Fue a mediados del 2018 -en plena investigación por encubrimiento de abusos sexuales al actual arzobispo metropolitano de Santiago, Ricardo Ezzati- cuando la senadora DC, Ximena Rincón, presentó junto a Adriana Muñoz, un proyecto de ley que buscaba revocar la nacionalidad chilena que por gracia recibió Ezzati en el año 2006.
Este lunes 7 de enero, dicho proyecto dio un paso importante al ser aprobado por unanimidad en la Comisión de Derechos Humanos, que a su vez preside la senadora Muñoz.
El precedente más cercano a lo ocurrido fue la reciente remoción de la nacionalidad del sacerdote John O’Reilly, luego de haber cumplido la condena que el Tribunal Penal Oral de Santiago le aplicó en el año 2014. Sin embargo, según explicó a Radio y Diario Universidad de Chile la académica de la Universidad Católica, Claudia Leal, es justamente este detalle el que marca una diferencia con la situación de Ezzati.
“En el caso de John O’Reilly había una sentencia ejecutoriada que justificaba la decisión parlamentaria. En cambio, ahora se trata más bien de un motu proprio de algún grupo de parlamentarios que pone en movimiento esta iniciativa de quitarle a Ezzati una nacionalidad que le había sido dada en reconocimiento a lo que él había desplegado en el sur de Chile, la mediación que había hecho en el pueblo mapuche”, comentó Leal.
Aunque la académica fue impetuosa en mencionar que este proyecto es estrictamente de carácter legislativo e independiente del proceso judicial liderado por el fiscal Emiliano Arias, también recalcó su inminente impacto sobre las víctimas.
Juan Carlos Claret, exvocero y miembro de la Asociación Laicos de Osorno, se refirió también a esta situación y señaló que la nacionalización por gracia a Ezzati, al parecer, fue más “un juego de favores que un reconocimiento a su trabajo”
“Yo he presenciado la risa de los obispos ante las víctimas de abuso, eso ya son razones suficientes para quitar la nacionalidad indistintamente de cuál sea la suerte judicial de Ezzati”, enfatizó Claret.
A su vez, Claret recordó que el proceso de investigación por el que se imputa a Ezzati y que el próximo 30 de enero decidirá su sobreseimiento, marca un precedente en Chile, ya que nunca se había tocado a un obispo de alta esfera por delito de encubrimiento.
Cabe destacar que el proyecto aprobado contó con los votos de los senadores Juan Ignacio Latorre (RD), Alejandro Navarro (PRO) y Adriana Muñoz (PPD). Mientras tanto, Jacqueline van Rysselberghe (UDI) y Felipe Kast (Evópoli) no asistieron a la sesión.
Para que esta iniciativa pueda convertirse en ley, deberá debatirse tanto en la Sala del Senado como en la Cámara Baja. Claudia Leal afirmó que es solo cuestión de tiempo para suceda así, ya que, de no aprobarse, según indicó, “van a tener que dar muchísimas más explicaciones”.
Fue a mediados del 2018 -en plena investigación por encubrimiento de abusos sexuales al actual arzobispo metropolitano de Santiago, Ricardo Ezzati- cuando la senadora DC, Ximena Rincón, presentó junto a Adriana Muñoz, un proyecto de ley que buscaba revocar la nacionalidad chilena que por gracia recibió Ezzati en el año 2006.
Este lunes 7 de enero, dicho proyecto dio un paso importante al ser aprobado por unanimidad en la Comisión de Derechos Humanos, que a su vez preside la senadora Muñoz.
El precedente más cercano a lo ocurrido fue la reciente remoción de la nacionalidad del sacerdote John O’Reilly, luego de haber cumplido la condena que el Tribunal Penal Oral de Santiago le aplicó en el año 2014. Sin embargo, según explicó a Radio y Diario Universidad de Chile la académica de la Universidad Católica, Claudia Leal, es justamente este detalle el que marca una diferencia con la situación de Ezzati.
“En el caso de John O’Reilly había una sentencia ejecutoriada que justificaba la decisión parlamentaria. En cambio, ahora se trata más bien de un motu proprio de algún grupo de parlamentarios que pone en movimiento esta iniciativa de quitarle a Ezzati una nacionalidad que le había sido dada en reconocimiento a lo que él había desplegado en el sur de Chile, la mediación que había hecho en el pueblo mapuche”, comentó Leal.
Aunque la académica fue impetuosa en mencionar que este proyecto es estrictamente de carácter legislativo e independiente del proceso judicial liderado por el fiscal Emiliano Arias, también recalcó su inminente impacto sobre las víctimas.
Juan Carlos Claret, exvocero y miembro de la Asociación Laicos de Osorno, se refirió también a esta situación y señaló que la nacionalización por gracia a Ezzati, al parecer, fue más “un juego de favores que un reconocimiento a su trabajo”
“Yo he presenciado la risa de los obispos ante las víctimas de abuso, eso ya son razones suficientes para quitar la nacionalidad indistintamente de cuál sea la suerte judicial de Ezzati”, enfatizó Claret.
A su vez, Claret recordó que el proceso de investigación por el que se imputa a Ezzati y que el próximo 30 de enero decidirá su sobreseimiento, marca un precedente en Chile, ya que nunca se había tocado a un obispo de alta esfera por delito de encubrimiento.
Cabe destacar que el proyecto aprobado contó con los votos de los senadores Juan Ignacio Latorre (RD), Alejandro Navarro (PRO) y Adriana Muñoz (PPD). Mientras tanto, Jacqueline van Rysselberghe (UDI) y Felipe Kast (Evópoli) no asistieron a la sesión.
Para que esta iniciativa pueda convertirse en ley, deberá debatirse tanto en la Sala del Senado como en la Cámara Baja. Claudia Leal afirmó que es solo cuestión de tiempo para suceda así, ya que, de no aprobarse, según indicó, “van a tener que dar muchísimas más explicaciones”.
Fue a mediados del 2018 -en plena investigación por encubrimiento de abusos sexuales al actual arzobispo metropolitano de Santiago, Ricardo Ezzati- cuando la senadora DC, Ximena Rincón, presentó junto a Adriana Muñoz, un proyecto de ley que buscaba revocar la nacionalidad chilena que por gracia recibió Ezzati en el año 2006.
Este lunes 7 de enero, dicho proyecto dio un paso importante al ser aprobado por unanimidad en la Comisión de Derechos Humanos, que a su vez preside la senadora Muñoz.
El precedente más cercano a lo ocurrido fue la reciente remoción de la nacionalidad del sacerdote John O’Reilly, luego de haber cumplido la condena que el Tribunal Penal Oral de Santiago le aplicó en el año 2014. Sin embargo, según explicó a Radio y Diario Universidad de Chile la académica de la Universidad Católica, Claudia Leal, es justamente este detalle el que marca una diferencia con la situación de Ezzati.
“En el caso de John O’Reilly había una sentencia ejecutoriada que justificaba la decisión parlamentaria. En cambio, ahora se trata más bien de un motu proprio de algún grupo de parlamentarios que pone en movimiento esta iniciativa de quitarle a Ezzati una nacionalidad que le había sido dada en reconocimiento a lo que él había desplegado en el sur de Chile, la mediación que había hecho en el pueblo mapuche”, comentó Leal.
Aunque la académica fue impetuosa en mencionar que este proyecto es estrictamente de carácter legislativo e independiente del proceso judicial liderado por el fiscal Emiliano Arias, también recalcó su inminente impacto sobre las víctimas.
Juan Carlos Claret, exvocero y miembro de la Asociación Laicos de Osorno, se refirió también a esta situación y señaló que la nacionalización por gracia a Ezzati, al parecer, fue más “un juego de favores que un reconocimiento a su trabajo”
“Yo he presenciado la risa de los obispos ante las víctimas de abuso, eso ya son razones suficientes para quitar la nacionalidad indistintamente de cuál sea la suerte judicial de Ezzati”, enfatizó Claret.
A su vez, Claret recordó que el proceso de investigación por el que se imputa a Ezzati y que el próximo 30 de enero decidirá su sobreseimiento, marca un precedente en Chile, ya que nunca se había tocado a un obispo de alta esfera por delito de encubrimiento.
Cabe destacar que el proyecto aprobado contó con los votos de los senadores Juan Ignacio Latorre (RD), Alejandro Navarro (PRO) y Adriana Muñoz (PPD). Mientras tanto, Jacqueline van Rysselberghe (UDI) y Felipe Kast (Evópoli) no asistieron a la sesión.
Para que esta iniciativa pueda convertirse en ley, deberá debatirse tanto en la Sala del Senado como en la Cámara Baja. Claudia Leal afirmó que es solo cuestión de tiempo para suceda así, ya que, de no aprobarse, según indicó, “van a tener que dar muchísimas más explicaciones”.
