineros.
Así lo afirmó el abogado y padre de Rodrigo , Félix Avilés: “nosotros incorporamos como querellantes particulares otras pruebas que solicitaban que nosotros llamábamos a declarar a altos funcionarios de Carabineros de Chile, es decir, generales, coroneles y generales en retiro. Como es el caso del ex general Cartagena, que estaba a cargo de la fuerza especial en este hecho en Valparaíso, que termina con la agresión brutal contra Rodrigo y que se le pidió el retiro cuando asumió el ex General Director de Carabineros, Bruno Villalobos”.
Tres son las acusaciones con tres penas distintas contra el ex sargento de Carabineros Manuel Moya, quien operaba el pitón del carro lanza aguas que atacó a Rodrigo hace más de tres años.
De esta forma, el Ministerio Público lo acusa del delito de lesiones graves -pena de 541 días- y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de homicidio simple frustrado – pena de 15 años-. Por su parte, la familia lo acusa de violencia innecesaria, delito consagrado en el Código de Justicia Militar.
Para el padre de Rodrigo Avilés, el objetivo de este juicio “no es sólo la búsqueda de una pena por el hecho constitutivo de delito que hace el sargento Moya, sino que tiene que ser un punto de inflexión para las conductas violentas, agresivas y represoras de esta institución cuando se vincula con la ciudadanía en las manifestaciones de conflictos sociales. No puede ser que termine siempre, no solo no haciéndole caso a la Constitución y a las leyes, sino que lesionando a muchísima gente y también matando”.
Asimismo, para el abogado del INDH de Valparaíso, Fernando Martínez, deben aplicarse las sanciones correspondientes en cuanto a una violación de derechos humanos: “nosotros lo que estimamos es que el contexto en que se produce el delito de homicidio frustrado es una situación de uso excesivo de la fuerza y nos parece que ese contexto tiene que ser puesto en relevancia durante el juicio (…) El problema del uso de la fuerza excesiva causando violaciones de derechos humanos debe esclarecerse y aplicarse las sanciones que correspondan.
Además, el abogado agregó que, a pesar de que el uso de la fuerza por parte de Carabineros está permitido “está tiene limitaciones, no se puede hacer uso de ella de cualquier manera. Para que el uso de la fuerza sea legítimo y legal, tiene que sujetarse a los estándares internacionales de derechos humanos y respetar también la normativa interna (…) entre esos criterios y estándares están el de la proporcionalidad, el de la necesidad y el de la legitimidad del uso de la fuerza y, por lo tanto, a nosotros nos parece que estos criterios no solamente sean enseñados desde un punto de vista teórico en la formación de quienes harán uso de ella, sino que el entrenamiento para una labor tan compleja debe estar siempre renovándose”.
Finalmente, recordemos que en 2015, luego del impacto directo del chorro de agua que recibió Rodrigo Avilés y que produjo un golpe en su cabeza, el joven estuvo meses hospitalizado debido a su estado crítico de salud. Por otro lado, este caso provocó problemas para el pasado Gobierno de Michelle Bachelet, pues Carabineros no respetó los protocolos de actuación como también mintió acerca del procedimiento que se llevó a cabo ese día. Situaciones que generaron marchas y protestas contra el uso indiscriminado de la fuerza en manifestaciones sociales durante el 2015.
Hace una semana terminó la investigación del caso de Rodrigo Avilés, quien, el 21 de mayo de 2015 fue atacado por un carro lanza aguas de Carabineros mientras se manifestaba a las afueras del Congreso Nacional.
Como parte del proceso penal, este jueves se realizó la primera audiencia preparatoria del juicio oral en el Tribunal de Garantía de Valparaíso. En ella, los querellantes presentaron pruebas que exigen las declaraciones de altos funcionarios y ex funcionarios de Carabineros.
Así lo afirmó el abogado y padre de Rodrigo , Félix Avilés: “nosotros incorporamos como querellantes particulares otras pruebas que solicitaban que nosotros llamábamos a declarar a altos funcionarios de Carabineros de Chile, es decir, generales, coroneles y generales en retiro. Como es el caso del ex general Cartagena, que estaba a cargo de la fuerza especial en este hecho en Valparaíso, que termina con la agresión brutal contra Rodrigo y que se le pidió el retiro cuando asumió el ex General Director de Carabineros, Bruno Villalobos”.
Tres son las acusaciones con tres penas distintas contra el ex sargento de Carabineros Manuel Moya, quien operaba el pitón del carro lanza aguas que atacó a Rodrigo hace más de tres años.
De esta forma, el Ministerio Público lo acusa del delito de lesiones graves -pena de 541 días- y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de homicidio simple frustrado – pena de 15 años-. Por su parte, la familia lo acusa de violencia innecesaria, delito consagrado en el Código de Justicia Militar.
Para el padre de Rodrigo Avilés, el objetivo de este juicio “no es sólo la búsqueda de una pena por el hecho constitutivo de delito que hace el sargento Moya, sino que tiene que ser un punto de inflexión para las conductas violentas, agresivas y represoras de esta institución cuando se vincula con la ciudadanía en las manifestaciones de conflictos sociales. No puede ser que termine siempre, no solo no haciéndole caso a la Constitución y a las leyes, sino que lesionando a muchísima gente y también matando”.
Asimismo, para el abogado del INDH de Valparaíso, Fernando Martínez, deben aplicarse las sanciones correspondientes en cuanto a una violación de derechos humanos: “nosotros lo que estimamos es que el contexto en que se produce el delito de homicidio frustrado es una situación de uso excesivo de la fuerza y nos parece que ese contexto tiene que ser puesto en relevancia durante el juicio (…) El problema del uso de la fuerza excesiva causando violaciones de derechos humanos debe esclarecerse y aplicarse las sanciones que correspondan.
Además, el abogado agregó que, a pesar de que el uso de la fuerza por parte de Carabineros está permitido “está tiene limitaciones, no se puede hacer uso de ella de cualquier manera. Para que el uso de la fuerza sea legítimo y legal, tiene que sujetarse a los estándares internacionales de derechos humanos y respetar también la normativa interna (…) entre esos criterios y estándares están el de la proporcionalidad, el de la necesidad y el de la legitimidad del uso de la fuerza y, por lo tanto, a nosotros nos parece que estos criterios no solamente sean enseñados desde un punto de vista teórico en la formación de quienes harán uso de ella, sino que el entrenamiento para una labor tan compleja debe estar siempre renovándose”.
Finalmente, recordemos que en 2015, luego del impacto directo del chorro de agua que recibió Rodrigo Avilés y que produjo un golpe en su cabeza, el joven estuvo meses hospitalizado debido a su estado crítico de salud. Por otro lado, este caso provocó problemas para el pasado Gobierno de Michelle Bachelet, pues Carabineros no respetó los protocolos de actuación como también mintió acerca del procedimiento que se llevó a cabo ese día. Situaciones que generaron marchas y protestas contra el uso indiscriminado de la fuerza en manifestaciones sociales durante el 2015.
Hace una semana terminó la investigación del caso de Rodrigo Avilés, quien, el 21 de mayo de 2015 fue atacado por un carro lanza aguas de Carabineros mientras se manifestaba a las afueras del Congreso Nacional.
Como parte del proceso penal, este jueves se realizó la primera audiencia preparatoria del juicio oral en el Tribunal de Garantía de Valparaíso. En ella, los querellantes presentaron pruebas que exigen las declaraciones de altos funcionarios y ex funcionarios de Carabineros.
Así lo afirmó el abogado y padre de Rodrigo , Félix Avilés: “nosotros incorporamos como querellantes particulares otras pruebas que solicitaban que nosotros llamábamos a declarar a altos funcionarios de Carabineros de Chile, es decir, generales, coroneles y generales en retiro. Como es el caso del ex general Cartagena, que estaba a cargo de la fuerza especial en este hecho en Valparaíso, que termina con la agresión brutal contra Rodrigo y que se le pidió el retiro cuando asumió el ex General Director de Carabineros, Bruno Villalobos”.
Tres son las acusaciones con tres penas distintas contra el ex sargento de Carabineros Manuel Moya, quien operaba el pitón del carro lanza aguas que atacó a Rodrigo hace más de tres años.
De esta forma, el Ministerio Público lo acusa del delito de lesiones graves -pena de 541 días- y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de homicidio simple frustrado – pena de 15 años-. Por su parte, la familia lo acusa de violencia innecesaria, delito consagrado en el Código de Justicia Militar.
Para el padre de Rodrigo Avilés, el objetivo de este juicio “no es sólo la búsqueda de una pena por el hecho constitutivo de delito que hace el sargento Moya, sino que tiene que ser un punto de inflexión para las conductas violentas, agresivas y represoras de esta institución cuando se vincula con la ciudadanía en las manifestaciones de conflictos sociales. No puede ser que termine siempre, no solo no haciéndole caso a la Constitución y a las leyes, sino que lesionando a muchísima gente y también matando”.
Asimismo, para el abogado del INDH de Valparaíso, Fernando Martínez, deben aplicarse las sanciones correspondientes en cuanto a una violación de derechos humanos: “nosotros lo que estimamos es que el contexto en que se produce el delito de homicidio frustrado es una situación de uso excesivo de la fuerza y nos parece que ese contexto tiene que ser puesto en relevancia durante el juicio (…) El problema del uso de la fuerza excesiva causando violaciones de derechos humanos debe esclarecerse y aplicarse las sanciones que correspondan.
Además, el abogado agregó que, a pesar de que el uso de la fuerza por parte de Carabineros está permitido “está tiene limitaciones, no se puede hacer uso de ella de cualquier manera. Para que el uso de la fuerza sea legítimo y legal, tiene que sujetarse a los estándares internacionales de derechos humanos y respetar también la normativa interna (…) entre esos criterios y estándares están el de la proporcionalidad, el de la necesidad y el de la legitimidad del uso de la fuerza y, por lo tanto, a nosotros nos parece que estos criterios no solamente sean enseñados desde un punto de vista teórico en la formación de quienes harán uso de ella, sino que el entrenamiento para una labor tan compleja debe estar siempre renovándose”.
Finalmente, recordemos que en 2015, luego del impacto directo del chorro de agua que recibió Rodrigo Avilés y que produjo un golpe en su cabeza, el joven estuvo meses hospitalizado debido a su estado crítico de salud. Por otro lado, este caso provocó problemas para el pasado Gobierno de Michelle Bachelet, pues Carabineros no respetó los protocolos de actuación como también mintió acerca del procedimiento que se llevó a cabo ese día. Situaciones que generaron marchas y protestas contra el uso indiscriminado de la fuerza en manifestaciones sociales durante el 2015.
