Según cifras del Poder Judicial el 60 por ciento de los demandados por esta situación no paga, por lo que se vuelve uno de los principales problemas para las madres luego de una separación. Si bien el sistema debería garantizar el pago y ejercer medidas de sanción por incumplimiento, en la práctica esto no es así e incluso se favorece a actores del sector privado por sobre los niños a la hora de cobrarse el dinero.