Consejo de Pueblos Atacameños: “El Estado no ha entendido lo que queremos transmitir”
El "tajante rechazo" de las comunidades de la zona puso la lápida a un millonario proyecto de Minera Delfín, de Hernán Büchi, en la región de Antofagasta. En conversación con Radio Universidad de Chile, el presidente de la entidad y líder de la comunidad de Peine, Sergio Cubillos, consideró el hecho como un triunfo sin precedentes y profundizó en la lucha que como pueblo originario siguen brindando.
Tomás González F.
Miércoles 20 de marzo 2019 17:45 hrs.
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La empresa minera Delfín, ligada a Hernán Büchi y propietaria de un proyecto que consideraba una inversión de 17 millones de dólares, solicitó el retiro del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) luego de ocho años de disputa con la comunidad atacameña.
En una declaración enviada al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) por el representante legal de la empresa, Claudio Segura, la compañía afirmó que “frente al tajante rechazo planteado por la dirigencia de la comunidad atacameña cercana al proyecto, el directorio de Minera Delfín ha resuelto abandonar a su solicitud de Resolución de Calificación Ambiental”.
El hecho se produjo luego de constantes muestras de rechazo por parte de la comunidad atacameña de Peine, ubicada a siete kilómetros del lugar en donde se planeaba el proyecto, quienes se negaron a participar de la segunda consulta indígena que había mandatado el Comité de Ministros.
En entrevista con Radio Universidad de Chile, el presidente de la comunidad de Peine y también presidente del Consejo de Pueblos Atacameños, Sergio Cubillos, calificó este hecho como “un gran triunfo” y profundizó sobre las razones que llevaron a la comunidad a tomar acción contra este proyecto: “Después de ocho años luchando contra este proyecto, es un logro que hayan decidido bajarse del proceso de evaluación ambiental”, dijo.
“Decidimos no participar en el segundo proceso de consulta indígena que nos estaba exigiendo el Comité de Ministros, primero, con la intención de que el gobierno que estaba de turno pudiera decidir luego sobre el proyecto; y segundo, para que hubiera una presión respecto de que esto iba a tener un tiempo más largo de evaluación e íbamos a llegar hasta las últimas consecuencias para frenarlo. Al final, la presionado terminó siendo la empresa y estamos muy contentos, porque marcamos un precedente respecto a que los informes técnicos que presentamos y lo que reclamamos de la inviabilidad del proyecto tuvo su efecto”, señaló.
¿Cuáles eran esas inviabilidades que estaban intentando demostrar?
“Primero era la cercanía con el poblado. Presentamos que las tronaduras que iban a realizar nos iban a afectar específicamente a nuestra forma de vida. Segundo, todo el patrimonio arqueológico que se encuentra alrededor del sector, y uno en especial que es la quebrada de Tulán, donde se descubrieron los primeros indicios atacameños, junto con los pucarás de Quitor. Además pasaban por el Camino del Inca, sector de pastoreo de la comunidad, y la posible utilización de aguas subterráneas que, por lo menos a nosotros, nos afectaría en cuanto a la agricultura, porque estamos pendiendo de un hilo respecto al riego que tenemos y el agua que utilizamos en Peine”.
Aunque esta vez el triunfo llegó a través del diálogo, no siempre ha sido así. El mismo Cubillos, hoy de 29 años, fue parte de una huelga de hambre en febrero de 2018, tras la polémica aprobación de un convenio entre Corfo y SQM para la explotación de litio, para revocar el convenio que hoy asoma como la principal lucha del pueblo atacameño-licanantay.
Consultado sobre las similitudes que pudiesen existir entre su pueblo y el mapuche en las reivindicaciones y sus mecanismos de resistencia, Cubillos señaló que pese a existir diferencias obvias entre ambas etnias, los objetivos son muy parecidos: “En cuanto a conseguir los objetivos, son casi los mismos. Sabemos la lucha que ha tenido el pueblo mapuche en toda su historia. Para todos los pueblos son un ejemplo de lucha, un ejemplo de convicción, y de eso tenemos que aprender. Nosotros somos más apegados al diálogo, pero no es un diálogo en donde cedamos, sino que tenemos las convicciones bien claras. Podemos sentarnos a conversar con alguien, pero las convicciones y los objetivos son los mismos”, sostuvo.
¿Ese diálogo ha sido desde el principio la manera de enfrentar estos temas o en algún momento partieron con otro tipo de reivindicaciones?
“Históricamente siempre hemos partido con el diálogo. Si nosotros podemos demostrar que hay una afectación directa hacia a nosotros, ahí va el camino del diálogo. Ahora, viendo que el Estado -como los privados- no han entendido lo que queremos transmitirles, sí hemos radicalizado algunas posturas. Cuando se firmó el convenio Corfo-SQM, por ejemplo, hubo una huelga de hambre y cerramos San Pedro de Atacama. Entendemos que hay un Estado que responde a ese tipo de manifestaciones más que al diálogo y no descartamos nunca radicalizar alguna situación”.
Sobre su fugaz visita de un día a la capital, el presidente del Consejo de Pueblos Atacameños explicó que se da en el contexto de potenciar la unidad de medio ambiente que están conformando dentro de la agrupación, con el objetivo de capacitar a los miembros de las comunidades en las temáticas que más los afectan: “Empezamos a trabajar en eso desde el año pasado. En específico, vine a hablar con algunos profesionales para ver de qué formas pueden aportar a nuestro plan de trabajo. En ese sentido, la idea de mi visita a Santiago es buscar ayuda profesional”, explicó.
¿La idea es capacitar a la misma gente de las comunidades?
“Así es. El plan de trabajo considera dos monitores por comunidad, es decir, 36 personas que tuvieron capacitaciones y una formación básica respecto de lo que ocurre en la cuenca del Salar. La idea es que estos jóvenes sean nuestros próximos profesionales en el área. Este año vamos a destinar 806 millones de pesos a la unidad de medio ambiente, para que empecemos a hablar en serio. Tenemos desafíos, como comprar nuestros propios equipos y empezar a tomar los datos duros de lo que ocurre en la cuenca. No ser tan dependientes, como lo es el Estado, de los informes mineros”.
La lucha del pueblo atacameño-licanantay está lejos de terminar. Actualmente, la Comunidad de Pueblos Atacameños está a la espera de lo que resuelva la Corte Suprema respecto de la demanda que interpusieron ante el primer Tribunal Ambiental de Antofagasta en contra de la Superintendencia de Medio Ambiente, por haber aprobado el plan de cumplimiento de SQM pese a que, para Cubillos y la comunidad que representa, la empresa ha incurrido en una serie de irregularidades sin haber sido sancionada.
La empresa minera Delfín, ligada a Hernán Büchi y propietaria de un proyecto que consideraba una inversión de 17 millones de dólares, solicitó el retiro del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) luego de ocho años de disputa con la comunidad atacameña.
En una declaración enviada al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) por el representante legal de la empresa, Claudio Segura, la compañía afirmó que “frente al tajante rechazo planteado por la dirigencia de la comunidad atacameña cercana al proyecto, el directorio de Minera Delfín ha resuelto abandonar a su solicitud de Resolución de Calificación Ambiental”.
El hecho se produjo luego de constantes muestras de rechazo por parte de la comunidad atacameña de Peine, ubicada a siete kilómetros del lugar en donde se planeaba el proyecto, quienes se negaron a participar de la segunda consulta indígena que había mandatado el Comité de Ministros.
En entrevista con Radio Universidad de Chile, el presidente de la comunidad de Peine y también presidente del Consejo de Pueblos Atacameños, Sergio Cubillos, calificó este hecho como “un gran triunfo” y profundizó sobre las razones que llevaron a la comunidad a tomar acción contra este proyecto: “Después de ocho años luchando contra este proyecto, es un logro que hayan decidido bajarse del proceso de evaluación ambiental”, dijo.
“Decidimos no participar en el segundo proceso de consulta indígena que nos estaba exigiendo el Comité de Ministros, primero, con la intención de que el gobierno que estaba de turno pudiera decidir luego sobre el proyecto; y segundo, para que hubiera una presión respecto de que esto iba a tener un tiempo más largo de evaluación e íbamos a llegar hasta las últimas consecuencias para frenarlo. Al final, la presionado terminó siendo la empresa y estamos muy contentos, porque marcamos un precedente respecto a que los informes técnicos que presentamos y lo que reclamamos de la inviabilidad del proyecto tuvo su efecto”, señaló.
¿Cuáles eran esas inviabilidades que estaban intentando demostrar?
“Primero era la cercanía con el poblado. Presentamos que las tronaduras que iban a realizar nos iban a afectar específicamente a nuestra forma de vida. Segundo, todo el patrimonio arqueológico que se encuentra alrededor del sector, y uno en especial que es la quebrada de Tulán, donde se descubrieron los primeros indicios atacameños, junto con los pucarás de Quitor. Además pasaban por el Camino del Inca, sector de pastoreo de la comunidad, y la posible utilización de aguas subterráneas que, por lo menos a nosotros, nos afectaría en cuanto a la agricultura, porque estamos pendiendo de un hilo respecto al riego que tenemos y el agua que utilizamos en Peine”.
Aunque esta vez el triunfo llegó a través del diálogo, no siempre ha sido así. El mismo Cubillos, hoy de 29 años, fue parte de una huelga de hambre en febrero de 2018, tras la polémica aprobación de un convenio entre Corfo y SQM para la explotación de litio, para revocar el convenio que hoy asoma como la principal lucha del pueblo atacameño-licanantay.
Consultado sobre las similitudes que pudiesen existir entre su pueblo y el mapuche en las reivindicaciones y sus mecanismos de resistencia, Cubillos señaló que pese a existir diferencias obvias entre ambas etnias, los objetivos son muy parecidos: “En cuanto a conseguir los objetivos, son casi los mismos. Sabemos la lucha que ha tenido el pueblo mapuche en toda su historia. Para todos los pueblos son un ejemplo de lucha, un ejemplo de convicción, y de eso tenemos que aprender. Nosotros somos más apegados al diálogo, pero no es un diálogo en donde cedamos, sino que tenemos las convicciones bien claras. Podemos sentarnos a conversar con alguien, pero las convicciones y los objetivos son los mismos”, sostuvo.
¿Ese diálogo ha sido desde el principio la manera de enfrentar estos temas o en algún momento partieron con otro tipo de reivindicaciones?
“Históricamente siempre hemos partido con el diálogo. Si nosotros podemos demostrar que hay una afectación directa hacia a nosotros, ahí va el camino del diálogo. Ahora, viendo que el Estado -como los privados- no han entendido lo que queremos transmitirles, sí hemos radicalizado algunas posturas. Cuando se firmó el convenio Corfo-SQM, por ejemplo, hubo una huelga de hambre y cerramos San Pedro de Atacama. Entendemos que hay un Estado que responde a ese tipo de manifestaciones más que al diálogo y no descartamos nunca radicalizar alguna situación”.
Sobre su fugaz visita de un día a la capital, el presidente del Consejo de Pueblos Atacameños explicó que se da en el contexto de potenciar la unidad de medio ambiente que están conformando dentro de la agrupación, con el objetivo de capacitar a los miembros de las comunidades en las temáticas que más los afectan: “Empezamos a trabajar en eso desde el año pasado. En específico, vine a hablar con algunos profesionales para ver de qué formas pueden aportar a nuestro plan de trabajo. En ese sentido, la idea de mi visita a Santiago es buscar ayuda profesional”, explicó.
¿La idea es capacitar a la misma gente de las comunidades?
“Así es. El plan de trabajo considera dos monitores por comunidad, es decir, 36 personas que tuvieron capacitaciones y una formación básica respecto de lo que ocurre en la cuenca del Salar. La idea es que estos jóvenes sean nuestros próximos profesionales en el área. Este año vamos a destinar 806 millones de pesos a la unidad de medio ambiente, para que empecemos a hablar en serio. Tenemos desafíos, como comprar nuestros propios equipos y empezar a tomar los datos duros de lo que ocurre en la cuenca. No ser tan dependientes, como lo es el Estado, de los informes mineros”.
La lucha del pueblo atacameño-licanantay está lejos de terminar. Actualmente, la Comunidad de Pueblos Atacameños está a la espera de lo que resuelva la Corte Suprema respecto de la demanda que interpusieron ante el primer Tribunal Ambiental de Antofagasta en contra de la Superintendencia de Medio Ambiente, por haber aprobado el plan de cumplimiento de SQM pese a que, para Cubillos y la comunidad que representa, la empresa ha incurrido en una serie de irregularidades sin haber sido sancionada.
La empresa minera Delfín, ligada a Hernán Büchi y propietaria de un proyecto que consideraba una inversión de 17 millones de dólares, solicitó el retiro del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) luego de ocho años de disputa con la comunidad atacameña.
En una declaración enviada al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) por el representante legal de la empresa, Claudio Segura, la compañía afirmó que “frente al tajante rechazo planteado por la dirigencia de la comunidad atacameña cercana al proyecto, el directorio de Minera Delfín ha resuelto abandonar a su solicitud de Resolución de Calificación Ambiental”.
El hecho se produjo luego de constantes muestras de rechazo por parte de la comunidad atacameña de Peine, ubicada a siete kilómetros del lugar en donde se planeaba el proyecto, quienes se negaron a participar de la segunda consulta indígena que había mandatado el Comité de Ministros.
En entrevista con Radio Universidad de Chile, el presidente de la comunidad de Peine y también presidente del Consejo de Pueblos Atacameños, Sergio Cubillos, calificó este hecho como “un gran triunfo” y profundizó sobre las razones que llevaron a la comunidad a tomar acción contra este proyecto: “Después de ocho años luchando contra este proyecto, es un logro que hayan decidido bajarse del proceso de evaluación ambiental”, dijo.
“Decidimos no participar en el segundo proceso de consulta indígena que nos estaba exigiendo el Comité de Ministros, primero, con la intención de que el gobierno que estaba de turno pudiera decidir luego sobre el proyecto; y segundo, para que hubiera una presión respecto de que esto iba a tener un tiempo más largo de evaluación e íbamos a llegar hasta las últimas consecuencias para frenarlo. Al final, la presionado terminó siendo la empresa y estamos muy contentos, porque marcamos un precedente respecto a que los informes técnicos que presentamos y lo que reclamamos de la inviabilidad del proyecto tuvo su efecto”, señaló.
¿Cuáles eran esas inviabilidades que estaban intentando demostrar?
“Primero era la cercanía con el poblado. Presentamos que las tronaduras que iban a realizar nos iban a afectar específicamente a nuestra forma de vida. Segundo, todo el patrimonio arqueológico que se encuentra alrededor del sector, y uno en especial que es la quebrada de Tulán, donde se descubrieron los primeros indicios atacameños, junto con los pucarás de Quitor. Además pasaban por el Camino del Inca, sector de pastoreo de la comunidad, y la posible utilización de aguas subterráneas que, por lo menos a nosotros, nos afectaría en cuanto a la agricultura, porque estamos pendiendo de un hilo respecto al riego que tenemos y el agua que utilizamos en Peine”.
Aunque esta vez el triunfo llegó a través del diálogo, no siempre ha sido así. El mismo Cubillos, hoy de 29 años, fue parte de una huelga de hambre en febrero de 2018, tras la polémica aprobación de un convenio entre Corfo y SQM para la explotación de litio, para revocar el convenio que hoy asoma como la principal lucha del pueblo atacameño-licanantay.
Consultado sobre las similitudes que pudiesen existir entre su pueblo y el mapuche en las reivindicaciones y sus mecanismos de resistencia, Cubillos señaló que pese a existir diferencias obvias entre ambas etnias, los objetivos son muy parecidos: “En cuanto a conseguir los objetivos, son casi los mismos. Sabemos la lucha que ha tenido el pueblo mapuche en toda su historia. Para todos los pueblos son un ejemplo de lucha, un ejemplo de convicción, y de eso tenemos que aprender. Nosotros somos más apegados al diálogo, pero no es un diálogo en donde cedamos, sino que tenemos las convicciones bien claras. Podemos sentarnos a conversar con alguien, pero las convicciones y los objetivos son los mismos”, sostuvo.
¿Ese diálogo ha sido desde el principio la manera de enfrentar estos temas o en algún momento partieron con otro tipo de reivindicaciones?
“Históricamente siempre hemos partido con el diálogo. Si nosotros podemos demostrar que hay una afectación directa hacia a nosotros, ahí va el camino del diálogo. Ahora, viendo que el Estado -como los privados- no han entendido lo que queremos transmitirles, sí hemos radicalizado algunas posturas. Cuando se firmó el convenio Corfo-SQM, por ejemplo, hubo una huelga de hambre y cerramos San Pedro de Atacama. Entendemos que hay un Estado que responde a ese tipo de manifestaciones más que al diálogo y no descartamos nunca radicalizar alguna situación”.
Sobre su fugaz visita de un día a la capital, el presidente del Consejo de Pueblos Atacameños explicó que se da en el contexto de potenciar la unidad de medio ambiente que están conformando dentro de la agrupación, con el objetivo de capacitar a los miembros de las comunidades en las temáticas que más los afectan: “Empezamos a trabajar en eso desde el año pasado. En específico, vine a hablar con algunos profesionales para ver de qué formas pueden aportar a nuestro plan de trabajo. En ese sentido, la idea de mi visita a Santiago es buscar ayuda profesional”, explicó.
¿La idea es capacitar a la misma gente de las comunidades?
“Así es. El plan de trabajo considera dos monitores por comunidad, es decir, 36 personas que tuvieron capacitaciones y una formación básica respecto de lo que ocurre en la cuenca del Salar. La idea es que estos jóvenes sean nuestros próximos profesionales en el área. Este año vamos a destinar 806 millones de pesos a la unidad de medio ambiente, para que empecemos a hablar en serio. Tenemos desafíos, como comprar nuestros propios equipos y empezar a tomar los datos duros de lo que ocurre en la cuenca. No ser tan dependientes, como lo es el Estado, de los informes mineros”.
La lucha del pueblo atacameño-licanantay está lejos de terminar. Actualmente, la Comunidad de Pueblos Atacameños está a la espera de lo que resuelva la Corte Suprema respecto de la demanda que interpusieron ante el primer Tribunal Ambiental de Antofagasta en contra de la Superintendencia de Medio Ambiente, por haber aprobado el plan de cumplimiento de SQM pese a que, para Cubillos y la comunidad que representa, la empresa ha incurrido en una serie de irregularidades sin haber sido sancionada.
