El acuerdo fue finalmente alcanzado tras cinco rondas de diálogo entre el gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), con la participación del nuncio apostólico, Waldemar Stanislaw Sommertag, como testigo.
“Se aprobó la hoja de ruta”, declaró el nuncio en una rueda de prensa en la sede del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas. Allí se desarrollaron las negociaciones desde el pasado 27 de febrero, y está previsto que finalicen el 28 de marzo próximo.
Como parte del acuerdo, se invitó al nuncio a continuar como “testigo y acompañante internacional” del diálogo. Asimismo, el cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, y el pastor Ulises Rivera, coordinador de pastores evangélicos, fueron invitados como “testigos y acompañantes nacionales”.
Brenes informó a la prensa que este viernes dará una respuesta a la invitación, después de reunirse con los diez obispos de la jerarquía católica en Managua.
Garantes internacionales a futuro
La opositora ACJD había pedido la presencia de representantes de la ONU y la OEA como garantes internacionales del diálogo, a lo cual el gobierno se opuso. Las partes resolvieron que designarán a los garantes “una vez aprobada la agenda” del diálogo.
Éstos tendrían como misión velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados. “Necesitamos la presencia de organismos que le den confianza y transparencia al diálogo, tanto a los participantes como a la población”, porque “se van a discutir temas cruciales para el futuro de país, y los acuerdos que se tomen no pueden quedar en papel mojado”, afirmó el delegado de la alianza opositora Ernesto Medina.
La ACJD reiteró que su objetivo en estas negociaciones es exigir la liberación de los presos políticos y restablecer las libertades y garantías constitucionales, entre ellas el derecho a la protesta y la libertad de expresión e información. Pedirán también “reformas electorales que garanticen elecciones libres, justas y transparentes”.
El gobierno de Ortega apunta, por su lado, a restaurar el clima de paz y seguridad necesario para la recuperación económica, golpeada por el clima de protestas y por las sanciones internacionales.
El acuerdo fue finalmente alcanzado tras cinco rondas de diálogo entre el gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), con la participación del nuncio apostólico, Waldemar Stanislaw Sommertag, como testigo.
“Se aprobó la hoja de ruta”, declaró el nuncio en una rueda de prensa en la sede del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas. Allí se desarrollaron las negociaciones desde el pasado 27 de febrero, y está previsto que finalicen el 28 de marzo próximo.
Como parte del acuerdo, se invitó al nuncio a continuar como “testigo y acompañante internacional” del diálogo. Asimismo, el cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, y el pastor Ulises Rivera, coordinador de pastores evangélicos, fueron invitados como “testigos y acompañantes nacionales”.
Brenes informó a la prensa que este viernes dará una respuesta a la invitación, después de reunirse con los diez obispos de la jerarquía católica en Managua.
Garantes internacionales a futuro
La opositora ACJD había pedido la presencia de representantes de la ONU y la OEA como garantes internacionales del diálogo, a lo cual el gobierno se opuso. Las partes resolvieron que designarán a los garantes “una vez aprobada la agenda” del diálogo.
Éstos tendrían como misión velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados. “Necesitamos la presencia de organismos que le den confianza y transparencia al diálogo, tanto a los participantes como a la población”, porque “se van a discutir temas cruciales para el futuro de país, y los acuerdos que se tomen no pueden quedar en papel mojado”, afirmó el delegado de la alianza opositora Ernesto Medina.
La ACJD reiteró que su objetivo en estas negociaciones es exigir la liberación de los presos políticos y restablecer las libertades y garantías constitucionales, entre ellas el derecho a la protesta y la libertad de expresión e información. Pedirán también “reformas electorales que garanticen elecciones libres, justas y transparentes”.
El gobierno de Ortega apunta, por su lado, a restaurar el clima de paz y seguridad necesario para la recuperación económica, golpeada por el clima de protestas y por las sanciones internacionales.
El acuerdo fue finalmente alcanzado tras cinco rondas de diálogo entre el gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), con la participación del nuncio apostólico, Waldemar Stanislaw Sommertag, como testigo.
“Se aprobó la hoja de ruta”, declaró el nuncio en una rueda de prensa en la sede del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas. Allí se desarrollaron las negociaciones desde el pasado 27 de febrero, y está previsto que finalicen el 28 de marzo próximo.
Como parte del acuerdo, se invitó al nuncio a continuar como “testigo y acompañante internacional” del diálogo. Asimismo, el cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, y el pastor Ulises Rivera, coordinador de pastores evangélicos, fueron invitados como “testigos y acompañantes nacionales”.
Brenes informó a la prensa que este viernes dará una respuesta a la invitación, después de reunirse con los diez obispos de la jerarquía católica en Managua.
Garantes internacionales a futuro
La opositora ACJD había pedido la presencia de representantes de la ONU y la OEA como garantes internacionales del diálogo, a lo cual el gobierno se opuso. Las partes resolvieron que designarán a los garantes “una vez aprobada la agenda” del diálogo.
Éstos tendrían como misión velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados. “Necesitamos la presencia de organismos que le den confianza y transparencia al diálogo, tanto a los participantes como a la población”, porque “se van a discutir temas cruciales para el futuro de país, y los acuerdos que se tomen no pueden quedar en papel mojado”, afirmó el delegado de la alianza opositora Ernesto Medina.
La ACJD reiteró que su objetivo en estas negociaciones es exigir la liberación de los presos políticos y restablecer las libertades y garantías constitucionales, entre ellas el derecho a la protesta y la libertad de expresión e información. Pedirán también “reformas electorales que garanticen elecciones libres, justas y transparentes”.
El gobierno de Ortega apunta, por su lado, a restaurar el clima de paz y seguridad necesario para la recuperación económica, golpeada por el clima de protestas y por las sanciones internacionales.
