Diario y Radio U Chile

Año XI, 17 de junio de 2019

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La discapacidad entre enero y noviembre

Bárbara Suazo Cartas al Director |

  Miércoles 22 de mayo 2019 8:20 hrs. 
Señor Director:
Desde el lunes 13 de mayo que se encuentra en toma el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) Bío Bío, por personas con discapacidades o en situación de discapacidad (esta distinción es un tema por sí solo, el punto es que es necesario recordar que antes de la discapacidad son personas) organizadas en la Corporación Defensa de la Discapacidad, debido a, cito textual: “los nulos avances en materia de inclusión de personas en situación de discapacidad a nivel regional y nacional, y a la fallida reunión con el Ministro de Desarrollo Social, el que se retiró en medio de la reunión y no presentó soluciones a las problemáticas que presentamos las personas con discapacidad”. En el comunicado que circula por redes sociales advertían desde un comienzo que las acciones se radicalizarían en la medida que no obtuvieran respuestas concretas. Pasados los días, desde el jueves 16 inician 4 personas ¡Huelga de Hambre!
¿Sabía usted que no es primera vez que personas con discapacidades han tenido que recurrir a estas acciones radicales para que sean efectivas las promesas de campañas políticas y sentimientos de solidaridad que vacían los bolsillos del chile mayoritario cada diciembre desde 1978?
En 2013, personas con discapacidades iniciaron la movilización ocupando la catedral de Concepción que también requeriría de una ¡Huelga de Hambre por 8 días! Evidenciando la ineficiencia del SENADIS, al igual que el informe de evaluación a la Ley 20.422 (que desde el 2010 establece Normas sobre Igualdad de oportunidades e Inclusión Social de  Personas con Discapacidad). Y las demandas son las mismas que desde entonces, las mismas del Movimiento Social Emancipador por los Derechos de Personas en situación de Discapacidad, que en muestra de apoyo mutuo se tomó las dependencias del SENADIS Santiago, las mismas demandas que tras cualquier declaración o acción política de las organizaciones se puede leer: basta de invisibilización, somos personas como todos/as/es y exigimos igualdad de condiciones desde el Estado, para poder ser y hacer lo que la mayoría de las persona sin discapacidad puede.
Y ¿sabía usted que la politización de la situación de discapacidad no comenzó ahora, ni el 2013?
En 1969 se publicó la primera ley vinculada a discapacidad, que facilitó la importación de vehículos adaptados para las personas llamadas “lisiadas” en ese entonces, demanda que instaló la Asociación Chilena de Lisiados y que en 1972 se expande para importar ayudas técnicas, prótesis, y otros elementos que posibilitan su independencia y desplazamiento. Al efectuar una marcha que pretendía llegar al Banco Central, carabineros en su actuar común reprimió -sin discriminar a las personas por su diferencia funcional- siendo duramente golpeadas en esa acción. Sin embargo, otra debe haber sido la visión desde el gobierno de Salvador Allende, quien según narra el Clarín tras enterarse del proceder de la institución del orden, se reunió de inmediato con representantes del Movimiento Nacional de Lisiados y el Ministro de Salud, demostrando voluntad política que ya se venía concretando desde años anteriores. En 1971 se establecía por ley la participación del Movimiento Nacional de Lisiados en una Comisión que además integraba una visitadora social de la Presidencia de la República y un representante del Ministro de Hacienda. O sea, no sólo se promovía participación política de Personas con discapacidades, sino que se aseguraban facultades resolutivas a organizaciones políticas que representaban a las propias personas beneficiarias de la política pública.
Volviendo a nuestros días, actualmente existen distintas institucionalidades relativas a discapacidad: SENADIS, Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez-COMPIN, Registro Nacional de la Discapacidad, Comité Interministerial de Desarrollo Social y el Consejo Consultivo de la Discapacidad. El problema con el Comité Interministerial es que la discapacidad como problemática social, es uno entre tantos otros temas complejos de los que se ocupa el Ministerio de Desarrollo Social, y con el Consejo Consultivo, como su nombre lo dice es sólo consultivo y además aún a 9 años de la ley que lo crea no se encuentra conformado en su totalidad por organizaciones de personas con discapacidad, lo que resulta una contradicción con el propósito de participación e inclusión social que supone la normativa.
Entonces, mientras entre enero y noviembre no estamos bombardeadas por la campaña mediática que reproduce la idea de lástima por la “tragedia personal” que vivenciarían personas con discapacidades, ¿A quién le importa que 4 personas con discapacidad se encuentren en Huelga de Hambre tras no concretarse los discursos ni las leyes de inclusión?
¿A quién le importa que se hayan tomado el SENADIS las mismas personas con discapacidad?
¿A quién le importa la masiva marcha convocada por organizaciones de y para personas con discapacidad que rechazó la selección como forma de inclusión educativa?
¿A quién le importan las muchas marchas y manifestaciones desde 2011 que luchan por reivindicar los derechos y la autonomía de las Personas con Discapacidades?
¿A quién le importa que las personas con discapacidades decidan y actúen políticamente?
Como dice el grupo de acción política Autismo Chile: “Nunca más solos” (ni menos solas)