En la Corte de Apelaciones de Valparaíso se están llevando a cabo las audiencias donde se analizan una serie de recursos de protección interpuestos por vecinos de Quintero, Puchuncaví y organizaciones medioambientales, después de los graves episodios de contaminación acontecidos entre agosto y septiembre del año pasado.
Las acciones legales tienen por objetivo la implementación de medidas urgentes para resguardar los derechos fundamentales de los habitantes que viven próximos al cordón industrial.
Son aproximadamente 12 recursos presentados por los vecinos afectados, dirigidos contra organismos del Estado y empresas cuestionadas, por los reiterados hechos de intoxicación que afectaron a más de mil 700 personas.
La abogada y directora de Proyectos de ONG FIMA, Gabriela Burdiles, indicó que la idea es demostrar ante la Corte, que el grave riesgo a la salud de la población sigue latente en la zona.
“Todas las omisiones de los distintos órganos ejecutivos, y con ello favoreciendo a las distintas empresas, son un riesgo permanente para la población que vive ahí y, por tanto, esta crítica situación se podría repetir mañana. Entonces son una serie de medidas, entre las cuales se encuentra normar los contaminantes que están en la zona, monitorearlos, establecer planes de seguimiento, medidas sanitarias en beneficio de la población local, que el Plan de Descontaminación cumpla con estándares de la OMS y, lo más importante, se incluya otro tipo de químicos nocivos, compuestos orgánicos volátiles que emanan con la quema de derivados del petróleo, combustibles fósiles”, afirmó.
A meses de ocurridas las intoxicaciones masivas, aun no se han determinado qué compuestos contaminantes fueron los causantes de las intoxicaciones, ni las compañías responsables de sus emisiones.
En este sentido, la abogada que representa a diversas ONGs ante la Justicia, Gabriela Burdiles, criticó el rol que ha tenido el Estado, desde el Presidente Sebastián Piñera hasta los distintos servicios involucrados, en cuanto a la nula diligencia para cumplir compromisos tendientes a esclarecer los hechos y prevenir nuevos envenenamientos.
“El Gobierno se comprometió a hacer mediciones, se comprometió a actualizar el Plan de Descontaminación y prevención, y hasta el momento no tenemos una información clara ni diligente. El problema es que las normas de calidad en Chile son muy permisivas, entonces deben ser reglamentos que cumplan con estándares internacionales, que se incluyan aquellos contaminantes que no están incluidos en los informes, pero que sí están provocando graves problemas a la salud hoy día”, argumentó.
Este jueves, además de las intervenciones de los reclamantes, fue el turno de los representantes de los organismos estatales y las empresas emplazadas en los recursos de protección, tales como ENAP, Codelco y Oxiquim.
Recordemos que, en diciembre pasado, la fiscal a cargo de la investigación, Marcela Cartagena, determinó que los episodios de intoxicación ocurrido en Quintero y Puchuncaví se habrían producido debido a un problema de trasvasije de petróleo desde un buque de bandera iraní en la Empresa Nacional de Petróleos. Sin embargo, aún no solicita la formalización de él o los responsables del hecho.
Después de la acusación, tanto el gobierno de la nación musulmana, como los ejecutivos de la compañía estatal negaron cualquier vinculación con los graves hechos de polución.
El próximo miércoles, representantes de la Defensoría Ambiental, del Colegio Médico y organizaciones ciudadanas afectadas, expondrán en Sucre, Bolivia, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la constante vulneración de derechos.
Desde la agrupación Mujeres de Zona de Sacrificio Quintero-Puchuncaví, adelantaron que denunciarán los “incumplimientos” del Estado chileno en el resguardo de los derechos humanos de quienes habitan en las denominadas “zonas de sacrificio”.