Juan Emilio Cheyre: Del “nunca más” al banquillo de los acusados
El excomandante en Jefe del Ejército fue procesado, la mañana de este jueves, por el delito de tortura en contra de 24 personas en La Serena durante 1973. El oficial, que en su mandato reconoció la responsabilidad de las Fuerzas Armadas como violadores de derechos humanos, deberá permanecer detenido en el Batallón de Telecomunicaciones en Peñalolén por la responsabilidad de autor que le cabe en estos casos.
Jueves 7 de febrero 2019 14:09 hrs.
Violaciones, torturas, extracción de dientes y simulacros de fusilamiento son parte de las acciones que habrían sido cometidas en el Regimiento Arica de La Serena en 1973. El oficial al mando de la unidad militar era el coronel (r) Ariosto Lapostol Orrego, y su ayudante, el entonces teniente Juan Emilio Cheyre. Ambos fueron notificados, este jueves, de su procesamiento como autores del delito de tortura contra 24 personas, entre ellas, dos mujeres, entre septiembre y diciembre de 1973.
Cheyre, que fue Comandante en Jefe entre 2002 y 2006, se hizo conocido como el general del nunca más, pues fue quien reconoció al Ejército como violador de derechos humanos durante la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet. Este jueves, el oficial llegó temprano a la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones para ser informado de la situación y, posteriormente, se le notificó de forma oficial de su detención en el 34° Juzgado del Crimen de Santiago, para luego ser trasladado al Batallón de Telecomunicaciones en Peñalolén, donde debe permanecer detenido.
Junto a Cheyre, fueron procesados también los ex oficiales Jaime Ojeda Torrent, Mario Larenas Carmona y Ariosto Laspostol Orrego, este último será notificado en su hogar y tendrá el beneficio de libertad previo pago de una fianza de tres millones de pesos.
Hasta la Brigada de Derechos Humanos de la PDI llegó el abogado Cristián Cruz, representante de tres de las 24 víctimas. El profesional comentó que no hay dudas de la responsabilidad de Juan Emilio Cheyre y que, con este procesamiento, se ha caído la imagen de buen hombre que tenía el militar.
“El fraude de etiqueta que se ha construido durante todos estos años de un hombre bueno, pulcro, ha caído. El muro se ha derribado y por fin las víctimas han visto la luz en su larga lucha”, indicó Cruz.
Además, el abogado dijo que “para nosotros era un hecho inequívoco que esto iba a suceder, siempre lo dijimos. Los medios de prueba son contundentes, numerosos. Esta es una investigación seria en la que ha colaborado también la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, que ha tenido un rol fundamental en los peritajes del Servicio Médico Legal, con documentos emanados del propio Ejército, con declaraciones de militares que responsabilizan al señor Cheyre”.
Esta investigación inicio luego de que Nelson Rodríguez Santander y Nicolás Barrantes Alcayaga presentaran una querella contra el militar en retiro por torturas, acusación por la que Cheyre fue interrogado, negando su participación. Sin embargo, testimonios que vienen desde el interior del Ejército han sido claves para determinar que Cheyre sí participó en los hechos.
A partir del sábado, la defensa de excomandante en jefe y de los otros tres oficiales podrán apelar, proceso que deben realizar en la Corte de Apelaciones de La Serena, pues fue el ministro en visita extraordinaria para causas de derechos humanos Vicente Hormazábal, de la Corte de La Serena, quien dictó la resolución.
El abogado Roberto Ávila, representante de Hugo Toledo Pérez, una de las 24 víctimas, también se manifestó satisfecho y dijo que estarán presentes en las instancias apelatorias para pedirle a la Corte que ratifique la decisión.
“El proceso acredita largamente que todo es efectivo, la defensa tendrá una ardua tarea si pretende desmentir un proceso donde se han acumulado tantos antecedentes, de tan diversa naturaleza, informes del Servicio Médico Legal, declaraciones de prensa de aquellos años, declaraciones de testigos. Realmente los hechos, a nuestro juicio, están más que acreditados y esperamos que la Corte de La Serena así lo confirme”, comentó Ávila.
Si bien los imputados no se refirieron a esta situación, al llegar a la Brigada de Derechos Humanos, el ex comandante Jaime Ojeda gritó alegatos a la prensa. “¡Los terroristas de izquierda me están metiendo preso, los terroristas de izquierda ganan aquí, y van a ganar millones por habernos procesado, han logrado la victoria!”, dijo.
Al respecto, Marcos Barrantes, sobrino de Nicolás Barrantes, una de las primeras víctimas en interponer la querella, se manifestó muy molesto con estos dichos, pero no sorprendido: “Los terroristas fueron ellos, ellos mataron chilenos, nosotros no, nuestros familiares no mataron nunca a nadie, solo tuvieron un pensamiento distinto a los de ellos. Los hechos están claros, los que mataron, los que torturaron, los que hicieron desaparecer gente fueron ellos, no nosotros”.
En noviembre de 2018, Cheyre fue condenado a tres años y un día de libertad vigilada por el delito de encubrimiento en el caso Caravana de la Muerte, decisión que fue tomada por el ministro en visita Mario Carroza, por lo que esta no es la primera acción de este tipo en la que se le acusa.
Violaciones, torturas, extracción de dientes y simulacros de fusilamiento son parte de las acciones que habrían sido cometidas en el Regimiento Arica de La Serena en 1973. El oficial al mando de la unidad militar era el coronel (r) Ariosto Lapostol Orrego, y su ayudante, el entonces teniente Juan Emilio Cheyre. Ambos fueron notificados, este jueves, de su procesamiento como autores del delito de tortura contra 24 personas, entre ellas, dos mujeres, entre septiembre y diciembre de 1973.
Cheyre, que fue Comandante en Jefe entre 2002 y 2006, se hizo conocido como el general del nunca más, pues fue quien reconoció al Ejército como violador de derechos humanos durante la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet. Este jueves, el oficial llegó temprano a la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones para ser informado de la situación y, posteriormente, se le notificó de forma oficial de su detención en el 34° Juzgado del Crimen de Santiago, para luego ser trasladado al Batallón de Telecomunicaciones en Peñalolén, donde debe permanecer detenido.
Junto a Cheyre, fueron procesados también los ex oficiales Jaime Ojeda Torrent, Mario Larenas Carmona y Ariosto Laspostol Orrego, este último será notificado en su hogar y tendrá el beneficio de libertad previo pago de una fianza de tres millones de pesos.
Hasta la Brigada de Derechos Humanos de la PDI llegó el abogado Cristián Cruz, representante de tres de las 24 víctimas. El profesional comentó que no hay dudas de la responsabilidad de Juan Emilio Cheyre y que, con este procesamiento, se ha caído la imagen de buen hombre que tenía el militar.
“El fraude de etiqueta que se ha construido durante todos estos años de un hombre bueno, pulcro, ha caído. El muro se ha derribado y por fin las víctimas han visto la luz en su larga lucha”, indicó Cruz.
Además, el abogado dijo que “para nosotros era un hecho inequívoco que esto iba a suceder, siempre lo dijimos. Los medios de prueba son contundentes, numerosos. Esta es una investigación seria en la que ha colaborado también la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, que ha tenido un rol fundamental en los peritajes del Servicio Médico Legal, con documentos emanados del propio Ejército, con declaraciones de militares que responsabilizan al señor Cheyre”.
Esta investigación inicio luego de que Nelson Rodríguez Santander y Nicolás Barrantes Alcayaga presentaran una querella contra el militar en retiro por torturas, acusación por la que Cheyre fue interrogado, negando su participación. Sin embargo, testimonios que vienen desde el interior del Ejército han sido claves para determinar que Cheyre sí participó en los hechos.
A partir del sábado, la defensa de excomandante en jefe y de los otros tres oficiales podrán apelar, proceso que deben realizar en la Corte de Apelaciones de La Serena, pues fue el ministro en visita extraordinaria para causas de derechos humanos Vicente Hormazábal, de la Corte de La Serena, quien dictó la resolución.
El abogado Roberto Ávila, representante de Hugo Toledo Pérez, una de las 24 víctimas, también se manifestó satisfecho y dijo que estarán presentes en las instancias apelatorias para pedirle a la Corte que ratifique la decisión.
“El proceso acredita largamente que todo es efectivo, la defensa tendrá una ardua tarea si pretende desmentir un proceso donde se han acumulado tantos antecedentes, de tan diversa naturaleza, informes del Servicio Médico Legal, declaraciones de prensa de aquellos años, declaraciones de testigos. Realmente los hechos, a nuestro juicio, están más que acreditados y esperamos que la Corte de La Serena así lo confirme”, comentó Ávila.
Si bien los imputados no se refirieron a esta situación, al llegar a la Brigada de Derechos Humanos, el ex comandante Jaime Ojeda gritó alegatos a la prensa. “¡Los terroristas de izquierda me están metiendo preso, los terroristas de izquierda ganan aquí, y van a ganar millones por habernos procesado, han logrado la victoria!”, dijo.
Al respecto, Marcos Barrantes, sobrino de Nicolás Barrantes, una de las primeras víctimas en interponer la querella, se manifestó muy molesto con estos dichos, pero no sorprendido: “Los terroristas fueron ellos, ellos mataron chilenos, nosotros no, nuestros familiares no mataron nunca a nadie, solo tuvieron un pensamiento distinto a los de ellos. Los hechos están claros, los que mataron, los que torturaron, los que hicieron desaparecer gente fueron ellos, no nosotros”.
En noviembre de 2018, Cheyre fue condenado a tres años y un día de libertad vigilada por el delito de encubrimiento en el caso Caravana de la Muerte, decisión que fue tomada por el ministro en visita Mario Carroza, por lo que esta no es la primera acción de este tipo en la que se le acusa.
Violaciones, torturas, extracción de dientes y simulacros de fusilamiento son parte de las acciones que habrían sido cometidas en el Regimiento Arica de La Serena en 1973. El oficial al mando de la unidad militar era el coronel (r) Ariosto Lapostol Orrego, y su ayudante, el entonces teniente Juan Emilio Cheyre. Ambos fueron notificados, este jueves, de su procesamiento como autores del delito de tortura contra 24 personas, entre ellas, dos mujeres, entre septiembre y diciembre de 1973.
Cheyre, que fue Comandante en Jefe entre 2002 y 2006, se hizo conocido como el general del nunca más, pues fue quien reconoció al Ejército como violador de derechos humanos durante la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet. Este jueves, el oficial llegó temprano a la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones para ser informado de la situación y, posteriormente, se le notificó de forma oficial de su detención en el 34° Juzgado del Crimen de Santiago, para luego ser trasladado al Batallón de Telecomunicaciones en Peñalolén, donde debe permanecer detenido.
Junto a Cheyre, fueron procesados también los ex oficiales Jaime Ojeda Torrent, Mario Larenas Carmona y Ariosto Laspostol Orrego, este último será notificado en su hogar y tendrá el beneficio de libertad previo pago de una fianza de tres millones de pesos.
Hasta la Brigada de Derechos Humanos de la PDI llegó el abogado Cristián Cruz, representante de tres de las 24 víctimas. El profesional comentó que no hay dudas de la responsabilidad de Juan Emilio Cheyre y que, con este procesamiento, se ha caído la imagen de buen hombre que tenía el militar.
“El fraude de etiqueta que se ha construido durante todos estos años de un hombre bueno, pulcro, ha caído. El muro se ha derribado y por fin las víctimas han visto la luz en su larga lucha”, indicó Cruz.
Además, el abogado dijo que “para nosotros era un hecho inequívoco que esto iba a suceder, siempre lo dijimos. Los medios de prueba son contundentes, numerosos. Esta es una investigación seria en la que ha colaborado también la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, que ha tenido un rol fundamental en los peritajes del Servicio Médico Legal, con documentos emanados del propio Ejército, con declaraciones de militares que responsabilizan al señor Cheyre”.
Esta investigación inicio luego de que Nelson Rodríguez Santander y Nicolás Barrantes Alcayaga presentaran una querella contra el militar en retiro por torturas, acusación por la que Cheyre fue interrogado, negando su participación. Sin embargo, testimonios que vienen desde el interior del Ejército han sido claves para determinar que Cheyre sí participó en los hechos.
A partir del sábado, la defensa de excomandante en jefe y de los otros tres oficiales podrán apelar, proceso que deben realizar en la Corte de Apelaciones de La Serena, pues fue el ministro en visita extraordinaria para causas de derechos humanos Vicente Hormazábal, de la Corte de La Serena, quien dictó la resolución.
El abogado Roberto Ávila, representante de Hugo Toledo Pérez, una de las 24 víctimas, también se manifestó satisfecho y dijo que estarán presentes en las instancias apelatorias para pedirle a la Corte que ratifique la decisión.
“El proceso acredita largamente que todo es efectivo, la defensa tendrá una ardua tarea si pretende desmentir un proceso donde se han acumulado tantos antecedentes, de tan diversa naturaleza, informes del Servicio Médico Legal, declaraciones de prensa de aquellos años, declaraciones de testigos. Realmente los hechos, a nuestro juicio, están más que acreditados y esperamos que la Corte de La Serena así lo confirme”, comentó Ávila.
Si bien los imputados no se refirieron a esta situación, al llegar a la Brigada de Derechos Humanos, el ex comandante Jaime Ojeda gritó alegatos a la prensa. “¡Los terroristas de izquierda me están metiendo preso, los terroristas de izquierda ganan aquí, y van a ganar millones por habernos procesado, han logrado la victoria!”, dijo.
Al respecto, Marcos Barrantes, sobrino de Nicolás Barrantes, una de las primeras víctimas en interponer la querella, se manifestó muy molesto con estos dichos, pero no sorprendido: “Los terroristas fueron ellos, ellos mataron chilenos, nosotros no, nuestros familiares no mataron nunca a nadie, solo tuvieron un pensamiento distinto a los de ellos. Los hechos están claros, los que mataron, los que torturaron, los que hicieron desaparecer gente fueron ellos, no nosotros”.
En noviembre de 2018, Cheyre fue condenado a tres años y un día de libertad vigilada por el delito de encubrimiento en el caso Caravana de la Muerte, decisión que fue tomada por el ministro en visita Mario Carroza, por lo que esta no es la primera acción de este tipo en la que se le acusa.
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