A pocos días de que estallara la polémica por el video del presidente de Gasco, Matías Pérez Cruz, expulsando a tres mujeres desde la playa del Lago Ranco, el medio electrónico El Dinamo publicó un reportaje en el develó que el Presidente Sebastián Piñera se adjudicó 800 metros de playa privada en el Lago Caburgua, en la región de la Araucanía, a través de una concesión marítima.
La tramitación de esta concesión fue iniciada durante su primer mandato, periodo en el cual logró sortear los pasos claves para obtener un resultado positivo.
Y es justamente ese punto el que genera más cuestionamientos, ya que quienes debieron emitir informes para la aprobación de dicha concesión fueron funcionarios subordinados del jefe de Estado.
Desde el Ejecutivo, el ministro Alfredo Moreno, único ministro titular en La Moneda, dijo no conocer la denuncia: “primera noticia que tengo”, afirmó.
Mientras, el titular de Bienes Nacionales, Felipe Ward, optó por reaccionar a través de su cuenta de Twitter señalando que “el decreto fue presentado el 2011 y aprobado el 2017, es decir, por el Gobierno anterior. En ese decreto se establece que esta playa es pública”.
Quien también reaccionó frente a esta información fue el diputado del partido Comunista, Daniel Núñez, calificando de inaceptable la concesión otorgada al mandatario.
“Es la legalización de un privilegio que resulta francamente inaceptable. Sebastián Piñera ocupó ilegalmente un sector de la playa del lago Caburgua y después legalizó esta ocupación haciendo la solicitud”.
El legislador aseguró que “el hecho de que esta solicitud fuera realizada y cursada en su gran mayoría cuando Piñera era Presidente en su primer momento, es un evidente abuso de poder puesto que los funcionarios públicos que la autorizaron eran subordinados en ese momento del presidente de la República como máxima autoridad política”.
En esa línea, el legislador comparó la tramitación de la concesión marítima efectuada por el Presidente de la República con lo que ocurre, por ejemplo, con la pesca industrial: “obtienen privilegios que a ningún chileno común y corriente se les entrega”.
Por esta razón, Núñez anunció que de vuelta del receso legislativo impulsará todas las instancias necesarias para indagar esta situación que, a su juicio, es irregular.
“Estudiaré todas las acciones legales y políticas que se puedan desarrollar para esclarecer esta situación, desde la posibilidad de una comisión investigadora, hasta recurrir a la Contraloría para anular dicha concesión marítima de playa que fue entregada de forma inaceptable y como un privilegio imposible de tolerar al Presidente Sebastián Piñera.
Cabe señalar que la solicitud del Presidente fue revisada por la Capitanía de Puerto de Villarica, bajo coordinación del Departamento de Asuntos Marítimos, dependiente del Ministerio de Defensa.
Los dos informes de la entidad fueron emanados en junio y julio de 2011, cuando Piñera era Presidente y el ministro de Defensa era el actual senador de Renovación Nacional, Andrés Allamand.
A pocos días de que estallara la polémica por el video del presidente de Gasco, Matías Pérez Cruz, expulsando a tres mujeres desde la playa del Lago Ranco, el medio electrónico El Dinamo publicó un reportaje en el develó que el Presidente Sebastián Piñera se adjudicó 800 metros de playa privada en el Lago Caburgua, en la región de la Araucanía, a través de una concesión marítima.
La tramitación de esta concesión fue iniciada durante su primer mandato, periodo en el cual logró sortear los pasos claves para obtener un resultado positivo.
Y es justamente ese punto el que genera más cuestionamientos, ya que quienes debieron emitir informes para la aprobación de dicha concesión fueron funcionarios subordinados del jefe de Estado.
Desde el Ejecutivo, el ministro Alfredo Moreno, único ministro titular en La Moneda, dijo no conocer la denuncia: “primera noticia que tengo”, afirmó.
Mientras, el titular de Bienes Nacionales, Felipe Ward, optó por reaccionar a través de su cuenta de Twitter señalando que “el decreto fue presentado el 2011 y aprobado el 2017, es decir, por el Gobierno anterior. En ese decreto se establece que esta playa es pública”.
Quien también reaccionó frente a esta información fue el diputado del partido Comunista, Daniel Núñez, calificando de inaceptable la concesión otorgada al mandatario.
“Es la legalización de un privilegio que resulta francamente inaceptable. Sebastián Piñera ocupó ilegalmente un sector de la playa del lago Caburgua y después legalizó esta ocupación haciendo la solicitud”.
El legislador aseguró que “el hecho de que esta solicitud fuera realizada y cursada en su gran mayoría cuando Piñera era Presidente en su primer momento, es un evidente abuso de poder puesto que los funcionarios públicos que la autorizaron eran subordinados en ese momento del presidente de la República como máxima autoridad política”.
En esa línea, el legislador comparó la tramitación de la concesión marítima efectuada por el Presidente de la República con lo que ocurre, por ejemplo, con la pesca industrial: “obtienen privilegios que a ningún chileno común y corriente se les entrega”.
Por esta razón, Núñez anunció que de vuelta del receso legislativo impulsará todas las instancias necesarias para indagar esta situación que, a su juicio, es irregular.
“Estudiaré todas las acciones legales y políticas que se puedan desarrollar para esclarecer esta situación, desde la posibilidad de una comisión investigadora, hasta recurrir a la Contraloría para anular dicha concesión marítima de playa que fue entregada de forma inaceptable y como un privilegio imposible de tolerar al Presidente Sebastián Piñera.
Cabe señalar que la solicitud del Presidente fue revisada por la Capitanía de Puerto de Villarica, bajo coordinación del Departamento de Asuntos Marítimos, dependiente del Ministerio de Defensa.
Los dos informes de la entidad fueron emanados en junio y julio de 2011, cuando Piñera era Presidente y el ministro de Defensa era el actual senador de Renovación Nacional, Andrés Allamand.
A pocos días de que estallara la polémica por el video del presidente de Gasco, Matías Pérez Cruz, expulsando a tres mujeres desde la playa del Lago Ranco, el medio electrónico El Dinamo publicó un reportaje en el develó que el Presidente Sebastián Piñera se adjudicó 800 metros de playa privada en el Lago Caburgua, en la región de la Araucanía, a través de una concesión marítima.
La tramitación de esta concesión fue iniciada durante su primer mandato, periodo en el cual logró sortear los pasos claves para obtener un resultado positivo.
Y es justamente ese punto el que genera más cuestionamientos, ya que quienes debieron emitir informes para la aprobación de dicha concesión fueron funcionarios subordinados del jefe de Estado.
Desde el Ejecutivo, el ministro Alfredo Moreno, único ministro titular en La Moneda, dijo no conocer la denuncia: “primera noticia que tengo”, afirmó.
Mientras, el titular de Bienes Nacionales, Felipe Ward, optó por reaccionar a través de su cuenta de Twitter señalando que “el decreto fue presentado el 2011 y aprobado el 2017, es decir, por el Gobierno anterior. En ese decreto se establece que esta playa es pública”.
Quien también reaccionó frente a esta información fue el diputado del partido Comunista, Daniel Núñez, calificando de inaceptable la concesión otorgada al mandatario.
“Es la legalización de un privilegio que resulta francamente inaceptable. Sebastián Piñera ocupó ilegalmente un sector de la playa del lago Caburgua y después legalizó esta ocupación haciendo la solicitud”.
El legislador aseguró que “el hecho de que esta solicitud fuera realizada y cursada en su gran mayoría cuando Piñera era Presidente en su primer momento, es un evidente abuso de poder puesto que los funcionarios públicos que la autorizaron eran subordinados en ese momento del presidente de la República como máxima autoridad política”.
En esa línea, el legislador comparó la tramitación de la concesión marítima efectuada por el Presidente de la República con lo que ocurre, por ejemplo, con la pesca industrial: “obtienen privilegios que a ningún chileno común y corriente se les entrega”.
Por esta razón, Núñez anunció que de vuelta del receso legislativo impulsará todas las instancias necesarias para indagar esta situación que, a su juicio, es irregular.
“Estudiaré todas las acciones legales y políticas que se puedan desarrollar para esclarecer esta situación, desde la posibilidad de una comisión investigadora, hasta recurrir a la Contraloría para anular dicha concesión marítima de playa que fue entregada de forma inaceptable y como un privilegio imposible de tolerar al Presidente Sebastián Piñera.
Cabe señalar que la solicitud del Presidente fue revisada por la Capitanía de Puerto de Villarica, bajo coordinación del Departamento de Asuntos Marítimos, dependiente del Ministerio de Defensa.
Los dos informes de la entidad fueron emanados en junio y julio de 2011, cuando Piñera era Presidente y el ministro de Defensa era el actual senador de Renovación Nacional, Andrés Allamand.
