El Gobierno ha recogido las muchas críticas e insuficiencias que tiene la cobertura de salud chilena, al hacer los anuncios que modifican el sistema de isapres, pero que tienen la intención declarada de erigirse en un Plan de Salud Universal. Con urgencia simple, es decir, con voluntad de discusión, la propuesta implica modificar el sistema de isapres con una indicación sustitutiva al proyecto que actualmente se encuentra en el Senado, mientras en la Cámara se ingresará un proyecto para abordar las modificaciones a Fonasa.
Los problemas que tiene el sistema son varios y enumerarlos no sorprende a nadie: enfermedades catastróficas que endeudan de por vida a familias, arbitrariedad en los precios y aumentos de los planes de salud, discriminación por preexistencias y judicialización del sistema, son algunos de los más graves. En el diagnóstico hay acuerdo pleno, pero a la hora de formular propuestas aparecen las diferencias porque, mejor señalarlo de antemano, la forma cómo cautelar que la salud sea un derecho para toda la población implica adscripciones ideológicas.
Como se sabe, el modelo institucional instaurado en Dictadura procuró generar las condiciones para que cada individuo resolviera sus necesidades. En educación, previsión y salud es lo mismo: cada persona se relaciona por sí sola con el sistema y, si está en condiciones, puede proveerse mejores servicios. En caso contrario, cae en manos de la cobertura estatal, la cual ha sido gradualmente postergada hasta convertirse en la parte indeseable del sistema.
Todos quieren estar en colegios pagados tal como tener un plan de salud en las isapres, mientras como consecuencia de ello se han generado negocios multimillonarios gracias a la gestión de los derechos de las personas. Estas políticas fueron continuadas e incluso profundizadas por la Concertación, de la cual, hace pocos días, la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Ryshelbergue, declaró heredera a la actual coalición de gobierno de derecha. En ese itinerario, no es de extrañar que la propuesta del Presidente se haya propuesto perfeccionar el actual sistema de isapres, sin cambiar su lógica estructural.
Hay optimismo en Chile Vamos de que esta iniciativa sea bien recibida por la población y el parlamento. Por de pronto, sectores de la oposición se manifestaron disponibles para el debate legislativo, en el entendido que, como dijo la senadora Carolina Goic, “las reformas al sector se han retrasado por demasiado tiempo”.
En el horizonte se advierten, en todo caso, algunos eventuales problemas. En un plano, hay críticas a la forma de las propuestas, puesto que hay diputados de la Comisión de Salud de la Cámara que ya advierten letra chica en lo anunciado, por ejemplo, en el precio de las prestaciones y los exámenes. Y en segundo plano, yendo al fondo, hay voces que estiman que lo fundamental no cambiará: la calidad de las prestaciones de los usuarios seguirá dependiendo de la capacidad de copago y el riesgo de los individuos, mientras el multimillonario negocio de las isapres seguirá manteniendo e incrementándose.
Desde sectores del Frente Amplio y desde centros de estudios cercanos a la ex Nueva Mayoría se ha levantado la propuesta de tener un seguro único universal, como lo tienen decenas de países, de carácter público y en donde prime la solidaridad por sobre los salvatajes individuales. Encima de él, quienes quisieran podrían optar a un seguro privado, complementario del primero pero no paralelo, como ocurre en la actualidad. La propuesta implica, por cierto, un cambio de paradigma, tanto que es inevitable preguntarse por qué a algunos de estos sectores este tipo de propuestas se les ocurren cuando están en la oposición y no cuando están en el gobierno.
