El pasado 23 de octubre, Paulo Slachevsky, representante legal de LOM Ediciones -socia de Editores de Chile- presentó un requerimiento en la Contraloría para acusar poca transparencia en el segundo y más reciente proceso de compras públicas de libros para bibliotecas escolares, realizada por el Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA), dependiente de la Subsecretaría de Educación del Ministerio de Educación.

¿Qué es lo que pasó? Los procesos de compras públicas se llevan a cabo a través de Convenios Marco, mecanismo establecido por el Estado, con el fin de garantizar pluralidad y sobre todo transparencia en la adquisición de diversos productos o servicios que el mismo requiere en distintas áreas, y en los cuales están inscritos diversos proveedores. En este caso, el 16 de agosto de este año la Subsecretaría de Educación publicó una Intención de Compra, señalando que podrían participar aquellos proveedores que tuvieran “catalogados” sus productos.

El catálogo es un mecanismo legal que permite la actualización de las listas de ofertas de bienes y servicios, sin embargo, en este llamado se excluyó a priori a miembros del convenio pertinente para la presentación de muestras en base a la que se haría una selección previa a la catalogación. Así, la elección de 76 títulos se hizo de una manera poco transparente y arbitraria. “La Subsecretaría operó de manera opaca y con abierta falta al principio de igualdad de los oferentes, ya que en esta etapa sólo convocó a algunos de los proveedores del Convenio Marco para que presentaran muestras de libros en atención a las áreas o temas planteados por el mencionado organismo público, los que fueron elegidos a través de un procedimiento desconocido, no reglado y a toda luces arbitrario, del cual no tuvimos conocimiento a pesar de ser proveedores del Convenio Marco antes individualizado”, se explica en el documento presentado ante la Contraloría.

Lo anterior, además de excluir arbitrariamente a algunos actores, de contravenir normas de las bases administrativas que fijan que se debe informar a todos y que el comprador no podrá adicionar nuevos criterios en dicha etapa, no da cabal cumplimiento de las leyes 19.880 y 19.886, en sus principios de imparcialidad, transparencia, publicidad, de buscar la oferta más conveniente, entre otros aspectos.

Para aclarar qué había ocurrido en este proceso, miembros de Editores de Chile presentaron dos requerimientos por Ley de Transparencia al Ministerio de Educación, obteniendo respuestas ambiguas y poco satisfactorias. Editores de Chile -asociación gremial que reúne a 77 editoriales independientes, posicionándose como las grande del país- respalda firme y comprometidamente ambas solicitudes y el recurso interpuesto por LOM en la Contraloría.

Cabe señalar que en la primera adquisición de 2018 del CRA se invirtieron $4.113.915.649 en 475.892 ejemplares, que pueden llegar a las más de 11 mil bibliotecas escolares: 8.547 en educación básica, 2.429 en educación media y a 103 en educación especial, en escuelas y liceos de dependencia particular subvencionada y municipal.

¿Por qué esta compra en particular es de importancia?

“Cuando son compras de libros para bibliotecas escolares, estamos hablando de lo que leerán los niños en los colegios de Chile y ello es, sin duda, muy importante”, explica Paulo Slachevsky. Y agrega: “Las compras públicas en esta materia son a su vez un factor central para democratizar el libro, para facilitar su acceso y promover la lectura entre los estudiantes, como también para fortalecer el ecosistema del libro en Chile, lo que contribuye a generar un círculo virtuoso que potencie la producción intelectual local”. Pero no es lo único: “Cómo no considerar la cercanía y proximidad con los autores, el lenguaje y los temas tratados, como un factor de pertinencia, que promueve la aproximación y curiosidad de los niños y jóvenes con los libros”, concluye.

No sólo es importante qué se compra, sino que también cómo: “Nos parece que no es aceptable que solamente algunos proveedores o editores sean contactados, que no se sepa bien cómo proceden, que al final exista un velo en gran parte del proceso de selección y de compra. Eso no le hace bien a la cultura, no le hace bien al país”, comenta el fundador de LOM.

En tanto, Beatriz García-Huidobro, profesora, psicopedagoga, escritora, editora de la Universidad Alberto Hurtado y miembro del directorio de Editores de Chile, refuerza la importancia de la transparencia, y destaca los efectos que esto tiene en cuanto a educación: “A nosotros como asociación nos importa mucho la transparencia y la posibilidad de participar de manera justa entre los diferentes actores, donde sea la calidad del libro y su pertinencia lo que prime por encima de otros parámetros. Creo que esta acción de solicitar una revisión ha sido necesaria para despejar la cancha y permitir que las diferentes editoriales participen en igualdad de condiciones. Confiamos que haya una respuesta clara que transparente los procesos de adquisiciones”. Y agrega: “Como educadora reconozco la importancia de un canon amplio y flexible en lo que se refiere a las lecturas de nuestras niñas y niños. La diversidad es un elemento fundamental no sólo para que se aproximen a los libros y se mantengan cerca de ellos, sino también para que descubran en su interior la variedad de mundos que contienen, la multiplicidad de miradas y las sensibilidades que despiertan en ellos. Por eso es que las adquisiciones no son un tema puramente económico dentro de la industria del libro, sino que están a la base de la formación literaria y valórica de nuestros estudiantes”.

Además, desde hace tres años, diferentes instituciones del Estado y de la sociedad civil trabajan en la implementación de la Política Nacional de la Lectura y del Libro 2015-2020, que busca reforzar el ecosistema del libro del país y mejorar problemas como la comprensión lectora. Se ejecutan medidas en diferentes ámbitos, que van desde la creación hasta la internacionalización. Una de las mesas es justamente la de Compras Públicas, que entre sus tareas, tiene la de que en el año 2020 éstas contemplen un 60% de libros locales. “Si bien se ha avanzado, el Ministerio de Educación no ha respondido para nada en relación a esa medida. Y en vez de avanzar, ha retrocedido. En el primer CRA que salió este año, el 75% de los títulos son con ISBN extranjero y el 25% con ISBN chileno”, dice Slachevsky. Por otra parte, aunque la presencia del Mineduc está prevista en dicha mesa, no ha participado en las últimas oportunidades.

Una ley de cuota

Tal como se hizo en la música con la Ley del 20%, ¿ayudaría establecer una cuota de libros chilenos en las compras públicas? Sería el caso, plantea Slachevsky. “Transformar en ley la medida de la Política Nacional que establece el 60% puede ser un gran avance. Establecería ciertos equilibrios, porque el problema es que el mercado no lo hace. Está muy bien conocer el cine de Hollywood, los libros de las multinacionales y de países del norte, pero no puede ser en detrimento de la producción propia. Como lo señala la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de Unesco, suscrita y ratificada por nuestro país, hay derechos y obligaciones de los Estados en favor de sus propias expresiones culturales”.

Lo que viene

Actualmente, Editores de Chile está a la espera del pronunciamiento de la Contraloría. Al pedirle la información pertinente al Mineduc, la cartera solicitó una extensión para entregarla. “Esperamos que, tanto a través del proceso en Contraloría como en las consultas que estamos haciendo al Consejo de Transparencia Pública, se logre primero esclarecer cómo operan en los procesos de selección y compra el Ministerio. Y segundo, generar cambios en ellos, en favor de mayor transparencia, de mayor diversidad, inclusión y democratización del libro”, dice Slachevsky.

La reciente invitación a la Gran Compra 43973 de libros complementarios al texto escolar 2019 por 262.029 ejemplares de un título a un valor de referencia de $11.305 cada uno IVA incluido, por un total de $ 2.962.237.845, da cuenta de la urgencia de transparentar  y cambiar estos procesos. El 2013 las adquisiciones de textos escolares sobre 200.000 ejemplares promediaban los $1.221 por ejemplar IVA incluido. ¿Cómo entender que se incluyan libros a más de $11.000 por ese volumen? Por esa suma, a lo menos, se podría considerar cinco títulos diferentes en vez de uno, más de un millón de libros a repartir en vez de 262.029. No sólo los procesos de selección son opacos, sino que hay de hecho un poco eficiente uso de los recursos públicos.

Por otra parte, la asociación -que reúne a cerca de 70 editoriales independientes-, junto a la Cooperativa de Editores de La Furia, buscará llegar a la Comisión de Educación y Cultura del Senado y a la de Cultura, Artes y Comunicación en la Cámara.