Desmunicipalización de la educación pública: Gobierno “boicotea” su implementación
Así lo afirmó a este medio el senador Juan Ignacio Latorre, luego de que se diera a conocer que el cargo de director de educación pública se encuentra vacante desde noviembre. Mientras tanto, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, acusó al Ejecutivo de "tomar palco" ante la ley aprobada durante la administración anterior.
Miércoles 20 de febrero 2019 11:07 hrs.
Las entidades claves creadas a partir del proyecto de Nueva Educación Pública, conocido simplemente como desmunicipalización, se encuentran, hasta el momento, sin una dirigencia definida.
El caso que más llama la atención es el de la Dirección de Educación Pública (DEP), ya que desde noviembre del 2018 ha permanecido sin ser delegada a una nueva autoridad, sumándose así a los servicios locales que actualmente se mantienen en la misma situación.
Por lo mismo, un grupo de 24 senadores de oposición firmó una carta que rechaza el actuar del Gobierno en torno a la desmunicipalización. Uno de ellos es Juan Ignacio Latorre (RD) quien acusó al Ejecutivo de “boicotear” el proyecto.
“En el fondo pareciera haber una política destinada a que la nueva educación pública fracase o no se implemente. Como a la derecha nunca le gustó el proceso de desmunicipalización, lo que están haciendo es boicotear la implementación de la ley que ya fue aprobada, democráticamente, en el gobierno anterior”.
Si bien desde el Ministerio de Educación aseguraron que aún se mantienen dentro de los plazos y que la ausencia de directivas se debe a que quienes ocupaban los cargos fueron contratados durante el Gobierno de Michelle Bachelet, para el senador de Revolución Democrática no es suficiente.
Latorre aseguró que la apertura del concurso público para los nuevos directores se pudo realizar con anticipación. Por otro lado, afirmó que la intención de la ministra Cubillos es desviar la atención pública de este proceso.
“Uno puede decir que están dentro de los plazos, pero esto se pudo haber hecho mucho antes. Claramente el foco de la ministra ha sido otro, si en un momento fue Aula Segura, ahora es Admisión Justa. Creo que lo que se ha estado haciendo es, simplemente, un desvío de atención, es querer retroceder a un debate que ya se zanjó en el Gobierno anterior”.
El Presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, concordó con el senador de Revolución Democrática y señaló que, a pasar de permanecer críticos ante la ley de Nueva educación Pública, también lo son con la administración de Piñera y su actitud ante la falta de dirigencia en la DEP y en los servicios locales.
“El tema a nosotros nos parece bastante grave. Tenemos un Gobierno y un Ministerio que están bastante desafectados de este proceso de implementación de la educación pública, que claramente es un una iniciativa del gobierno anterior. Ahora, nosotros también la hemos criticado, no nos parece ninguna maravilla, pero también somos muy críticos de este gobierno que prácticamente ha tomado palco, y la falta de nombramiento de autoridades lo demuestra”.
La incertidumbre de la nueva educación pública
A mediados de año, el Ministro de Educación de ese entonces, Gerardo Varela, propuso a los alcaldes que quisieran conservar los colegios de sus comunas enviar una carta para estudiar esta posibilidad estipulada en el artículo n°10 de las disposiciones transitorias de la ley de Nueva Educación Pública.
Ahora, si bien es cierto que dicho artículo otorga una prórroga a las comunas que cuentan con ciertos requisitos, esta prórroga bajo ningún caso significa una excepción definitiva en favor de los municipios que quisieran seguir manejando sus establecimientos.
En aquella oportunidad, la propuesta del Secretario de Estado no llegó a buen puerto, no obstante, Mario Aguilar del Colegio de Profesores, afirmó que, de haber sucedido, se habría conformado “el peor de los escenarios”.
“El ministro Varela dijo de manera pública a los alcaldes que le manden una carta para que veamos que colegios no se traspasan. Esto nos parece una pésima práctica porque, primero, no es legal. Y lo otro, es que nos parece muy mal que el sistema de educación siga fragmentándose. Creemos que el camino correcto es que el Estado se haga más responsable y no menos responsable de las escuelas públicas”.
El plazo establecido en la Nueva Educación Pública contempla que para 2020 deben instalarse los primeros siete servicios locales, antes del periodo de evaluación de 2021. Mientras que entre 2022 y 2025 deberán entrar en operación los 59 restantes.
Las entidades claves creadas a partir del proyecto de Nueva Educación Pública, conocido simplemente como desmunicipalización, se encuentran, hasta el momento, sin una dirigencia definida.
El caso que más llama la atención es el de la Dirección de Educación Pública (DEP), ya que desde noviembre del 2018 ha permanecido sin ser delegada a una nueva autoridad, sumándose así a los servicios locales que actualmente se mantienen en la misma situación.
Por lo mismo, un grupo de 24 senadores de oposición firmó una carta que rechaza el actuar del Gobierno en torno a la desmunicipalización. Uno de ellos es Juan Ignacio Latorre (RD) quien acusó al Ejecutivo de “boicotear” el proyecto.
“En el fondo pareciera haber una política destinada a que la nueva educación pública fracase o no se implemente. Como a la derecha nunca le gustó el proceso de desmunicipalización, lo que están haciendo es boicotear la implementación de la ley que ya fue aprobada, democráticamente, en el gobierno anterior”.
Si bien desde el Ministerio de Educación aseguraron que aún se mantienen dentro de los plazos y que la ausencia de directivas se debe a que quienes ocupaban los cargos fueron contratados durante el Gobierno de Michelle Bachelet, para el senador de Revolución Democrática no es suficiente.
Latorre aseguró que la apertura del concurso público para los nuevos directores se pudo realizar con anticipación. Por otro lado, afirmó que la intención de la ministra Cubillos es desviar la atención pública de este proceso.
“Uno puede decir que están dentro de los plazos, pero esto se pudo haber hecho mucho antes. Claramente el foco de la ministra ha sido otro, si en un momento fue Aula Segura, ahora es Admisión Justa. Creo que lo que se ha estado haciendo es, simplemente, un desvío de atención, es querer retroceder a un debate que ya se zanjó en el Gobierno anterior”.
El Presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, concordó con el senador de Revolución Democrática y señaló que, a pasar de permanecer críticos ante la ley de Nueva educación Pública, también lo son con la administración de Piñera y su actitud ante la falta de dirigencia en la DEP y en los servicios locales.
“El tema a nosotros nos parece bastante grave. Tenemos un Gobierno y un Ministerio que están bastante desafectados de este proceso de implementación de la educación pública, que claramente es un una iniciativa del gobierno anterior. Ahora, nosotros también la hemos criticado, no nos parece ninguna maravilla, pero también somos muy críticos de este gobierno que prácticamente ha tomado palco, y la falta de nombramiento de autoridades lo demuestra”.
La incertidumbre de la nueva educación pública
A mediados de año, el Ministro de Educación de ese entonces, Gerardo Varela, propuso a los alcaldes que quisieran conservar los colegios de sus comunas enviar una carta para estudiar esta posibilidad estipulada en el artículo n°10 de las disposiciones transitorias de la ley de Nueva Educación Pública.
Ahora, si bien es cierto que dicho artículo otorga una prórroga a las comunas que cuentan con ciertos requisitos, esta prórroga bajo ningún caso significa una excepción definitiva en favor de los municipios que quisieran seguir manejando sus establecimientos.
En aquella oportunidad, la propuesta del Secretario de Estado no llegó a buen puerto, no obstante, Mario Aguilar del Colegio de Profesores, afirmó que, de haber sucedido, se habría conformado “el peor de los escenarios”.
“El ministro Varela dijo de manera pública a los alcaldes que le manden una carta para que veamos que colegios no se traspasan. Esto nos parece una pésima práctica porque, primero, no es legal. Y lo otro, es que nos parece muy mal que el sistema de educación siga fragmentándose. Creemos que el camino correcto es que el Estado se haga más responsable y no menos responsable de las escuelas públicas”.
El plazo establecido en la Nueva Educación Pública contempla que para 2020 deben instalarse los primeros siete servicios locales, antes del periodo de evaluación de 2021. Mientras que entre 2022 y 2025 deberán entrar en operación los 59 restantes.
Las entidades claves creadas a partir del proyecto de Nueva Educación Pública, conocido simplemente como desmunicipalización, se encuentran, hasta el momento, sin una dirigencia definida.
El caso que más llama la atención es el de la Dirección de Educación Pública (DEP), ya que desde noviembre del 2018 ha permanecido sin ser delegada a una nueva autoridad, sumándose así a los servicios locales que actualmente se mantienen en la misma situación.
Por lo mismo, un grupo de 24 senadores de oposición firmó una carta que rechaza el actuar del Gobierno en torno a la desmunicipalización. Uno de ellos es Juan Ignacio Latorre (RD) quien acusó al Ejecutivo de “boicotear” el proyecto.
“En el fondo pareciera haber una política destinada a que la nueva educación pública fracase o no se implemente. Como a la derecha nunca le gustó el proceso de desmunicipalización, lo que están haciendo es boicotear la implementación de la ley que ya fue aprobada, democráticamente, en el gobierno anterior”.
Si bien desde el Ministerio de Educación aseguraron que aún se mantienen dentro de los plazos y que la ausencia de directivas se debe a que quienes ocupaban los cargos fueron contratados durante el Gobierno de Michelle Bachelet, para el senador de Revolución Democrática no es suficiente.
Latorre aseguró que la apertura del concurso público para los nuevos directores se pudo realizar con anticipación. Por otro lado, afirmó que la intención de la ministra Cubillos es desviar la atención pública de este proceso.
“Uno puede decir que están dentro de los plazos, pero esto se pudo haber hecho mucho antes. Claramente el foco de la ministra ha sido otro, si en un momento fue Aula Segura, ahora es Admisión Justa. Creo que lo que se ha estado haciendo es, simplemente, un desvío de atención, es querer retroceder a un debate que ya se zanjó en el Gobierno anterior”.
El Presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, concordó con el senador de Revolución Democrática y señaló que, a pasar de permanecer críticos ante la ley de Nueva educación Pública, también lo son con la administración de Piñera y su actitud ante la falta de dirigencia en la DEP y en los servicios locales.
“El tema a nosotros nos parece bastante grave. Tenemos un Gobierno y un Ministerio que están bastante desafectados de este proceso de implementación de la educación pública, que claramente es un una iniciativa del gobierno anterior. Ahora, nosotros también la hemos criticado, no nos parece ninguna maravilla, pero también somos muy críticos de este gobierno que prácticamente ha tomado palco, y la falta de nombramiento de autoridades lo demuestra”.
La incertidumbre de la nueva educación pública
A mediados de año, el Ministro de Educación de ese entonces, Gerardo Varela, propuso a los alcaldes que quisieran conservar los colegios de sus comunas enviar una carta para estudiar esta posibilidad estipulada en el artículo n°10 de las disposiciones transitorias de la ley de Nueva Educación Pública.
Ahora, si bien es cierto que dicho artículo otorga una prórroga a las comunas que cuentan con ciertos requisitos, esta prórroga bajo ningún caso significa una excepción definitiva en favor de los municipios que quisieran seguir manejando sus establecimientos.
En aquella oportunidad, la propuesta del Secretario de Estado no llegó a buen puerto, no obstante, Mario Aguilar del Colegio de Profesores, afirmó que, de haber sucedido, se habría conformado “el peor de los escenarios”.
“El ministro Varela dijo de manera pública a los alcaldes que le manden una carta para que veamos que colegios no se traspasan. Esto nos parece una pésima práctica porque, primero, no es legal. Y lo otro, es que nos parece muy mal que el sistema de educación siga fragmentándose. Creemos que el camino correcto es que el Estado se haga más responsable y no menos responsable de las escuelas públicas”.
El plazo establecido en la Nueva Educación Pública contempla que para 2020 deben instalarse los primeros siete servicios locales, antes del periodo de evaluación de 2021. Mientras que entre 2022 y 2025 deberán entrar en operación los 59 restantes.
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