La normativa original aprobada de manera trasversal en el Congreso prohíbe el uso de la técnica de arrastre y establece la potera o línea de mano como único método para extraer el calamar. Sin embargo, el ministro de Economía, José Ramón Valente, anunció lo que pescadores artesanales anticipaban a través de sus acciones de protesta: modificar la ley añadiendo el uso del cerco.

Se trata de un tipo de pesca industrial que usa las redes de cerco para capturar a los peces o especies que circulan en masa en la denominada zona pelágica.

Este método de extracción consiste en ubicar el cardumen, determinando rumbo y velocidad, procediendo luego a soltar la red haciendo un círculo alrededor del banco, seguidamente se cierra el fondo de la malla capturando la especie.

Para este mecanismo de pesca se utiliza exclusivamente la panga o lancha pequeña de gran motor. Alternativa propuesta que causó el rechazo de los gremios industriales.

En ese contexto, este jueves el presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca F.G), Osciel Velázquez, indicó que la técnica del cerco resulta inviable, ya que las compañías no utilizan este tipo de nave, sino que unas de mucho mayor envergadura.

El representante de Sonapesca aseveró además que “el sistema de arrastre no genera impactos”, ya que aseguró, la jibia se extrae “a media agua”, a más de 200 metros del fondo marino, sin generar daños a la biomasa que habita en la base.

“El Gobierno tiene que reconocer que la pesca de arrastre es un método que está validado en el mundo. El 97,5 por ciento de las áreas de Chile donde se práctica es arena y fango, hay pesquerías certificadas de arrastre, como para la extracción de crustáceos, que son validadas a nivel internacional. Por tanto, el Ejecutivo tiene que aportar con medidas validadas científicamente, que se hagan estudios serios que recomienden, por ejemplo, las universidades, sobre cuál es el mejor camino para administrar nuestras pesquerías”, subrayó.

Desde el Congreso, en tanto, parlamentarios de oposición así como oficialistas rechazaron el veto presidencial aditivo.

El senador por la región de Valparaíso, el RN Francisco Chahuán, anunció que se opondrá en Sala a la decisión del Ejecutivo.

“Esta es una mala señal, desde el punto de vista de haber cedido a una presión que se estaba originando en la zona sur del país. Tal como nosotros aprobamos la ley, para que la captura de la jibia solo sea manejada por pescadores artesanales, estableciendo nuevas artes de pesca, volvemos a insistir para que el Gobierno reevalúe este anuncio de veto porque, claramente, está afectando a los más vulnerables, a los pescadores artesanales de nuestra región”, afirmó.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Pesca del Senado, Rabindranath Quinteros, valoró el hecho de que el Ejecutivo no haya acudido al Tribunal Constitucional para truncar la aprobada legislación.

El parlamentario socialista por la región de Los Lagos precisó que, además de conocer el detalle del texto que enviará el Gobierno al Congreso -el que agrega un artículo o capítulo a la Ley de la Jibia-, analizará los caminos a seguir para desestimar la propuesta presidencial.

“Yo voy a defender mi posición y la posición del Congreso Nacional que aprobó la pesca de línea de mano, porque el texto dice una cosa, pero en un tiempo más se van a introducir ciertas modificaciones, eso lo quiero ver en su contexto oficial. Lo importante para mí es que el Ejecutivo respeta la eliminación de la pesca de arrastre y eso significa que también respeta que este mecanismo es nocivo para nuestro ecosistema”, argumentó.

Recordemos que, según la Constitución, la única posibilidad de que las cámaras insistan en el proyecto original que aprobaron, es rechazando el veto presidencial adicional, pero se necesita el voto de dos tercios de los diputados y senadores en ejercicio. Para eso hay un plazo de 30 días, según dispone la norma.

Mientras, pescadores artesanales, principalmente de las regiones del Biobío y Los Ríos, continúanrealizando acciones de protesta en contra de las anunciadas modificaciones a la Ley de la Jibia.

En Concepción, más de mil 500 personas marcharon desde el puente Llacolén hasta la Intendencia regional, donde expresaron su molestia ante el anuncio del ministro de Economía.

Precisamente José Ramón Valente se reunió, este jueves, con representantes nacionales de trabajadores de la industria pesquera.

El objetivo de la cita, según la autoridad, fue explicar a los dirigentes el contenido del veto presidencial aditivo y recabar las inquietudes del sector.

El Ejecutivo considera la creación de una mesa de trabajo para estudiar y perfeccionar a futuro la normativa que regula la captura del calamar.