“Primero vinieron a buscar a los comunistas y yo no hablé porque no era comunista. Después vinieron por los socialistas y los sindicalistas, y yo no hablé porque no era lo uno ni lo otro. Después vinieron por los judíos, y yo no hablé porque no era judío. Después vinieron por mí, y para ese momento que ya era tarde no quedaba nadie que pudiera hablar por mí” 

Muchos le asignan la expresión anterior al dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht y otros tantos al pastor luterano, también alemán, Martin Niemöller, pero sin importar quién es su autor, aunque probablemente su autoría es de los 2, el hecho importante es que se trata de una verdad inobjetable que nos debe hacer recapacitar por lo que sucede en nuestro país.

Desde hace años estamos criticando a la poderosa y muy influyente industria inmobiliaria porque en su búsqueda de hacer más rentables sus negocios, a través de sus asociaciones gremiales empresariales tienen totalmente capturado al enclenque Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), al cual el gobierno le quiere cambiar el nombre a Ministerio de Ciudad, Vivienda y Territorio, fusionándolo con el Ministerio de Bienes Nacionales, con algunos propósitos razonables, pero con descabelladas fórmulas para que los inversionistas privados puedan ejecutar sus proyectos inmobiliarios en terrenos fiscales siempre y cuando un cierto porcentaje de las viviendas a construir estén catalogadas con el nombre de integración social.

En general los arquitectos particulares son meros “insumos desechables” de quienes lucran con las edificaciones y cuando alguno de ellos contratado por una inmobiliaria le representa que tal o cual cosa no se puede hacer, el dueño del negocio lo despide y lo cambia por otro que sea más “flexible”. Los arquitectos que se desempeñan en el sector público, ya sea en las municipalidades como en los distintos servicios de la Administración del Estado tienen una tendencia a favorecer los intereses de los grandes actores del mercado y son extremadamente severos cuando se trata de tramitar permisos de titulares pequeños, esos mismo que carecen de contactos en las altas esferas del poder.

Conocemos el grotesco caso de un Director de Obras de la Municipalidad de La Reina que, por objetar conforme a la ley, un permiso de edificación de un privado, éste puso el grito en el cielo y por ese correcto celo funcionario le pidió al alcalde que destituyera al arquitecto que se desempeñaba en esa función municipal. El alcalde, desconocedor de las materias técnicas,  optó por el simplista camino de destituir al arquitecto que se atrevió a exigir el cumplimiento de la ley a un inmobiliario y, parodiando a los mencionados intelectuales alemanes, nunca el Colegio de Arquitectos de Chile salió en defensa de su asociado.

Pero recientemente hemos sabido que la Delegacional regional de Coquimbo de ese mismo Colegio de Arquitectos, como era su deber moral, ante una decisión indebida de Hernán Pizarro, Seremi de Vivienda y Urbanismo, quien sin fundamento alguno exoneró arbitrariamente de su cargo a una competente arquitecta, Juana Varela, que se desempeñaba como jefa de la División de Desarrollo Urbano en esa dependencia estatal, publicó en un medio de prensa digital de la zona una dura declaración en contra de ese funcionario que es de completa confianza del gobierno actual.

Dicha orden gremial profesional fustigó al aludido Seremi enrostrándole que la inexplicable solicitud de renuncia sin previo aviso a dicha arquitecta se motivó porque no fue condescendiente con peticiones irregulares de grupos de poder acostumbrados a tener, por parte del Estado, tratos especiales para llevar a cabo sus inversiones. El mentado Ramírez  ¿desea acaso que los funcionarios que se desempeñan en su oficina sean simples y obsecuentes facilitadores de negocios inmobiliarios ? Si así lo cree mejor que se vaya a trabajar a la Bolsa de Comercio o a alguna AFP.

Es más este columnista, conocedor de los escabrosos manejos que desarrolla el aparato público para entregar privilegios a ciertos actores de los mercados, tiene sospechas que desde el Palacio de La Moneda entregaron precisas instrucciones al Seremi Pizarro para que él, como su jefe directo, expulsara a su subordinada del servicio en el cual la arquitecta Varela trabajó siempre con reconocida probidad y con altísimo conocimiento técnico.

Aprovechamos esta tribuna para alertar a quienes ejercen el poder político, pues en la municipalidad de San Ramón, aprovechándose que no tiene un Plan Regulador Comunal (PRC), se otorgó a un privado avispado una resolución de anteproyecto de dos torres habitacionales de 28 pisos, vulgares guetos verticales, en un terreno que enfrenta la avenida Santa Rosa, práctica incorrecta similar a la ejercida por la indócil Municipalidad de Estación Central. Dado que el artículo 28º quinquies de la ley Nº 21.078 establece que donde no hay regulación urbanística local la altura máxima de los edificios puede ser de 10 pisos, instamos a su Director de Obras, en orden a que invalide a la brevedad ese acto administrativo trucho.

Y para no ser menos en la zona Norte de Las Cruces, balneario de la comuna de El Tabo, V Región de Valparaíso, terrenos privados de algunos pymes que, conforme a disposiciones del PRC, presentan perspectivas de desarrollo de viviendas en baja densidad parecen estar frustrándose a consecuencia de prácticas abusivas de una inmobiliaria. Así es, esta empresa tiene un proyecto inmobiliario con una laguna artificial como centro de interés, está en la práctica eliminando sustancialmente las vialidades contempladas en el PRC con lo cual los mencionados predios urbanos adyacentes, al no tener pleno acceso a calles, no se desarrollarán. Para evitar este irracional escenario la municipalidad de El Tabo tiene que ponerse los pantalones y hacer valer la vialidad en su PRC.

En resumen, para poner coto a los permanentes atropellos de las minorías que tienen el poder económico, las mayorías engañadas tienen que decir basta con denuncias ante los tribunales de justicia, pues si no ejercen sus derechos a tiempo mañana será demasiado tarde.