Comisión investigadora por Quintero recomienda paralizar concesiones en la bahía
Responsabilidades políticas, escasa colaboración del Estado y una legislación permisiva con las industrias contaminantes, son algunas de las conclusiones que se plasman en el informe entregado por la instancia parlamentaria surgida a raíz de las intoxicaciones masivas sufridas por los habitantes de las localidades costeras.
Diario Uchile
Viernes 25 de enero 2019 16:29 hrs.
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La Cámara de Diputados aprobó este jueves de forma unánime el informe emanado desde la Comisión Especial Investigadora por la alta contaminación en Concón, Quintero y Puchuncaví.
La instancia parlamentaria fue impulsada luego de ocurridos los reiterados y graves hechos de intoxicación masiva, por presencia de químicos tóxicos que afectaron a los habitantes de las localidades costeras de la región de Valparaíso, entre agosto y septiembre del año pasado.
El presidente de la Comisión, diputado del Frente Amplio Diego Ibañez, indicó que el documento establece que existió “incapacidad y falta de voluntad política” por parte de las autoridades de Gobierno, tanto de la anterior administración como la actual, que preside Sebastián Piñera.
“Hay una responsabilidad política del Ejecutivo, es decir, del ministro de Salud, la ministra de Medio Ambiente, pero también de los representantes regionales como el intendente Jorge Martínez y el seremi de Salud, quienes cometieron muchos errores. Por ejemplo, el no haber detenido nunca ni una empresa, siendo que habían más de 500 niñas, niños y adolescentes intoxicados. También por haber levantado una alerta amarilla, y que al día siguiente hayan llegado otros cientos de chicos y chicas afectados al hospital de Quintero. Eso constituye para nosotros un error”, afirmó.
La Comisión investigadora estableció además que los ex ministros de Medio Ambiente, Pablo Badenier, Marcelo Mena y sus respectivos subsecretarios, tuvieron responsabilidad política en los hechos de intoxicación masiva, producto de la fallida presentación del plan de descontaminación para Quintero y Puchuncaví, que fue objetado por Contraloría en 2017 por no ajustarse a derecho.
El presidente de la instancia parlamentaria, Diego Ibáñez, informó que dentro de las propuestas que se hacen a la administración central están, la urgencia de firmar el tratado de Escazú y homologar la norma ambiental chilena a los estándares internacionales, ya que, a su juicio, el reglamento vigente ampara a las empresas contaminantes, pese a su responsabilidad directa en los hechos que afectaron a cientos de personas.
“Hay una clara conexión entre la vulneración de derechos y la contaminación empresarial. Las industrias en la comisión declararon que ellos cumplen con la norma, lamentablemente el reglamento no permite establecer una relación de causalidad entre la toxicidad y la misma empresa como personalidad jurídica. En ese sentido es necesario avanzar en la norma para que no sea permisiva, que, por ejemplo, la carga de la prueba esté en manos de las comunidades que no tienen dinero para pagar un abogado, sino que sean las mismas compañías quienes tenga que decir que las intoxicaciones no fueron propiedad de ellas”, argumentó.
El informe emanado de la comisión investigadora, también recomienda la paralización inmediata e indefinida de todos los proyectos y permisos que se hayan otorgado o estén en curso, por parte de las autoridades competentes, para nuevas concesiones en la Bahía de Quintero.
El documento también estableció responsabilidades históricas de las autoridades regionales, debido a falencias en el Plan Regulador Metropolitano del Gran Valparaíso (PREMVAL). Estas se refieren a la excesiva concentración de industrias autorizadas para establecerse en las inmediaciones en zonas pobladas de Quintero y Puchuncaví.
La Cámara de Diputados aprobó este jueves de forma unánime el informe emanado desde la Comisión Especial Investigadora por la alta contaminación en Concón, Quintero y Puchuncaví.
La instancia parlamentaria fue impulsada luego de ocurridos los reiterados y graves hechos de intoxicación masiva, por presencia de químicos tóxicos que afectaron a los habitantes de las localidades costeras de la región de Valparaíso, entre agosto y septiembre del año pasado.
El presidente de la Comisión, diputado del Frente Amplio Diego Ibañez, indicó que el documento establece que existió “incapacidad y falta de voluntad política” por parte de las autoridades de Gobierno, tanto de la anterior administración como la actual, que preside Sebastián Piñera.
“Hay una responsabilidad política del Ejecutivo, es decir, del ministro de Salud, la ministra de Medio Ambiente, pero también de los representantes regionales como el intendente Jorge Martínez y el seremi de Salud, quienes cometieron muchos errores. Por ejemplo, el no haber detenido nunca ni una empresa, siendo que habían más de 500 niñas, niños y adolescentes intoxicados. También por haber levantado una alerta amarilla, y que al día siguiente hayan llegado otros cientos de chicos y chicas afectados al hospital de Quintero. Eso constituye para nosotros un error”, afirmó.
La Comisión investigadora estableció además que los ex ministros de Medio Ambiente, Pablo Badenier, Marcelo Mena y sus respectivos subsecretarios, tuvieron responsabilidad política en los hechos de intoxicación masiva, producto de la fallida presentación del plan de descontaminación para Quintero y Puchuncaví, que fue objetado por Contraloría en 2017 por no ajustarse a derecho.
El presidente de la instancia parlamentaria, Diego Ibáñez, informó que dentro de las propuestas que se hacen a la administración central están, la urgencia de firmar el tratado de Escazú y homologar la norma ambiental chilena a los estándares internacionales, ya que, a su juicio, el reglamento vigente ampara a las empresas contaminantes, pese a su responsabilidad directa en los hechos que afectaron a cientos de personas.
“Hay una clara conexión entre la vulneración de derechos y la contaminación empresarial. Las industrias en la comisión declararon que ellos cumplen con la norma, lamentablemente el reglamento no permite establecer una relación de causalidad entre la toxicidad y la misma empresa como personalidad jurídica. En ese sentido es necesario avanzar en la norma para que no sea permisiva, que, por ejemplo, la carga de la prueba esté en manos de las comunidades que no tienen dinero para pagar un abogado, sino que sean las mismas compañías quienes tenga que decir que las intoxicaciones no fueron propiedad de ellas”, argumentó.
El informe emanado de la comisión investigadora, también recomienda la paralización inmediata e indefinida de todos los proyectos y permisos que se hayan otorgado o estén en curso, por parte de las autoridades competentes, para nuevas concesiones en la Bahía de Quintero.
El documento también estableció responsabilidades históricas de las autoridades regionales, debido a falencias en el Plan Regulador Metropolitano del Gran Valparaíso (PREMVAL). Estas se refieren a la excesiva concentración de industrias autorizadas para establecerse en las inmediaciones en zonas pobladas de Quintero y Puchuncaví.
La Cámara de Diputados aprobó este jueves de forma unánime el informe emanado desde la Comisión Especial Investigadora por la alta contaminación en Concón, Quintero y Puchuncaví.
La instancia parlamentaria fue impulsada luego de ocurridos los reiterados y graves hechos de intoxicación masiva, por presencia de químicos tóxicos que afectaron a los habitantes de las localidades costeras de la región de Valparaíso, entre agosto y septiembre del año pasado.
El presidente de la Comisión, diputado del Frente Amplio Diego Ibañez, indicó que el documento establece que existió “incapacidad y falta de voluntad política” por parte de las autoridades de Gobierno, tanto de la anterior administración como la actual, que preside Sebastián Piñera.
“Hay una responsabilidad política del Ejecutivo, es decir, del ministro de Salud, la ministra de Medio Ambiente, pero también de los representantes regionales como el intendente Jorge Martínez y el seremi de Salud, quienes cometieron muchos errores. Por ejemplo, el no haber detenido nunca ni una empresa, siendo que habían más de 500 niñas, niños y adolescentes intoxicados. También por haber levantado una alerta amarilla, y que al día siguiente hayan llegado otros cientos de chicos y chicas afectados al hospital de Quintero. Eso constituye para nosotros un error”, afirmó.
La Comisión investigadora estableció además que los ex ministros de Medio Ambiente, Pablo Badenier, Marcelo Mena y sus respectivos subsecretarios, tuvieron responsabilidad política en los hechos de intoxicación masiva, producto de la fallida presentación del plan de descontaminación para Quintero y Puchuncaví, que fue objetado por Contraloría en 2017 por no ajustarse a derecho.
El presidente de la instancia parlamentaria, Diego Ibáñez, informó que dentro de las propuestas que se hacen a la administración central están, la urgencia de firmar el tratado de Escazú y homologar la norma ambiental chilena a los estándares internacionales, ya que, a su juicio, el reglamento vigente ampara a las empresas contaminantes, pese a su responsabilidad directa en los hechos que afectaron a cientos de personas.
“Hay una clara conexión entre la vulneración de derechos y la contaminación empresarial. Las industrias en la comisión declararon que ellos cumplen con la norma, lamentablemente el reglamento no permite establecer una relación de causalidad entre la toxicidad y la misma empresa como personalidad jurídica. En ese sentido es necesario avanzar en la norma para que no sea permisiva, que, por ejemplo, la carga de la prueba esté en manos de las comunidades que no tienen dinero para pagar un abogado, sino que sean las mismas compañías quienes tenga que decir que las intoxicaciones no fueron propiedad de ellas”, argumentó.
El informe emanado de la comisión investigadora, también recomienda la paralización inmediata e indefinida de todos los proyectos y permisos que se hayan otorgado o estén en curso, por parte de las autoridades competentes, para nuevas concesiones en la Bahía de Quintero.
El documento también estableció responsabilidades históricas de las autoridades regionales, debido a falencias en el Plan Regulador Metropolitano del Gran Valparaíso (PREMVAL). Estas se refieren a la excesiva concentración de industrias autorizadas para establecerse en las inmediaciones en zonas pobladas de Quintero y Puchuncaví.
