Diario y Radio U Chile

Año XI, 21 de septiembre de 2019

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Krassnoff y Espinoza siguen sumando años: Juez Carroza dicta nueva condena por secuestro calificado

El ministro Carroza dictó el fallo condenatorio contra Pedro Espinoza y Miguel Krassnoff a 8 años de presidio en calidad de autores de los delitos de secuestro calificado de los estudiantes de filosofía Óscar Dante Valdivia González, Luis Hernán Núñez Rojas y Rodrigo Alejandro Medina Hernández ocurridos en mayo de 1976.

Claudia Carvajal G.

  Jueves 28 de marzo 2019 17:25 hrs. 
Espinosa

El ministro en visita para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, condenó a los dos exagentes de la Dirección Inteligencia Nacional (DINA) Pedro Octavio Espinoza Bravo y Miguel Krassnoff Martchenko a 8 años de presidio, en calidad de autores de los secuestros calificados de Óscar Dante Valdivia González, obrero,  Luis Hernán Núñez Rojas y Rodrigo Alejandro Medina Hernández, estudiantes de filosofía de la Universidad de Chile.

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Rodrigo Medina tenía 18 años al momento de su desaparición.

VALDIVIA-GONZALEZ-OSCAR

Oscar Valdivia

Luis Núñez

Acorde a  los hechos fijados por la sentencia, las víctimas, militantes del Movimiento de Izquierda revolucionaria (MIR), fueron detenidos el 26 de mayo de 1976 por agentes del Estado y conducidos a Villa Grimaldi, según los testimonios de sobrevivientes de ese centro de torturas.

La última vez que fueron vistos fue al interior del cuartel Terranova en meses posteriores a su detención, “lugar desde donde se les pierde el rastro y hasta la fecha se desconocen sus paraderos, a pesar de todos los esfuerzos de sus familiares”, de acuerdo a lo que consigna el fallo de 124 páginas redactado por el juez Carroza.

Dado que ambos condenados ya se encuentran cumpliendo penas por otros delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet, esta pena de ocho años la comenzarán a cumplir a continuación de las anteriores.

En sede civil, se condenó al Estado de Chile a pagar indemnizaciones por un total de doscientos millones de pesos a los familiares de los desaparecidos.