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Año XIV, 26 de junio de 2022

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Igualdad Regional: más allá de la Elección de Gobernadores

Columna de opinión por Cristian Troncoso
Viernes 14 de junio 2019 18:54 hrs.



Los datos que ilustran el fenómeno de la desigualdad de ingresos, desigualdad de trato o  de acceso a bienes y servicios son contundentes y constituyen una arista que la política pública debe necesariamente enfrentar, con herramientas innovadoras. Asimismo, es la desigualdad territorial la que se presenta como la manifestación más evidente de la sociedad segregadora que hemos llegado a conformar en su forma de relación y cuya representación, por ejemplo, en la construcción de ciudades resulta dramática.

Mediante un ejercicio simple de conversación con profesionales de diversas regiones, todos ellos pueden identificar con claridad en qué sector de su región, o de su ciudad, habitan las personas en situación de vulnerabilidad. No porque así lo hayan escogido, sino por la lógica segregadora que también se manifiesta en la adquisición de terrenos de distinto valor y ubicación, para la instalación de viviendas dirigidas a los diferentes segmentos sociales.

Por otro lado, cuando cruzamos los datos institucionales de aquellos territorios que concentran mayores niveles de pobreza, llegamos a concluir que en su mayoría se trata de comunas administradas por municipios también de escasos recursos económicos, profesionales y de gestión; cuyo financiamiento regular proviene principalmente del Fondo Común Municipal, y la implementación de proyectos en beneficio de sus comunidades queda sujeta a la adjudicación de recursos administrados por los Gobiernos Regionales.

En este panorama, que se ha sostenido durante décadas y que pudiera parecer desolador, se levanta una oportunidad histórica desde el ámbito de la política y de la gestión: la elección de los Gobernadores Regionales y la nueva Institucionalidad Regional.

En efecto, la elección directa de los Gobernadores Regionales, que reemplazan la figura de los actuales Intendentes designados, debiera generar una alianza política de carácter regional que posicione los intereses territoriales por sobre la instalación de los intereses centralistas del ejecutivo en la región.

Asimismo, el hecho de que la elección de los Gobernadores sea en conjunto con la de alcaldes y, a partir del 2024, con la correspondiente a consejeros regionales, genera un escenario propicio para establecer alianzas amplias que propongan plataformas políticas y programas de trabajo a cumplir en el período de cuatro años, que cuenten con el compromiso, al menos inicial, de los actores políticos más relevantes del territorio.

En el ámbito institucional, los gobiernos regionales dispondrán de una nueva estructura que incorpora la creación tres Divisiones: Fomento Productivo; Desarrollo Social y Humano; e Infraestructura y Transporte.

Es esta innovación organizativa, la que posibilita articular planes y programas con pertinencia territorial, que se hagan cargo de particularidades comunales y regionales,  y de las formas en que las vulnerabilidades se presentan en el lugar.

Así por ejemplo, los planes que la División de Desarrollo Social y Humano piense e implemente en la Región de la Araucanía, donde la pobreza y vulnerabilidad tiene un fuerte componente étnico y rural; debieran ser (muy) distintos en su metodología, costos y componentes, de aquellos que la división del mismo nombre, pero de la Región de Antofagasta, pudiera implementar, dado el alto componente migrante presente en los sectores más vulnerables de ese territorio y que necesariamente condicionan la oferta programática y metodológica.

De esta forma, si cada una de las Divisiones que llegan a conformar la nueva institucionalidad regional, poseen una visión territorial y las capacidades técnicas suficientes para proponer una oferta de política pública regional, respaldada desde una autoridad comprometida en este nuevo escenario con la realidad del territorio que representa, ahora desde la legitimidad de la elección popular, debiera construirse una Estrategia de Desarrollo Regional sólida, pertinente, que haga sentido a los actores regionales y se constituya en una carta de navegación de largo plazo para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la región, pero por sobre todo, para atender a las desigualdades territoriales haciéndose cargo de promover el desarrollo de aquellos lugares más rezagados.

Sin duda falta aún bastante información acerca del detalle de cómo avanza la implementación de estas nuevas Divisiones, incluso de los resultados de aquellas experiencias piloto que se llevaron  a cabo en distintas regiones con la participación de CORFO, FOSIS y SERVIU que, más allá de productos concretos, tal vez puedan dar luces respecto a las estrategias que se debieran utilizar para vincularse con el resto de los actores del Gobierno Regional, pero principalmente con los servicios relacionados de cada área, dado que en un principio los problemas de dependencia, toma de decisiones y articulación no serán tarea fácil.

El autor en parte del Instituto Igualdad.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.