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Año XI, 17 de julio de 2019

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La justicia da la espalda a las comunidades de Quintero y Puchuncaví

Luego de los episodios de contaminación que intoxicaron a miles de personas en la bahía de Quintero, la comunidad y organizaciones sociales presentaron recursos de protección por la vulneración que fueron desestimados, argumentando que no se ha determinado la responsabilidad de las empresas. "Siempre priman los intereses económicos", dicen los dirigentes locales.

Pilar León

  Miércoles 20 de febrero 2019 16:51 hrs. 
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La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó los doce recursos de protección presentados contra el cordón industrial de Quintero y Puchuncaví y autoridades del Estado por los episodios de contaminación e intoxicación que se produjeron en la zona de sacrificio durante 2018.

Las acciones fueron presentadas por organizaciones de la comunidad, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (DD.HH.), la Defensoría de la Niñez, sindicatos de pescadores, trabajadores de las empresas implicadas, la municipalidad de Quintero y el senador de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán.

La fundadora de Mujeres en Zona de Sacrificio Quintero y Puchuncaví, Katta Alonso, afirmó respecto del fallo que “no teníamos mucha esperanza. Creemos que los jueces que están en la Corte de Apelaciones de Valparaíso no están bien asesorados en el tema medioambiental, no tienen conocimientos”.

“Es impresentable que no cuiden nuestra salud. En el fondo, nuestro recurso de protección iba a eso. Por tanto, siempre priman los intereses económicos frente a los DD.HH. y la salud de la población en todas las comunas afectadas”, añadió.

Por su parte, el abogado del INDH de Valparaíso, Fernando Martínez, aseguró que la decisión de la justicia “no se condice con las circunstancias de contaminación que han existido en la zona de Quintero y Puchuncaví, no sólo históricamente, sino que en los episodios de contaminación que ocurrieron en agosto y septiembre del año pasado”.

En el recurso de protección, el organismo solicitó que “se realicen exámenes toxicológicos a las personas afectadas y que se implemente cuanto antes el sistema de medición de contaminantes con carácter público y permanente,”, afirmó el abogado Fernando Martínez.

Para el senador RN Francisco Chahuán, “debe hacerse justicia y vamos a llegar hasta la Corte Suprema para que se reestablezca el imperio del derecho y los quinteranos y puchuncavinos no sigan observando un Estado completamente fallido”.

El principal argumento de la tercera sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso para desestimar todos los recursos de protección fue que aún no se puede determinar una empresa como responsable de la contaminación, como tampoco se puede establecer la culpabilidad del ministerio de Salud ni de la superintendencia o ministerio de Medio Ambiente.

Además, el tribunal señaló que “la acción de protección ambiental sólo puede abarcar las situaciones de emergencia ambiental y no el contexto general de la contaminación de Quintero y Puchuncaví, y respecto de la crisis ocurrida en agosto y septiembre de 2018 no pueden acogerse los recursos respecto de ninguna empresa industrial, porque ni consta como indubitada la acción de ninguna de ellas en especifico como agente generador del daño”.

Sin embargo, en el dictamen se estableció que existió una “omisión reprochable” del ministerio de Medio Ambiente por no tener una red de monitoreo de gases tóxicos en la bahía.

Para la dirigenta de Mujeres en Zona de sacrificio, Katta Alonso, “la responsabilidad está clarísima: es del Estado y las empresas. Y eso era lo que nosotros esperábamos de este fallo”.

Desde el INDH y organizaciones sociales valoraron el voto disidente de la ministra Silvana Donoso y adelantaron que apelarán el fallo ante la Corte Suprema. Sin embargo, desde la comunidad recalcaron que no tienen mucha esperanza en lo que determine la justicia y que por eso han acudido a organismos internacionales, para denunciar la histórica contaminación de la llamada zona de sacrificio.