Londres 38 por negacionismo: “Es muy grave, porque se comienza a repetir la historia”
Para este año, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia se redujo en un 23 por ciento. Para Gloria Elgueta, directora miembro de la Mesa de Trabajo de Londres 38, estas señales reflejan el retroceso que ha habido en materia de derechos humanos durante el actual gobierno.
Jueves 21 de febrero 2019 13:35 hrs.
Ante la ofensiva negacionista que se está configurando en parte de la sociedad y en algunos políticos nacionales, no sólo sobre la interpretación del pasado, sino respecto de la acción de la justicia en la actualidad, la Casa de Memoria Londres 38 manifestó su preocupación ante la pasividad y falta de compromiso de las autoridades con respecto de las violaciones a los derechos humanos.
Un ejemplo de tal es la reducción, para este año, de un 23 por ciento del presupuesto del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, lo que impactará negativamente en la búsqueda de la verdad en Chile.
Gloria Elgueta, directora miembro de la Mesa de Trabajo de Londres 38, manifestó a nuestro medio que tal reducción presupuestaria se verá reflejada, por ejemplo, en el Plan Nacional de Búsqueda de víctimas de desaparición forzada.
“No existe un ítem específico para el Plan Nacional de Búsqueda, que es un compromiso del Estado ante la Comisión de Derechos Humanos y el grupo sobre desaparición forzada de Naciones Unidas. Entonces, la explicación que dan es que esos fondos se provén según la solicitud de los tribunales en cada caso, pero nosotros hemos visto que, en el pasado, cuando los tribunales solicitan esos recursos, la respuesta es extremadamente lenta. Entonces nos parece que después de 45 años lo mínimo que el Estado chileno puede hacer es tener una respuesta ágil y tener fondos disponibles permanentemente para estas tareas”.
Otro punto que desde Londres 38 llama la atención es la serie de cambios que ha sufrido el Programa de Derechos Humanos en su proceder y actuar, de hecho, si antes la instancia se hacía parte de algunas acciones legales en contra de los criminales de lesa humanidad, hoy ni si quiera se reúne con los familiares de las víctimas.
El caso de Patricio Manzano, estudiante que falleció en 1985 producto de las torturas de carabineros, es paradigmático. Si bien en un comienzo el Programa de DD.HH. había solicitado el procesamiento del ex general director de Carabineros, Bruno Villalobos, por su complicidad en el crimen, hoy el organismo ni siquiera concurrió a alegar el recurso de apelación presentado por la ex autoridad uniformada en contra del procesamiento.
Para Gloria Elgueta, estas señales se asemejan a las dificultades del pasado para poder encontrar verdad y justicia. En ese sentido, apuntó a la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.
“Es muy grave, porque se comienza a repetir. Lo que nosotros estamos denunciando es que desde que asumió Lorena Recabarren, y este año en particular, no se ha firmado ninguna de las querellas que estaban listas para ser presentadas en casos de detenidos desaparecidos y ejecutados, y no hay ninguna explicación de por qué eso ha sucedido, de hecho, los familiares de las víctimas siguen esperando, han solicitado reuniones con la subsecretaria y no las han conseguido”.
Para Gloria Elgueta, lo poco que se había logrado en términos de justicia, ha sufrido un retroceso con el actual gobierno.
“En realidad toda la política de derechos humanos, en búsqueda de verdad y justicia durante la post dictadura ha sido extremadamente limitada, estrecha, pero dentro de ese marco, en algunos momentos se ha logrado avanzar y se ha logrado hacer justicia. Se ha logrado también que el Estado se involucrara, aunque sea parcialmente, en algunas de estas acciones, asumiendo parte de sus compromisos con la comunidad internacional del sistema de derechos humanos, pero lo que vemos ahora es un retroceso en esos pequeños avances que se fueron logrando, y eso es muy grave”.
Según un informe reciente de la propia Corte Suprema, en los últimos 16 años se han dictado 457 fallos en casos de crímenes de lesa humanidad, 175 por secuestro calificado, 158 por homicidio calificado o simple, 37 por secuestro simple, 16 por detención legal y nueve por torturas. Pero a más de cuarenta años de los hechos, las causas pendientes son 1.340, las que, entre otros obstáculos, enfrentan los pactos de silencio, la lentitud de los procesos, y las maniobras dilatorias de los acusados, sostuvieron desde Londres 38.
Ante la ofensiva negacionista que se está configurando en parte de la sociedad y en algunos políticos nacionales, no sólo sobre la interpretación del pasado, sino respecto de la acción de la justicia en la actualidad, la Casa de Memoria Londres 38 manifestó su preocupación ante la pasividad y falta de compromiso de las autoridades con respecto de las violaciones a los derechos humanos.
Un ejemplo de tal es la reducción, para este año, de un 23 por ciento del presupuesto del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, lo que impactará negativamente en la búsqueda de la verdad en Chile.
Gloria Elgueta, directora miembro de la Mesa de Trabajo de Londres 38, manifestó a nuestro medio que tal reducción presupuestaria se verá reflejada, por ejemplo, en el Plan Nacional de Búsqueda de víctimas de desaparición forzada.
“No existe un ítem específico para el Plan Nacional de Búsqueda, que es un compromiso del Estado ante la Comisión de Derechos Humanos y el grupo sobre desaparición forzada de Naciones Unidas. Entonces, la explicación que dan es que esos fondos se provén según la solicitud de los tribunales en cada caso, pero nosotros hemos visto que, en el pasado, cuando los tribunales solicitan esos recursos, la respuesta es extremadamente lenta. Entonces nos parece que después de 45 años lo mínimo que el Estado chileno puede hacer es tener una respuesta ágil y tener fondos disponibles permanentemente para estas tareas”.
Otro punto que desde Londres 38 llama la atención es la serie de cambios que ha sufrido el Programa de Derechos Humanos en su proceder y actuar, de hecho, si antes la instancia se hacía parte de algunas acciones legales en contra de los criminales de lesa humanidad, hoy ni si quiera se reúne con los familiares de las víctimas.
El caso de Patricio Manzano, estudiante que falleció en 1985 producto de las torturas de carabineros, es paradigmático. Si bien en un comienzo el Programa de DD.HH. había solicitado el procesamiento del ex general director de Carabineros, Bruno Villalobos, por su complicidad en el crimen, hoy el organismo ni siquiera concurrió a alegar el recurso de apelación presentado por la ex autoridad uniformada en contra del procesamiento.
Para Gloria Elgueta, estas señales se asemejan a las dificultades del pasado para poder encontrar verdad y justicia. En ese sentido, apuntó a la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.
“Es muy grave, porque se comienza a repetir. Lo que nosotros estamos denunciando es que desde que asumió Lorena Recabarren, y este año en particular, no se ha firmado ninguna de las querellas que estaban listas para ser presentadas en casos de detenidos desaparecidos y ejecutados, y no hay ninguna explicación de por qué eso ha sucedido, de hecho, los familiares de las víctimas siguen esperando, han solicitado reuniones con la subsecretaria y no las han conseguido”.
Para Gloria Elgueta, lo poco que se había logrado en términos de justicia, ha sufrido un retroceso con el actual gobierno.
“En realidad toda la política de derechos humanos, en búsqueda de verdad y justicia durante la post dictadura ha sido extremadamente limitada, estrecha, pero dentro de ese marco, en algunos momentos se ha logrado avanzar y se ha logrado hacer justicia. Se ha logrado también que el Estado se involucrara, aunque sea parcialmente, en algunas de estas acciones, asumiendo parte de sus compromisos con la comunidad internacional del sistema de derechos humanos, pero lo que vemos ahora es un retroceso en esos pequeños avances que se fueron logrando, y eso es muy grave”.
Según un informe reciente de la propia Corte Suprema, en los últimos 16 años se han dictado 457 fallos en casos de crímenes de lesa humanidad, 175 por secuestro calificado, 158 por homicidio calificado o simple, 37 por secuestro simple, 16 por detención legal y nueve por torturas. Pero a más de cuarenta años de los hechos, las causas pendientes son 1.340, las que, entre otros obstáculos, enfrentan los pactos de silencio, la lentitud de los procesos, y las maniobras dilatorias de los acusados, sostuvieron desde Londres 38.
Ante la ofensiva negacionista que se está configurando en parte de la sociedad y en algunos políticos nacionales, no sólo sobre la interpretación del pasado, sino respecto de la acción de la justicia en la actualidad, la Casa de Memoria Londres 38 manifestó su preocupación ante la pasividad y falta de compromiso de las autoridades con respecto de las violaciones a los derechos humanos.
Un ejemplo de tal es la reducción, para este año, de un 23 por ciento del presupuesto del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, lo que impactará negativamente en la búsqueda de la verdad en Chile.
Gloria Elgueta, directora miembro de la Mesa de Trabajo de Londres 38, manifestó a nuestro medio que tal reducción presupuestaria se verá reflejada, por ejemplo, en el Plan Nacional de Búsqueda de víctimas de desaparición forzada.
“No existe un ítem específico para el Plan Nacional de Búsqueda, que es un compromiso del Estado ante la Comisión de Derechos Humanos y el grupo sobre desaparición forzada de Naciones Unidas. Entonces, la explicación que dan es que esos fondos se provén según la solicitud de los tribunales en cada caso, pero nosotros hemos visto que, en el pasado, cuando los tribunales solicitan esos recursos, la respuesta es extremadamente lenta. Entonces nos parece que después de 45 años lo mínimo que el Estado chileno puede hacer es tener una respuesta ágil y tener fondos disponibles permanentemente para estas tareas”.
Otro punto que desde Londres 38 llama la atención es la serie de cambios que ha sufrido el Programa de Derechos Humanos en su proceder y actuar, de hecho, si antes la instancia se hacía parte de algunas acciones legales en contra de los criminales de lesa humanidad, hoy ni si quiera se reúne con los familiares de las víctimas.
El caso de Patricio Manzano, estudiante que falleció en 1985 producto de las torturas de carabineros, es paradigmático. Si bien en un comienzo el Programa de DD.HH. había solicitado el procesamiento del ex general director de Carabineros, Bruno Villalobos, por su complicidad en el crimen, hoy el organismo ni siquiera concurrió a alegar el recurso de apelación presentado por la ex autoridad uniformada en contra del procesamiento.
Para Gloria Elgueta, estas señales se asemejan a las dificultades del pasado para poder encontrar verdad y justicia. En ese sentido, apuntó a la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.
“Es muy grave, porque se comienza a repetir. Lo que nosotros estamos denunciando es que desde que asumió Lorena Recabarren, y este año en particular, no se ha firmado ninguna de las querellas que estaban listas para ser presentadas en casos de detenidos desaparecidos y ejecutados, y no hay ninguna explicación de por qué eso ha sucedido, de hecho, los familiares de las víctimas siguen esperando, han solicitado reuniones con la subsecretaria y no las han conseguido”.
Para Gloria Elgueta, lo poco que se había logrado en términos de justicia, ha sufrido un retroceso con el actual gobierno.
“En realidad toda la política de derechos humanos, en búsqueda de verdad y justicia durante la post dictadura ha sido extremadamente limitada, estrecha, pero dentro de ese marco, en algunos momentos se ha logrado avanzar y se ha logrado hacer justicia. Se ha logrado también que el Estado se involucrara, aunque sea parcialmente, en algunas de estas acciones, asumiendo parte de sus compromisos con la comunidad internacional del sistema de derechos humanos, pero lo que vemos ahora es un retroceso en esos pequeños avances que se fueron logrando, y eso es muy grave”.
Según un informe reciente de la propia Corte Suprema, en los últimos 16 años se han dictado 457 fallos en casos de crímenes de lesa humanidad, 175 por secuestro calificado, 158 por homicidio calificado o simple, 37 por secuestro simple, 16 por detención legal y nueve por torturas. Pero a más de cuarenta años de los hechos, las causas pendientes son 1.340, las que, entre otros obstáculos, enfrentan los pactos de silencio, la lentitud de los procesos, y las maniobras dilatorias de los acusados, sostuvieron desde Londres 38.
Síguenos en 
