Pensiones de las Fuerzas Armadas: el debate que todos han querido eludir
Nuevamente el régimen de jubilación de las Fuerzas Armadas está en tela de juicio. No sólo por las ya conocidas irregularidades en Dipreca y Capredena, sino que también por la disparidad en los recursos destinados por el Estado para los uniformados versus la población más vulnerable.
Montserrat Rollano
Domingo 16 de junio 2019 16:19 hrs.
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El excesivo gasto en que incurre el Estado para financiar las pensiones de los militares y carabineros no es algo nuevo. Por el contrario, desde hace años que se ha planteado la necesidad de revisar dicho sistema, considerando la desproporción entre los recursos fiscales destinados a los uniformados y, por ejemplo, las pensiones básicas solidarias.
Sin embargo, esta semana se reveló un nuevo dato que pone más en entredicho la desigualdad existente entre las jubilaciones de las Fuerzas Armadas y las de la sociedad civil.
Según una publicación del diario El Mostrador el principal gasto público correspondería a las pensiones de los uniformados. Esto, según la información contenida en una plataforma digital próxima a estrenar por el Ministerio de Hacienda, a la que el mencionado medio tuvo acceso.
En el texto se detalla que la cantidad de dineros fiscales de Dipreca y Capredena supera incluso a importantes instituciones como el Banco Estado o la Tesorería General de la República.
Para el investigador de la Fundación Sol, Recaredo Gálvez, una de las características de nuestro sistema previsional “es que beneficia a un grupo por sobre los demás y ese beneficio es financiado con impuestos generales, es decir, con el consumo de todo el resto de la población asalariada. Son ellos quienes aportan el mayor componente para financiar estas pensiones de las Fuerzas Armadas”.
Si bien, Gálvez hace hincapié en que un sistema previsional diferenciado para los uniformados existe en otras partes del mundo, también es categórico en que el problema radica en la imposibilidad de elegir respecto de quién administra nuestros fondos, como también ocurre en otras latitudes.
“Hoy día tenemos en paralelo estos regímenes especiales de reparto como el de las Fuerzas Armadas y por el otro lado el privado-obligatorio; nosotros podríamos pensar por qué no avanzar, como lo hicieron otros países, en elegir entre un sistema público u otro de capitalización individual”.
Desde su perspectiva, “la focalización del Pilar Solidario es un problema por lo cual debiésemos pensar y avanzar hacia un modelo en donde exista una pensión universal financiada para todas las personas por el sólo hecho de ser residentes nacionales”.
Otro elemento que es necesario considerar, dice relación con la poco sustentabilidad fiscal de un sistema como el que rige a las Fuerzas Armadas.
De hecho, a través de un informe del año 2012, la Dirección de Presupuestos advirtió que el sistema administrado por Dipreca “presenta una situación más crítica debido al efecto que tendrán en el futuro los fuertes aumentos de dotación” de Carabineros, que creció un 40% entre 2005 y 2015” y agrega que “entre los años 2011-2050 el gasto fiscal destinado al pago de pensiones aumentará en Dipreca a tasas promedio del 6% anual, ubicándose en torno a US$ 7.921 millones en 2050”.
Desde la Coordinadora No más AFP, si bien apuestan por avanzar hacia un sistema de reparto, solidario y tripartito, recalcan que el modelo que proponen no se asemeja al que existía en Chile previo a la reforma de 1980, que es el mismo que poseen los uniformados.
En ese sentido, Carolina Espinoza, vocera de la organización, destacó la necesidad de “nivelar hacia arriba” para que todos los ciudadanos, incluyendo las Fuerzas Armadas puedan tener una jubilación digna.
“Nuestra propuesta no interfiere en lo que hoy tiene el sector de los funcionarios uniformados, sin embrago es una condición francamente inaguantable al ver el nivel de pensiones que tienen ellos versus la de la población civil”.
Resistencia a cambios en el sistema
No han sido pocas las ocasiones en que el tema de la jubilación de carabineros y militares ha estado en el debate público.
Parlamentarios y representantes políticos han declarado su intención de introducir modificaciones, sin embargo, al cabo de un tiempo la falta de voluntad de distintos sectores para avanzar en esta línea se termina imponiendo.
Es así, como algunos planteaban que dichas modificaciones debían estar contenidas en el proyecto que busca extender la carrera militar, sin embargo, esto finalmente no ocurrió.
Lo mismo han manifestado algunos legisladores en el marco de la reforma al sistema de pensiones que se discute actualmente en el Congreso, o también en relación a la anterior, de Michelle Bachelet.
De hecho, la comisión que asesoró dicha reforma, propuso eliminar el sistema especial bajo el que se rige el mundo militar. Su presidente, David Bravo reforzó esta idea señalando que “el sistema de pensiones debería ser exactamente el mismo ¿Por qué deberían tener un sistema de pensiones distinto? Creo que eso no es soportable”.
En esa linea, la propia ex mandataria solicitó a los ministros de Interior y Justicia estudiar el régimen de jubilación de las Fuerzas Armadas, en medio de protestas en contra del sistema de AFP, pero también tras conocerse una serie de abusos en las pensiones de funcionarios de Gendarmería, cuyo rostro más visible fue Miriam Olate, ex esposa del en ese entonces diputado Osvaldo Andrade.
Finalmente, luego de varios meses de trabajo, la comisión técnica encargada de revisar eventuales cambios al sistema concluyó su labor dos meses antes del término del mandato de Bachelet y sin que sus resultados salieran a la luz pública.
El excesivo gasto en que incurre el Estado para financiar las pensiones de los militares y carabineros no es algo nuevo. Por el contrario, desde hace años que se ha planteado la necesidad de revisar dicho sistema, considerando la desproporción entre los recursos fiscales destinados a los uniformados y, por ejemplo, las pensiones básicas solidarias.
Sin embargo, esta semana se reveló un nuevo dato que pone más en entredicho la desigualdad existente entre las jubilaciones de las Fuerzas Armadas y las de la sociedad civil.
Según una publicación del diario El Mostrador el principal gasto público correspondería a las pensiones de los uniformados. Esto, según la información contenida en una plataforma digital próxima a estrenar por el Ministerio de Hacienda, a la que el mencionado medio tuvo acceso.
En el texto se detalla que la cantidad de dineros fiscales de Dipreca y Capredena supera incluso a importantes instituciones como el Banco Estado o la Tesorería General de la República.
Para el investigador de la Fundación Sol, Recaredo Gálvez, una de las características de nuestro sistema previsional “es que beneficia a un grupo por sobre los demás y ese beneficio es financiado con impuestos generales, es decir, con el consumo de todo el resto de la población asalariada. Son ellos quienes aportan el mayor componente para financiar estas pensiones de las Fuerzas Armadas”.
Si bien, Gálvez hace hincapié en que un sistema previsional diferenciado para los uniformados existe en otras partes del mundo, también es categórico en que el problema radica en la imposibilidad de elegir respecto de quién administra nuestros fondos, como también ocurre en otras latitudes.
“Hoy día tenemos en paralelo estos regímenes especiales de reparto como el de las Fuerzas Armadas y por el otro lado el privado-obligatorio; nosotros podríamos pensar por qué no avanzar, como lo hicieron otros países, en elegir entre un sistema público u otro de capitalización individual”.
Desde su perspectiva, “la focalización del Pilar Solidario es un problema por lo cual debiésemos pensar y avanzar hacia un modelo en donde exista una pensión universal financiada para todas las personas por el sólo hecho de ser residentes nacionales”.
Otro elemento que es necesario considerar, dice relación con la poco sustentabilidad fiscal de un sistema como el que rige a las Fuerzas Armadas.
De hecho, a través de un informe del año 2012, la Dirección de Presupuestos advirtió que el sistema administrado por Dipreca “presenta una situación más crítica debido al efecto que tendrán en el futuro los fuertes aumentos de dotación” de Carabineros, que creció un 40% entre 2005 y 2015” y agrega que “entre los años 2011-2050 el gasto fiscal destinado al pago de pensiones aumentará en Dipreca a tasas promedio del 6% anual, ubicándose en torno a US$ 7.921 millones en 2050”.
Desde la Coordinadora No más AFP, si bien apuestan por avanzar hacia un sistema de reparto, solidario y tripartito, recalcan que el modelo que proponen no se asemeja al que existía en Chile previo a la reforma de 1980, que es el mismo que poseen los uniformados.
En ese sentido, Carolina Espinoza, vocera de la organización, destacó la necesidad de “nivelar hacia arriba” para que todos los ciudadanos, incluyendo las Fuerzas Armadas puedan tener una jubilación digna.
“Nuestra propuesta no interfiere en lo que hoy tiene el sector de los funcionarios uniformados, sin embrago es una condición francamente inaguantable al ver el nivel de pensiones que tienen ellos versus la de la población civil”.
Resistencia a cambios en el sistema
No han sido pocas las ocasiones en que el tema de la jubilación de carabineros y militares ha estado en el debate público.
Parlamentarios y representantes políticos han declarado su intención de introducir modificaciones, sin embargo, al cabo de un tiempo la falta de voluntad de distintos sectores para avanzar en esta línea se termina imponiendo.
Es así, como algunos planteaban que dichas modificaciones debían estar contenidas en el proyecto que busca extender la carrera militar, sin embargo, esto finalmente no ocurrió.
Lo mismo han manifestado algunos legisladores en el marco de la reforma al sistema de pensiones que se discute actualmente en el Congreso, o también en relación a la anterior, de Michelle Bachelet.
De hecho, la comisión que asesoró dicha reforma, propuso eliminar el sistema especial bajo el que se rige el mundo militar. Su presidente, David Bravo reforzó esta idea señalando que “el sistema de pensiones debería ser exactamente el mismo ¿Por qué deberían tener un sistema de pensiones distinto? Creo que eso no es soportable”.
En esa linea, la propia ex mandataria solicitó a los ministros de Interior y Justicia estudiar el régimen de jubilación de las Fuerzas Armadas, en medio de protestas en contra del sistema de AFP, pero también tras conocerse una serie de abusos en las pensiones de funcionarios de Gendarmería, cuyo rostro más visible fue Miriam Olate, ex esposa del en ese entonces diputado Osvaldo Andrade.
Finalmente, luego de varios meses de trabajo, la comisión técnica encargada de revisar eventuales cambios al sistema concluyó su labor dos meses antes del término del mandato de Bachelet y sin que sus resultados salieran a la luz pública.
El excesivo gasto en que incurre el Estado para financiar las pensiones de los militares y carabineros no es algo nuevo. Por el contrario, desde hace años que se ha planteado la necesidad de revisar dicho sistema, considerando la desproporción entre los recursos fiscales destinados a los uniformados y, por ejemplo, las pensiones básicas solidarias.
Sin embargo, esta semana se reveló un nuevo dato que pone más en entredicho la desigualdad existente entre las jubilaciones de las Fuerzas Armadas y las de la sociedad civil.
Según una publicación del diario El Mostrador el principal gasto público correspondería a las pensiones de los uniformados. Esto, según la información contenida en una plataforma digital próxima a estrenar por el Ministerio de Hacienda, a la que el mencionado medio tuvo acceso.
En el texto se detalla que la cantidad de dineros fiscales de Dipreca y Capredena supera incluso a importantes instituciones como el Banco Estado o la Tesorería General de la República.
Para el investigador de la Fundación Sol, Recaredo Gálvez, una de las características de nuestro sistema previsional “es que beneficia a un grupo por sobre los demás y ese beneficio es financiado con impuestos generales, es decir, con el consumo de todo el resto de la población asalariada. Son ellos quienes aportan el mayor componente para financiar estas pensiones de las Fuerzas Armadas”.
Si bien, Gálvez hace hincapié en que un sistema previsional diferenciado para los uniformados existe en otras partes del mundo, también es categórico en que el problema radica en la imposibilidad de elegir respecto de quién administra nuestros fondos, como también ocurre en otras latitudes.
“Hoy día tenemos en paralelo estos regímenes especiales de reparto como el de las Fuerzas Armadas y por el otro lado el privado-obligatorio; nosotros podríamos pensar por qué no avanzar, como lo hicieron otros países, en elegir entre un sistema público u otro de capitalización individual”.
Desde su perspectiva, “la focalización del Pilar Solidario es un problema por lo cual debiésemos pensar y avanzar hacia un modelo en donde exista una pensión universal financiada para todas las personas por el sólo hecho de ser residentes nacionales”.
Otro elemento que es necesario considerar, dice relación con la poco sustentabilidad fiscal de un sistema como el que rige a las Fuerzas Armadas.
De hecho, a través de un informe del año 2012, la Dirección de Presupuestos advirtió que el sistema administrado por Dipreca “presenta una situación más crítica debido al efecto que tendrán en el futuro los fuertes aumentos de dotación” de Carabineros, que creció un 40% entre 2005 y 2015” y agrega que “entre los años 2011-2050 el gasto fiscal destinado al pago de pensiones aumentará en Dipreca a tasas promedio del 6% anual, ubicándose en torno a US$ 7.921 millones en 2050”.
Desde la Coordinadora No más AFP, si bien apuestan por avanzar hacia un sistema de reparto, solidario y tripartito, recalcan que el modelo que proponen no se asemeja al que existía en Chile previo a la reforma de 1980, que es el mismo que poseen los uniformados.
En ese sentido, Carolina Espinoza, vocera de la organización, destacó la necesidad de “nivelar hacia arriba” para que todos los ciudadanos, incluyendo las Fuerzas Armadas puedan tener una jubilación digna.
“Nuestra propuesta no interfiere en lo que hoy tiene el sector de los funcionarios uniformados, sin embrago es una condición francamente inaguantable al ver el nivel de pensiones que tienen ellos versus la de la población civil”.
Resistencia a cambios en el sistema
No han sido pocas las ocasiones en que el tema de la jubilación de carabineros y militares ha estado en el debate público.
Parlamentarios y representantes políticos han declarado su intención de introducir modificaciones, sin embargo, al cabo de un tiempo la falta de voluntad de distintos sectores para avanzar en esta línea se termina imponiendo.
Es así, como algunos planteaban que dichas modificaciones debían estar contenidas en el proyecto que busca extender la carrera militar, sin embargo, esto finalmente no ocurrió.
Lo mismo han manifestado algunos legisladores en el marco de la reforma al sistema de pensiones que se discute actualmente en el Congreso, o también en relación a la anterior, de Michelle Bachelet.
De hecho, la comisión que asesoró dicha reforma, propuso eliminar el sistema especial bajo el que se rige el mundo militar. Su presidente, David Bravo reforzó esta idea señalando que “el sistema de pensiones debería ser exactamente el mismo ¿Por qué deberían tener un sistema de pensiones distinto? Creo que eso no es soportable”.
En esa linea, la propia ex mandataria solicitó a los ministros de Interior y Justicia estudiar el régimen de jubilación de las Fuerzas Armadas, en medio de protestas en contra del sistema de AFP, pero también tras conocerse una serie de abusos en las pensiones de funcionarios de Gendarmería, cuyo rostro más visible fue Miriam Olate, ex esposa del en ese entonces diputado Osvaldo Andrade.
Finalmente, luego de varios meses de trabajo, la comisión técnica encargada de revisar eventuales cambios al sistema concluyó su labor dos meses antes del término del mandato de Bachelet y sin que sus resultados salieran a la luz pública.
