Vecinos de Quintero y Puchuncaví: “El intendente de Valparaíso debe renunciar”
Agrupaciones compuestas por habitantes de la zona de sacrificio recalcaron que Jorge Martínez debe abandonar su cargo luego del dictamen emanado desde la Corte Suprema, fallo que ordenó al Gobierno concretar una serie de medidas en beneficio de los residentes. Además, lamentaron el silencio de las autoridades gubernamentales al respecto.
Rodrigo Fuentes
Miércoles 29 de mayo 2019 18:40 hrs.
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“Si la Corte Suprema imputó toda la responsabilidad al Estado deben, los miembros del Gobierno vinculados al tema y quienes se rieron de nosotros, presentar su renuncia”.
Así de tajante fue la vocera de la Agrupación Salvemos Quintero, Priscila Pacheco, al referirse al fallo de la Corte Suprema que sindicó al Estado como responsable de la situación ambiental en dicha zona de sacrificio. El máximo tribunal del país ordenó, además, una serie de medidas para proteger a la población en las comunas de Quintero, Ventanas y Puchuncaví.
Priscila Pacheco indicó que, con este inédito dictamen, se gana una pequeña batalla, sin embargo -y debido al nivel de desconfianza que existe sobre las instituciones públicas- estarán atentas para que el dictamen se cumpla.
“Al intendente le dijimos: ‘lo que respiramos no es polen’. Éramos unos locos anarquistas, unos hippies que no teníamos nada que hacer, entonces, bajo todo esto, no esperamos que el Gobierno se pronuncie, pero sí queremos la destitución automática de Jorge Martínez, porque fue el payaso que se rió en la cara de toda la gente afectada acá. Que los seremis de salud y medio ambiente sean destituidos y, si pudiéramos, las cabezas de los ministros también tendrían que salir, porque el poncho les quedó bastante grande y se los dijimos en su momento”, afirmó.
Recordemos que, con el fallo unánime, el máximo tribunal revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que, en febrero pasado, rechazó múltiples acciones interpuestas por los habitantes de la zona contra empresas privadas y estatales, eventualmente, culpables de la crisis sanitaria producida entre agosto y noviembre del año pasado cuando más de mil personas, la mayoría niños, vieron afectada su salud producto de la emanación de gases tóxicos.
Son 15 medidas las que ordenó implementar la Corte Suprema en beneficio de los habitantes de Quintero, Ventanas y Puchuncaví.
Al respecto, el abogado de la ONG FIMA, Diego Lillo, representante de las organizaciones ciudadanas ante la Justicia, indicó que uno de los puntos destacados del dictamen es que se obliga al Estado a tener un sitio web disponible con toda la información recabada y detallada sobre hechos de contaminación ocurridos el año pasado. Información que no existe en estos momentos.
Además, se obliga a la Onemi a implementar un plan de emergencia que implique, incluso, el traslado masivo de la población vulnerable en caso de que ocurran, nuevamente, emanaciones tóxicas desde el cordón industrial.
“Tenemos evidencia de que se encontraron contaminantes prohibidos en Chile y siguen ahí, en la atmósfera, pero el Estado no ha estudiado adecuadamente quién los está emitiendo, no está buscando a los causantes de las intoxicaciones, sino que se ha dedicado, estos nueve meses que han pasado, a la forma de no hacerse responsable de los hechos”, argumentó.
El dictamen de la Corte Suprema incluye también la realización de estudios para determinar exactamente los gases, elementos o compuestos producidos por las fuentes presentes en la denominada zona de sacrificio, además de la instalación de filtros o dispositivos que permitan identificar y medir las emanaciones anteriormente señaladas, de forma directa en la fuente.
En tanto, este miércoles se aprobó, de forma unánime en la Cámara de Diputados, el Proyecto de Resolución que solicita al Presidente Sebastián Piñera que, de forma urgente, de cumplimiento a lo ordenado por la Corte Suprema en relación a los recursos de protección interpuestos por Quintero y Puchuncaví.
La idea legislativa fue ingresada por el parlamentario del Frente Amplio Diego Ibáñez, quien valoró el apoyo transversal que sumo la iniciativa.
“Implementar las medidas acordadas por la comisión investigadora de Quintero y Puchucaví y, con urgencia, aplicar las recomendaciones ordenadas por la Corte Suprema. Esto es un tirón de orejas para la ministra de Medio Ambiente y el Ejecutivo, para que de una vez termine con las zonas de sacrificio en Chile”, subrayó.
Finalmente, desde las comunidades, lamentaron el silencio que, hasta ahora, ha mantenido el Gobierno frente al tema, especialmente desde la secretaria de Estado, Carolina Schmidt.
Una señal -precisaron-, que podría traducirse como negativa, teniendo en cuenta que en noviembre próximo se realizará en nuestro país la conferencia mundial sobre el cambio climático, COP 25.
“Si la Corte Suprema imputó toda la responsabilidad al Estado deben, los miembros del Gobierno vinculados al tema y quienes se rieron de nosotros, presentar su renuncia”.
Así de tajante fue la vocera de la Agrupación Salvemos Quintero, Priscila Pacheco, al referirse al fallo de la Corte Suprema que sindicó al Estado como responsable de la situación ambiental en dicha zona de sacrificio. El máximo tribunal del país ordenó, además, una serie de medidas para proteger a la población en las comunas de Quintero, Ventanas y Puchuncaví.
Priscila Pacheco indicó que, con este inédito dictamen, se gana una pequeña batalla, sin embargo -y debido al nivel de desconfianza que existe sobre las instituciones públicas- estarán atentas para que el dictamen se cumpla.
“Al intendente le dijimos: ‘lo que respiramos no es polen’. Éramos unos locos anarquistas, unos hippies que no teníamos nada que hacer, entonces, bajo todo esto, no esperamos que el Gobierno se pronuncie, pero sí queremos la destitución automática de Jorge Martínez, porque fue el payaso que se rió en la cara de toda la gente afectada acá. Que los seremis de salud y medio ambiente sean destituidos y, si pudiéramos, las cabezas de los ministros también tendrían que salir, porque el poncho les quedó bastante grande y se los dijimos en su momento”, afirmó.
Recordemos que, con el fallo unánime, el máximo tribunal revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que, en febrero pasado, rechazó múltiples acciones interpuestas por los habitantes de la zona contra empresas privadas y estatales, eventualmente, culpables de la crisis sanitaria producida entre agosto y noviembre del año pasado cuando más de mil personas, la mayoría niños, vieron afectada su salud producto de la emanación de gases tóxicos.
Son 15 medidas las que ordenó implementar la Corte Suprema en beneficio de los habitantes de Quintero, Ventanas y Puchuncaví.
Al respecto, el abogado de la ONG FIMA, Diego Lillo, representante de las organizaciones ciudadanas ante la Justicia, indicó que uno de los puntos destacados del dictamen es que se obliga al Estado a tener un sitio web disponible con toda la información recabada y detallada sobre hechos de contaminación ocurridos el año pasado. Información que no existe en estos momentos.
Además, se obliga a la Onemi a implementar un plan de emergencia que implique, incluso, el traslado masivo de la población vulnerable en caso de que ocurran, nuevamente, emanaciones tóxicas desde el cordón industrial.
“Tenemos evidencia de que se encontraron contaminantes prohibidos en Chile y siguen ahí, en la atmósfera, pero el Estado no ha estudiado adecuadamente quién los está emitiendo, no está buscando a los causantes de las intoxicaciones, sino que se ha dedicado, estos nueve meses que han pasado, a la forma de no hacerse responsable de los hechos”, argumentó.
El dictamen de la Corte Suprema incluye también la realización de estudios para determinar exactamente los gases, elementos o compuestos producidos por las fuentes presentes en la denominada zona de sacrificio, además de la instalación de filtros o dispositivos que permitan identificar y medir las emanaciones anteriormente señaladas, de forma directa en la fuente.
En tanto, este miércoles se aprobó, de forma unánime en la Cámara de Diputados, el Proyecto de Resolución que solicita al Presidente Sebastián Piñera que, de forma urgente, de cumplimiento a lo ordenado por la Corte Suprema en relación a los recursos de protección interpuestos por Quintero y Puchuncaví.
La idea legislativa fue ingresada por el parlamentario del Frente Amplio Diego Ibáñez, quien valoró el apoyo transversal que sumo la iniciativa.
“Implementar las medidas acordadas por la comisión investigadora de Quintero y Puchucaví y, con urgencia, aplicar las recomendaciones ordenadas por la Corte Suprema. Esto es un tirón de orejas para la ministra de Medio Ambiente y el Ejecutivo, para que de una vez termine con las zonas de sacrificio en Chile”, subrayó.
Finalmente, desde las comunidades, lamentaron el silencio que, hasta ahora, ha mantenido el Gobierno frente al tema, especialmente desde la secretaria de Estado, Carolina Schmidt.
Una señal -precisaron-, que podría traducirse como negativa, teniendo en cuenta que en noviembre próximo se realizará en nuestro país la conferencia mundial sobre el cambio climático, COP 25.
“Si la Corte Suprema imputó toda la responsabilidad al Estado deben, los miembros del Gobierno vinculados al tema y quienes se rieron de nosotros, presentar su renuncia”.
Así de tajante fue la vocera de la Agrupación Salvemos Quintero, Priscila Pacheco, al referirse al fallo de la Corte Suprema que sindicó al Estado como responsable de la situación ambiental en dicha zona de sacrificio. El máximo tribunal del país ordenó, además, una serie de medidas para proteger a la población en las comunas de Quintero, Ventanas y Puchuncaví.
Priscila Pacheco indicó que, con este inédito dictamen, se gana una pequeña batalla, sin embargo -y debido al nivel de desconfianza que existe sobre las instituciones públicas- estarán atentas para que el dictamen se cumpla.
“Al intendente le dijimos: ‘lo que respiramos no es polen’. Éramos unos locos anarquistas, unos hippies que no teníamos nada que hacer, entonces, bajo todo esto, no esperamos que el Gobierno se pronuncie, pero sí queremos la destitución automática de Jorge Martínez, porque fue el payaso que se rió en la cara de toda la gente afectada acá. Que los seremis de salud y medio ambiente sean destituidos y, si pudiéramos, las cabezas de los ministros también tendrían que salir, porque el poncho les quedó bastante grande y se los dijimos en su momento”, afirmó.
Recordemos que, con el fallo unánime, el máximo tribunal revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que, en febrero pasado, rechazó múltiples acciones interpuestas por los habitantes de la zona contra empresas privadas y estatales, eventualmente, culpables de la crisis sanitaria producida entre agosto y noviembre del año pasado cuando más de mil personas, la mayoría niños, vieron afectada su salud producto de la emanación de gases tóxicos.
Son 15 medidas las que ordenó implementar la Corte Suprema en beneficio de los habitantes de Quintero, Ventanas y Puchuncaví.
Al respecto, el abogado de la ONG FIMA, Diego Lillo, representante de las organizaciones ciudadanas ante la Justicia, indicó que uno de los puntos destacados del dictamen es que se obliga al Estado a tener un sitio web disponible con toda la información recabada y detallada sobre hechos de contaminación ocurridos el año pasado. Información que no existe en estos momentos.
Además, se obliga a la Onemi a implementar un plan de emergencia que implique, incluso, el traslado masivo de la población vulnerable en caso de que ocurran, nuevamente, emanaciones tóxicas desde el cordón industrial.
“Tenemos evidencia de que se encontraron contaminantes prohibidos en Chile y siguen ahí, en la atmósfera, pero el Estado no ha estudiado adecuadamente quién los está emitiendo, no está buscando a los causantes de las intoxicaciones, sino que se ha dedicado, estos nueve meses que han pasado, a la forma de no hacerse responsable de los hechos”, argumentó.
El dictamen de la Corte Suprema incluye también la realización de estudios para determinar exactamente los gases, elementos o compuestos producidos por las fuentes presentes en la denominada zona de sacrificio, además de la instalación de filtros o dispositivos que permitan identificar y medir las emanaciones anteriormente señaladas, de forma directa en la fuente.
En tanto, este miércoles se aprobó, de forma unánime en la Cámara de Diputados, el Proyecto de Resolución que solicita al Presidente Sebastián Piñera que, de forma urgente, de cumplimiento a lo ordenado por la Corte Suprema en relación a los recursos de protección interpuestos por Quintero y Puchuncaví.
La idea legislativa fue ingresada por el parlamentario del Frente Amplio Diego Ibáñez, quien valoró el apoyo transversal que sumo la iniciativa.
“Implementar las medidas acordadas por la comisión investigadora de Quintero y Puchucaví y, con urgencia, aplicar las recomendaciones ordenadas por la Corte Suprema. Esto es un tirón de orejas para la ministra de Medio Ambiente y el Ejecutivo, para que de una vez termine con las zonas de sacrificio en Chile”, subrayó.
Finalmente, desde las comunidades, lamentaron el silencio que, hasta ahora, ha mantenido el Gobierno frente al tema, especialmente desde la secretaria de Estado, Carolina Schmidt.
Una señal -precisaron-, que podría traducirse como negativa, teniendo en cuenta que en noviembre próximo se realizará en nuestro país la conferencia mundial sobre el cambio climático, COP 25.
