A través de un documento titulado “Por un Nuevo Acuerdo Democrático”, el grupo de expertos reprochó que el Gobierno pretenda reducir la agenda “a un par de materias que apenas rozan el problema, desestimando la gravedad de la crisis institucional y su impacto en la calidad de nuestra democracia”.

Entre los firmantes del texto figuran el constitucionalista Francisco Zúñiga, el cientista político Claudio Fuentes, la abogada especialista en DD.HH, Lorena Fríes y la Presidenta del Instituo Igualdad Clarisa Hardy.

Los profesionales advierten que el extendido recelo ciudadano hacia las instituciones pone en riesgo a la democracia y plantean retomar un proceso constituyente, legislando el proyecto de reforma del Capítulo XV de la Constitución Política, cuyo contenido sirve de antecedente para impulsar un cambio de procedimiento constitucional en democracia.

Clarisa Hardy

“Represtigiar el Congreso” dice el documento, es uno de los desafíos más urgentes, pero “no existe evidencia del efecto que podría tener la disminución de escaños en la recuperación de la confianza ciudadana”. En cambio, agregan, “disminuir las actuales dietas con toda seguridad permitiría reconquistar parte de la confianza perdida y recuperar el sentido de la política como servicio público”. Además, aseguran, “habría un mayor ahorro fiscal que disminuyendo la cantidad de parlamentarios”.

Respecto de otras instituciones del Estado, el documento coincide con el Gobierno en orden a reformar el Tribunal Constitucional, el gobierno del Poder Judicial y la Contraloría General de la República

Agrega que debe abrirse “una postergada discusión sobre el actual régimen político extremadamente presidencialista, a expensas de un debilitado poder legislativo”.

El documento liderado por el Instituto Igualdad asegura que los “problemas de la democracia sanan con más democracia”, por lo que, en el corto plazo, proponen avanzar hacia las siguientes iniciativas:

• Iniciativa popular de ley, referendos revocatorios y autonomía al Consejo para la Transparencia.

• Descentralización con mayores y más veloces atribuciones y recursos para las regiones y los futuros gobernadores regionales.

• Nueva Agenda de Probidad y Anticorrupción con materias como la tipificación y aumento de las penas por delitos económicos asociados a prácticas públicas; además de nuevas normativas sobre probidad y transparencia de la función pública y nepotismo, el tráfico de influencias y los conflictos de interés.

• Enmienda a Ley de Partidos Políticos para asegurar que los procesos de filiación respondan a un compromiso real de los militantes

• Aprobar la reforma de financiamiento de las FF.AA., garantizando un control civil democrático sobre las definiciones de ese sector.

• Reestructurar las policías incluyendo un nuevo enfoque sobre los temas de seguridad, más integral y con mayor eficiencia policíaca.

• Reformular una institucionalidad autónoma de alto nivel técnico para las estadísticas públicas.

• Revalidar el rol de la información y las comunicaciones como soportes de transparencia para la democracia y enfrentar las oportunidades y los riesgos que conlleva el uso de las redes para el falseamiento y manipulación informativa.

El documento también hace mención de los montos recibidos por parte de los parlamentarios por sus dietas.

1. Cámara de Diputados/as

 Senado

Nota: Cálculos hechos a partir de las dietas parlamentarias (brutas) sin considerar las asignaciones parlamentarias.