“Lo que corresponde es que la justicia haga su tarea (…) y de de probarse los delitos, que se apliquen las más duras sanciones para sus autores”. Con esa palabras el ministro de Defensa, Alberto Espina se refirió a la situación procesal que afecta a dos ex comandantes en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo, quienes están siendo investigados por el mal uso de los gastos reservados al interior del Ejército.

“Quien utiliza mal los gatos reservados de las FF.AA. le causa un grave daño a la seguridad exterior de nuestro país y la defensa de la soberanía”, sentenció Alberto Espina.

Durante el punto de prensa de este miércoles, el secretario de Estado hizo referencia al proyecto presentado en enero para cambiar integralmente la asignación de los gastos reservados y que fue aprobado unánimemente en la Cámara Baja. El ministro explicó que el Ejecutivo determinó  poner suma urgencia a la iniciativa para que el Senado despache cuanto antes la normativa.

La pre normativa define lo que se entenderá por gastos reservados y “agrega que la Ley de Presupuestos del sector público fijará anualmente las sumas a que ascenderán los gastos reservados para los siguientes ministerios y entidades, que serán los únicos que podrán contar con esta clase de recursos: Presidencia de la República; Ministerio del Interior y Seguridad Pública; Ministerio de Relaciones Exteriores; Dirección de Fronteras y Límites del Estado; Ministerio de Defensa Nacional; y Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Agencia Nacional de Inteligencia”, según se lee en el documento.

El ministro Espina explicó también que según el contenido de la normativa propuesta a través de mensaje, el mal uso o uso malicioso de los gastos reservados puede derivar en penas de hasta los 20 años de cárcel.  El proyecto de ley a revisar por el senado señala que no podrán efectuarse jamás con cargo a los gastos reservados “pagos a funcionarios públicos; ni transferencias para financiar campañas políticas, de partidos políticos u organizaciones gremiales”. Además, en el texto se señala una facultad al juez competente para aumentar la pena en un grado encaso de  delitos de malversación de caudales públicos referidos a gastos reservados.

Otro de los puntos importantes recogidos en la propuesta legal del Gobierno es la derogación de los “pisos mínimos” que las leyes orgánicas respectivas establecen en materia de gastos reservados para las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, cuyo objeto  es asegurar una autorización de estos gastos a través de una ley permanente sin que puedan ser rebajados fruto de la discusión de la Ley de Presupuestos para un año determinado.