En abril del año pasado entraba en vigencia la ley número 21015, conocida también como Ley de Inclusión Laboral, y que planteaba que las empresas de 100 o más empleados debían estar conformadas por personas con discapacidad al menos en un uno por ciento.

Andrea Zondek, presidenta de la fundación Tacal, explicó a Diario y Radio Universidad de Chile, que a partir de la entrada en vigencia de esta ley, en Chile las empresas grandes tienen tres formas de poder cumplirla.

La primera es cumplir eficientemente con la cuota del uno por ciento, indicada en un principio, pero también las empresas podrían optar por considerar como parte de esa cuota a personas con discapacidad que brinden un servicio bajo la modalidad del subcontrato. De no cumplirse así, la otra opción sería pagar dos sueldos mínimos por persona con discapacidad faltante a una fundación enfocada en esta temática.

Pero, ¿cómo ha sido el desarrollo de esta normativa en su primer año de aplicación?

La empresa de selección de personal OpenCluster ha estado interesada en el tema de la inclusión laboral en las empresas en el último año y en un universo de 35 empresas a las que prestaron asesorías enviaron encuestas a 85 mil trabajadores para conocer la situación de las personas con discapacidad en Chile.

“Lo que pudimos evidenciar es que de esas 85 mil personas, el 2,5 por ciento de personas tienen algún grado de discapacidad que puede ser acreditable por el Compin. Pero lo más importante es que todas estas personas desconocían que tenían algún grado de discapacidad”, señaló el gerente comercial de OpenCluster, Rodrigo Valdés, a este medio.

Estos datos no serían evidencia de que las empresas indirectamente se vuelven inclusivas. Para Valdés, es más bien una forma de entender el panorama general de la discapacidad en Chile, que incluye también a personas con diabetes o celíacos. Lo otro, la inclusión laboral en las empresas es un tema que va en paralelo y en donde los puntos de vista también son variados.

“Se han creado puestos de trabajo para gente en discapacidad, pero eso no te hace ser una empresa inclusiva porque el espíritu de la ley no solo cumple el objetivo de contratar a personas sino de un cambio de las políticas internas. Contratar a personas con discapacidad no es cumplir el espíritu de la ley”, criticó Valdés.

Por otro lado, Andrea Zondek explicó que otro de los puntos a tomar en cuenta en el análisis del primer año de la ley 21015 es la posibilidad que habría manifestado el ministro de trabajo, Nicolás Monckeberg, de ampliar la forma de cumplir la ley enviando aportes monetarios a centros de educación especial. Algo que Zondek y la fundación Tacal rechazan tajantemente.

“Sentimos que mejorar la educación especial es responsabilidad del Ministerio de Educación y no de la empresa privada. Además, la ley fue elaborada para favorecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Si ponemos estos recursos en las escuelas especiales, estamos torciendo la mano a la ley, porque nunca hemos visto que las escuelas especiales favorezcan la inclusión laboral”, sentenció Zondek.

Andrea Zondek.

Para la presidenta de la fundación Tacal, las escuelas especiales no estarían facilitando la inserción laboral de sus estudiantes, es más, en algunos casos, como para los que pretenden postular a empresas públicas, esto sería imposible porque se les exige tener por lo menos el cuarto año medio cursado.

Pese a estos problemas, según indicó Zondek, jamás se hubieran alcanzado los 12 mil nuevos contratos para personas con discapacidad de no existir esta ley. Para ella, en este sentido, el aporte es innegable porque, además de los puestos de trabajo, se apunta a eliminar los prejuicios y a tener una mirada más inclusiva.