Diario y Radio U Chile

Año XI, 18 de febrero de 2019

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Claudia Carvajal G.

El fallo del caso Frei visto en sus circunstancias

Claudia Carvajal G. | Lunes 4 de febrero 2019 12:58 hrs.

La sentencia de primera instancia dictada por el juez Alejandro Madrid respecto de la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva no dejó indiferente a nadie. El magistrado trabajó durante dieciséis años en la investigación del primer magnicidio de la historia de Chile bajo el sistema procesal penal antiguo, es decir, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago fue el investigador principal y luego debió juzgar sobre la base de tales indagaciones.

Ello ha conllevado una serie de críticas por la labor realizada. Su sentencia ha sido objeto de análisis de penalistas, fiscales, periodistas especializados y de los mismos querellantes de la causa. Previo a la dictación de la resolución de primera instancia, debió enfrentar incluso la “suspensión” provisoria y recurso de inaplicabilidad ante el TC luego de la recusación de uno de los encausados como cómplice de la muerte del ex mandatario, el médico  Pedro Valdivia, quien estimó que el magistrado había emitido opiniones sobre la causa antes de la resolución.

La misma conclusión a la que se llegó en el fallo de 810 páginas ha fruncido ceños de manera transversal ¿Por qué una condena por homicidio simple si se da por acreditado el uso de sustancias tóxicas que habrían contribuido al desenlace fatal del ex presidente?. El magistrado explica que el estudio de los hechos lo llevaron considerar a un conjunto de presunciones judiciales, las que serán debatidas en sendos recursos interpuestos por condenados y querellantes, unos por la idea de desacreditarlas y otros por considerarlas como base para una nueva determinación del delito cometido y transformarlo en un crimen de lesa humanidad.

Todo lo anterior lleva a pensar cuán distinta habría sido esta investigación de haberse llevado bajo las reglas de la nueva justicia penal chilena, aquella impulsada por el mismísimo hijo del asesinado presidente. Fue Eduardo Frei Ruiz Tagle quien llevó adelante una nueva forma de investigar los delitos, dejando atrás el modelo inquisitivo y reemplazándolo por uno caracterizado por la separación de funciones entre investigación y juzgamiento: juicio oral, público y concentrado. Ahora hay toda una organización administrativa dedicada exclusivamente a la investigación de las circunstancias que llevaron a la comisión de un delito, concentrada en determinar los posibles responsables y de presentar las acusaciones correspondientes, las que deben ser evaluadas por un trío de jueces, también dedicados exclusivamente a la labor de ponderar pruebas, analizar las evidencias presentadas y fallar sobre la base de lo presentado por el ministerio público y las defensas.

Para el juez Madrid la labor fue titánica: investigar los hechos, evaluar las pericias, considerar quiénes podrían ser los posibles autores y dictar la acusación correspondiente. Su labor fue la de un fiscal con dedicación exclusiva, elaboró su teoría del caso y presentó la acusación. Luego, debió tomar su propia investigación y juzgarla, todo dentro de un contexto que no es sino parte fundamental para llegar a la conclusión del magnicidio: la situación social y política de Chile en la época en la que la figura del expresidente Frei Montalva como líder de la oposición se había transformado en el principal obstáculo para los planes de la dictadura y de Pinochet.

El juez Madrid no pudo probar las responsabilidades directas y solo logró acreditar que seis personas tuvieron participación en la muerte del líder de la Democracia Cristiana. No logró probar un concierto de voluntades tendientes a sacar de la ecuación política a quien podía pararse de frente al dictador, sin embargo, lo que el juez Madrid sí logró fue instalar el convencimiento nacional que eso fue lo que pasó, que la dictadura maniobró sus más oscuras operaciones para asesinar al presidente Frei y eso no puede ser apelado ni controvertido. El juez Madrid logró, siendo investigador y juzgador bajo un sistema anacrónico de administración de justicia, convencer a la conciencia nacional de que la dictadura fue capaz de todo y quizás con ello abra la puerta para investigar otras muertes, como las de los generales Oscar Bonilla y Augusto Lutz, entre otros, que, tan golpistas como Pinochet se opusieran a que éste se perpetuara en el poder y fallecieron también en súbitas y extrañas circunstancias.