Promulgada en 2016 y sin que aún entre en vigencia en todo el país, el Sistema de Admisión Escolar (SAE), consagrado en la Ley de Inclusión, podría sufrir modificaciones.
La Ministra de Educación, Marcela Cubillos, anunció que esta semana presentará un proyecto de ley al Congreso que pretende volver al antiguo método de selección por mérito a través de pruebas de admisión.
La selección de alumnos por meritocracia anticipa un debate intenso en el Parlamento, especialmente en la Comisión de Educación de la Cámara Baja.
Al respecto, Gonzalo Winter, integrante de la instancia y diputado del Frente Amplio, precisó que es erróneo hablar de mérito académico.
El militante del Movimiento Autonomista sostuvo que nos autoengañamos, tomando en cuenta la comparación entre un niño que proviene de una familia de escasos recursos, con otro, por ejemplo, de Vitacura, que va a un prekinder privado.
“La implementación del nuevo sistema de admisión en las regiones correspondientes ha sido relativamente exitoso. La derecha siempre ha entendido que el problema de la educación es un tema de segregación, para que los buenos queden a un lado y los malos a otro, generando un mercado de la educación donde lo público es el remanente. Nosotros, por el contrario, entendemos que lo público debiese ser la norma general, porque cuando hacemos política pública la tenemos que hacer para todos y no para un grupo selecto”, afirmó.
Destacar que, en junio de 2018, la UDI habría presentado la propuesta al otrora ministro de Educación Gerardo Varela, quien no respaldó la iniciativa, sin embargo, la actual secretaria de Estado y militante del partido oficialista, sí dio luz verde al proyecto que modifica el SAE.
Para el académico e investigador del Observatorio Chileno de Políticas Educativa (OPECH), Mario Sobarzo, la aprobación de la iniciativa sería un retroceso para el espíritu de la Ley vigente, que tiene por finalidad generar condiciones de igualdad entre los estudiantes, especialmente, aquellos que viven en sectores marginados del país.
“Esto que pretende hacer la ministra es generar más mecanismos de selección espurios, validando doblemente este sistema de selección, que, por un lado, ya lo hace por género, y ahora pretende beneficiar a los mejores. Esto es contrario a lo que han sido las luchas estudiantiles e inverso a lo que logramos conseguir como sociedad, que ha costado tanto, y que en fondo se olvida por una posición personal de la ministra, lo cual esperamos que se revierta, porque esto no ayuda al sistema educativo”, argumentó.
En tanto, para el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, esta no es más que otra iniciativa “efectista” del Gobierno.
Precisó que el camino para concretar una solución de fondo no es volver a la exclusión o beneficiar a unos pocos, sino que fortalecer la educación pública en su conjunto.
“Hacen mucho revuelo con el tema de la tómbola que, efectivamente, es limitante para muchas familias donde sus hijos entran a un sistema aleatorio, pero por ejemplo antes, en el Instituto Nacional postulaban cuatro mil estudiantes y había 700 cupos, por lo tanto, gente que no queda en los colegios deseados, siempre ha habido, eso es parte del modelo segregado de nuestro sistema educacional. Existen pocos colegios que tienen prestigio y el resto está alejado de buenas políticas educacionales”, subrayó.
Recordemos que la Ley de Inclusión, además de poner fin al copago y el lucro en establecimientos educacionales que reciben financiamiento Estatal, termina con la selección por mérito académico y exámenes de admisión, Instalando el Mineduc una plataforma centralizada, única, donde los apoderados pueden elegir y postular en colegios de su preferencia, y que hoy está vigente en 14 de las 16 regiones del país.
Según informes del propio ministerio, el 82 por ciento del total de los padres y apoderados que recientemente postularon a estudiantes quedaron conformes con la inscripción en el colegio de su preferencia, sin embargo, hubo personas que reclamaron porque sus hijos no fueron optados en los establecimientos que querían. Razón por la cual el Gobierno habría reflotado el proyecto de ley que modificaría el sistema de selección.