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Año XI, 18 de abril de 2019

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Tamara Carrasco

Pérez Cruz: La herencia latifundista, la injusticia y el negacionismo

Tamara Carrasco | Jueves 7 de febrero 2019 10:46 hrs.

La madrugada del 3 de octubre de 1973 Francisco Javier Calderón Nilo, de 19 años de edad, y Víctor Zamorano González, de 18 años, fueron secuestrados desde sus hogares ubicados al interior del fundo Liguay de Paine, para posteriormente ser trasladados en un camión junto a otros 15 campesinos hasta el sector de la cuesta de Chada, en la misma comuna rural. En ese lugar todos los detenidos fueron obligados a movilizarse hasta una quebrada de difícil acceso, para posteriormente ser fusilados por militares provenientes de la Escuela de Infantería de San Bernardo. Los cuerpos sin vida de los 17 campesinos fueron abandonados, siendo encontrados tiempo después por lugareños. Frente al hallazgo, las autoridades de la época levantaron los restos para luego ser trasladados al Instituto Médico Legal, lugar donde permanecieron en bolsas hasta el retorno a la democracia.

En ese mismo año de 1973, entre los meses de septiembre y octubre otros 53 hombres fueron asesinados al interior de la comuna, sumando en total 70 víctimas fatales de la represión. La gran mayoría de ellos fueron campesinos que habían participado activamente del proceso de Reforma Agraria, de la alfabetización campesina y de la sindicalización rural durante los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende Gossens.

Las matanzas campesinas en Paine diezmaron a la población rural, sometiendo a las familias perseguidas al terror impuesto por la tortura, la muerte y la desaparición forzada. La represión recayó con especial fuerza sobre los dirigentes sindicales y de asentamientos campesinos de Reforma Agraria, aniquilando a una generación completa de dirigentes rurales locales.

En la cadena criminal participaron activamente civiles de la comuna, tal como lo acreditan los procesos judiciales traducidos en sentencias condenatorias o aún en procesos de investigación. Christian Kast, hijo de Michel Kast y familiar de José Antonio y Felipe Kast, es uno de los implicados en los crímenes, reconocido por sobrevivientes como una de las personas que frecuentaba la Subcomisaría de carabineros Paine en medio de las continuas sesiones de torturas que siguieron al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Lo es también Juan Francisco Luzoro Montenegro, ex dirigente sindical y dueño de camiones que se convirtió en el primer civil en ser condenado a una pena de cárcel efectiva por crímenes cometidos contra los derechos humanos, en el año 2017.

En 1973 los dueños del fundo Liguay eran Pablo Pérez Zañartu y María de Jesús Cruz Costa. Y es precisamente durante la dictadura cívico-militar que el grupo económico Pérez Cruz se consolida como uno de los más influyentes y poderosos del país. No es extraño, entonces, que en el año 2000 Matías Pérez Cruz, el hijo de Pablo y María Jesús, declarara: “Gracias al Gobierno presidido por don Augusto Pinochet se evitó en Chile una guerra civil como la española, una ola de terrorismo como la peruana, una guerra de guerrillas como la nicaragüense o colombiana y la prisión, muerte, tortura y racionamiento como la cubana, lo que habría producido varios centenares de miles de muertos y esclavos y un retraso en dos generaciones en el progreso económico y bienestar de los chilenos”.

La contrarreforma agraria y los 17 años de dictadura cívico-militar dieron al latifundismo rural la posibilidad de mantener su poder, agónico en septiembre 1973 tras la implementación de la ley de Reforma Agraria. Es cierto que desapareció el latifundio y con ello el sistema hacendal, pero no desapareció el latifundismo como práctica social: la cultura patronal está en el corazón del gran empresariado nacional. Se impuso en el país, y la vemos en actuar a diario, traducida en acciones que a veces nos descolocan porque preferimos pensar que ellas están desterradas de nuestra moderna sociedad post dictatorial y post hacendal.

El miércoles trascendió que el poderoso grupo Pérez Cruz sería uno de los financistas de la campaña presidencial del ultraderechista y conservador José Antonio Kast. Además, los incidentes recientes en el sur del país dejan en evidencia que tienen pésimas memorias sobre el proceso de Reforma Agraria, no por el recuerdo tormentoso de sus dos jóvenes trabajadores campesinos asesinados en medio de la noche en una oculta quebrada y que aún no obtienen justicia, sino que porque hasta el día de hoy les molesta que los rotos entren en sus tierras. Lamentablemente, las tres mujeres que osaron ingresar al patio de Matías Pérez Cruz en Lago Ranco no lo conocían, como reiteradamente se encargó él mismo de señalarles, desconociendo así el legado latifundista y patronal presente en los grandes grupos económicos de Chile. Y ese es el problema de la falta de justicia y de la permisión del negacionismo: que juntos perpetúan el poder de unos pocos que están por sobre los derechos de muchos, actuando en consecuencia. La falta de verdad y de justicia, finalmente, nos afectan de una u otra forma a las amplias mayorías.

 

La autora es historiadora e Investigadora del Sitio de Memoria Ex Clínica Santa Lucía