Víctimas de adopciones ilegales acusan al ministro de Justicia de incumplir su palabra
La agrupación Hijos y Madres del Silencio llegó hasta el frontis de la Corte Suprema para denunciar que el titular de Justicia, Hernán Larraín, no ha cumplido lo prometido en la Comisión de Familia de la Cámara, en donde indicó que otorgarían recursos del Estado a la investigación que lidera el ministro Mario Carroza por adopciones ilegales y sustracción de menores.
Tomás González F.
Lunes 15 de abril 2019 19:46 hrs.
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Este lunes, en el frontis de la Corte Suprema de Justicia, se reunieron miembros de la agrupación Hijos y Madres del Silencio con el fin de denunciar la situación a la que se enfrentan las investigaciones que lleva adelante el juez Mario Carroza en torno a las denuncias y querellas por sustracción de menores y adopciones ilegales en nuestro país.
Frente al edificio, y con un gran lienzo en el que se leía “Por la verdad y mi origen: Hijos y Madres del Silencio”, las y los miembros de la agrupación hicieron un llamado al ministro de Justicia, Hernán Larraín, a que cumpla con su palabra, pues la autoridad prometió, en la Comisión de Familia del Parlamento, que se destinarían recursos para la comisión que se conformó con el fin de investigar las responsabilidades del Estado en esta materia.
Ana María Olivares, vicepresidenta de la agrupación Hijos y Madres del Silencio, lamentó la noticia de que estos fondos no serán asignados para la investigación y anunció que tomarán medidas para que el ministro Larraín cumpla con lo comprometido.
“Nosotros vamos a solicitar una reunión lo más rápidamente posible con el ministro de Justicia, ojalá que quiera reunirse con nosotros. También vamos a solicitar una reunión con el ministro Ricardo Blanco, encargado del área de Derechos Humanos de la Corte Suprema, y con el ministro Carroza. En definitiva, acá no se está queriendo tomar en serio un problema que es de profunda gravedad y que implica otro tipo de crímenes de lesa humanidad, que está totalmente vigente -porque no están prescritos- y que se necesita con urgencia que se tome en cuenta”, denunció.
Si bien la investigación que inició el juez Carroza comenzó con aproximadamente 500 casos, desde la agrupación aseguran que hoy en día la causa involucra más de diez mil. Hasta ahora, Hijos y Madres del Silencio ha logrado reunir 132 familias que fueron separadas de manera ilegal al nacer. Sin embargo, la cifra de personas que buscan a sus familiares va en aumento.
En conversación con Radio Universidad de Chile, Marisol Rodríguez, vocera de la agrupación, explicó que esta fue una operación en la que participaron personas involucradas en el Estado, por lo que es el Estado quien debe hacerse cargo.
“Cada vez aparecen más chicos desde el extranjero, más madres con casos terribles de violencia, de sustracción de menores, de madres a las que les dijeron que sus hijos habían fallecido y ahora aparecen en el extranjero después de 40 años. Si esto lo cometieron agentes del Estado, jueces, médicos, enfermeras, asistentes sociales, además de la Iglesia, como son personas que trabajaron para el Estado, tiene que ser este mismo quien se haga cargo de estos crímenes de lesa humanidad”, dijo la vocera.
Uno de los casos es el de Alejandra Tabitaud, quien es parte de la agrupación y quien el año 2018 se reencontró con su hijo luego de 39 años de búsqueda. Él estaba en Suecia y fue sacado del país de manera ilegal.
En conversación con nuestro medio, relató parte de su historia.
“Mi mamá me llevó a una casa en donde recibían a puras niñas que estuvieran embarazadas a punto de dar a luz. Después que tenían al bebé se lo llevaban para esa casa y en esa casa vendían a las guaguas. Yo nunca hice nada porque me daba miedo que estuviera involucrada mi mamá. Creo que a ella le pagaron por mi hijo y yo tenía 16 años”, dijo la integrante de la agrupación, quien este año espera conocer en persona a su hijo perdido.
De esta manera, las representantes de la agrupación Hijos y Madres del Silencio participaron de la comisión investigadora que se encarga de indagar en estos delitos, la que está presidida por el diputado comunista Boris Barrera, para solicitar que se cite al ministro de Justicia, Hernán Larraín, y que dé explicaciones del porqué no se entregarán los recursos para la investigación.
Cabe recordar que, hasta ahora, el caso lo lleva el juez Mario Carroza quien, apoyado de un equipo de la Policía de Investigaciones, investiga las más de 10 mil denuncias que existen actualmente por este delito de sustracción de menores que datan desde la década del 50’ hasta los años 2000.
Este lunes, en el frontis de la Corte Suprema de Justicia, se reunieron miembros de la agrupación Hijos y Madres del Silencio con el fin de denunciar la situación a la que se enfrentan las investigaciones que lleva adelante el juez Mario Carroza en torno a las denuncias y querellas por sustracción de menores y adopciones ilegales en nuestro país.
Frente al edificio, y con un gran lienzo en el que se leía “Por la verdad y mi origen: Hijos y Madres del Silencio”, las y los miembros de la agrupación hicieron un llamado al ministro de Justicia, Hernán Larraín, a que cumpla con su palabra, pues la autoridad prometió, en la Comisión de Familia del Parlamento, que se destinarían recursos para la comisión que se conformó con el fin de investigar las responsabilidades del Estado en esta materia.
Ana María Olivares, vicepresidenta de la agrupación Hijos y Madres del Silencio, lamentó la noticia de que estos fondos no serán asignados para la investigación y anunció que tomarán medidas para que el ministro Larraín cumpla con lo comprometido.
“Nosotros vamos a solicitar una reunión lo más rápidamente posible con el ministro de Justicia, ojalá que quiera reunirse con nosotros. También vamos a solicitar una reunión con el ministro Ricardo Blanco, encargado del área de Derechos Humanos de la Corte Suprema, y con el ministro Carroza. En definitiva, acá no se está queriendo tomar en serio un problema que es de profunda gravedad y que implica otro tipo de crímenes de lesa humanidad, que está totalmente vigente -porque no están prescritos- y que se necesita con urgencia que se tome en cuenta”, denunció.
Si bien la investigación que inició el juez Carroza comenzó con aproximadamente 500 casos, desde la agrupación aseguran que hoy en día la causa involucra más de diez mil. Hasta ahora, Hijos y Madres del Silencio ha logrado reunir 132 familias que fueron separadas de manera ilegal al nacer. Sin embargo, la cifra de personas que buscan a sus familiares va en aumento.
En conversación con Radio Universidad de Chile, Marisol Rodríguez, vocera de la agrupación, explicó que esta fue una operación en la que participaron personas involucradas en el Estado, por lo que es el Estado quien debe hacerse cargo.
“Cada vez aparecen más chicos desde el extranjero, más madres con casos terribles de violencia, de sustracción de menores, de madres a las que les dijeron que sus hijos habían fallecido y ahora aparecen en el extranjero después de 40 años. Si esto lo cometieron agentes del Estado, jueces, médicos, enfermeras, asistentes sociales, además de la Iglesia, como son personas que trabajaron para el Estado, tiene que ser este mismo quien se haga cargo de estos crímenes de lesa humanidad”, dijo la vocera.
Uno de los casos es el de Alejandra Tabitaud, quien es parte de la agrupación y quien el año 2018 se reencontró con su hijo luego de 39 años de búsqueda. Él estaba en Suecia y fue sacado del país de manera ilegal.
En conversación con nuestro medio, relató parte de su historia.
“Mi mamá me llevó a una casa en donde recibían a puras niñas que estuvieran embarazadas a punto de dar a luz. Después que tenían al bebé se lo llevaban para esa casa y en esa casa vendían a las guaguas. Yo nunca hice nada porque me daba miedo que estuviera involucrada mi mamá. Creo que a ella le pagaron por mi hijo y yo tenía 16 años”, dijo la integrante de la agrupación, quien este año espera conocer en persona a su hijo perdido.
De esta manera, las representantes de la agrupación Hijos y Madres del Silencio participaron de la comisión investigadora que se encarga de indagar en estos delitos, la que está presidida por el diputado comunista Boris Barrera, para solicitar que se cite al ministro de Justicia, Hernán Larraín, y que dé explicaciones del porqué no se entregarán los recursos para la investigación.
Cabe recordar que, hasta ahora, el caso lo lleva el juez Mario Carroza quien, apoyado de un equipo de la Policía de Investigaciones, investiga las más de 10 mil denuncias que existen actualmente por este delito de sustracción de menores que datan desde la década del 50’ hasta los años 2000.
Este lunes, en el frontis de la Corte Suprema de Justicia, se reunieron miembros de la agrupación Hijos y Madres del Silencio con el fin de denunciar la situación a la que se enfrentan las investigaciones que lleva adelante el juez Mario Carroza en torno a las denuncias y querellas por sustracción de menores y adopciones ilegales en nuestro país.
Frente al edificio, y con un gran lienzo en el que se leía “Por la verdad y mi origen: Hijos y Madres del Silencio”, las y los miembros de la agrupación hicieron un llamado al ministro de Justicia, Hernán Larraín, a que cumpla con su palabra, pues la autoridad prometió, en la Comisión de Familia del Parlamento, que se destinarían recursos para la comisión que se conformó con el fin de investigar las responsabilidades del Estado en esta materia.
Ana María Olivares, vicepresidenta de la agrupación Hijos y Madres del Silencio, lamentó la noticia de que estos fondos no serán asignados para la investigación y anunció que tomarán medidas para que el ministro Larraín cumpla con lo comprometido.
“Nosotros vamos a solicitar una reunión lo más rápidamente posible con el ministro de Justicia, ojalá que quiera reunirse con nosotros. También vamos a solicitar una reunión con el ministro Ricardo Blanco, encargado del área de Derechos Humanos de la Corte Suprema, y con el ministro Carroza. En definitiva, acá no se está queriendo tomar en serio un problema que es de profunda gravedad y que implica otro tipo de crímenes de lesa humanidad, que está totalmente vigente -porque no están prescritos- y que se necesita con urgencia que se tome en cuenta”, denunció.
Si bien la investigación que inició el juez Carroza comenzó con aproximadamente 500 casos, desde la agrupación aseguran que hoy en día la causa involucra más de diez mil. Hasta ahora, Hijos y Madres del Silencio ha logrado reunir 132 familias que fueron separadas de manera ilegal al nacer. Sin embargo, la cifra de personas que buscan a sus familiares va en aumento.
En conversación con Radio Universidad de Chile, Marisol Rodríguez, vocera de la agrupación, explicó que esta fue una operación en la que participaron personas involucradas en el Estado, por lo que es el Estado quien debe hacerse cargo.
“Cada vez aparecen más chicos desde el extranjero, más madres con casos terribles de violencia, de sustracción de menores, de madres a las que les dijeron que sus hijos habían fallecido y ahora aparecen en el extranjero después de 40 años. Si esto lo cometieron agentes del Estado, jueces, médicos, enfermeras, asistentes sociales, además de la Iglesia, como son personas que trabajaron para el Estado, tiene que ser este mismo quien se haga cargo de estos crímenes de lesa humanidad”, dijo la vocera.
Uno de los casos es el de Alejandra Tabitaud, quien es parte de la agrupación y quien el año 2018 se reencontró con su hijo luego de 39 años de búsqueda. Él estaba en Suecia y fue sacado del país de manera ilegal.
En conversación con nuestro medio, relató parte de su historia.
“Mi mamá me llevó a una casa en donde recibían a puras niñas que estuvieran embarazadas a punto de dar a luz. Después que tenían al bebé se lo llevaban para esa casa y en esa casa vendían a las guaguas. Yo nunca hice nada porque me daba miedo que estuviera involucrada mi mamá. Creo que a ella le pagaron por mi hijo y yo tenía 16 años”, dijo la integrante de la agrupación, quien este año espera conocer en persona a su hijo perdido.
De esta manera, las representantes de la agrupación Hijos y Madres del Silencio participaron de la comisión investigadora que se encarga de indagar en estos delitos, la que está presidida por el diputado comunista Boris Barrera, para solicitar que se cite al ministro de Justicia, Hernán Larraín, y que dé explicaciones del porqué no se entregarán los recursos para la investigación.
Cabe recordar que, hasta ahora, el caso lo lleva el juez Mario Carroza quien, apoyado de un equipo de la Policía de Investigaciones, investiga las más de 10 mil denuncias que existen actualmente por este delito de sustracción de menores que datan desde la década del 50’ hasta los años 2000.
