Fue en 2005 cuando, luego de las reformas constitucionales del Gobierno de Ricardo Lagos, el Tribunal Constitucional adquirió una competencia que, hasta ese momento, le correspondía sólo a la Corte Suprema.

Desde ese año, la instancia puede pronunciarse respecto de la inaplicabilidad de cualquier precepto legal de un caso particular que se esté conociendo en algún tribunal de la República. Y así fue como la defensa del general (r) Oviedo logró suspender la investigación que la ministra de la Corte Marcial, Romy Rutherford, ha llevado a cabo con demostrada efectividad, a la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto del recurso de inaplicabilidad interpuesto por Oviedo en enero.

A eso se sumó un nuevo traspié para la magistrada y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), quienes asumieron la suspensión sólo para la arista “Empresas de Turismo”, ya que, este lunes, el órgano jurisdiccional acogió la aclaratoria que presentó nuevamente la defensa, indicando que debía paralizar la investigación de todos los cuadernos. Un nuevo obstáculo para la causa que lleva Rutherford y que el Consejo de Defensa del Estado calificó como una “grave inconsecuencia”, pidiendo que se revise lo antes posible el caso.

Ministra Romy Rutherford

Las críticas no tardaron en llegar, sobre todo de quienes ya han venido manifestando sus aprensiones frente a la que llaman “la tercera cámara”.

Es el caso del abogado constitucionalista y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Fernando Atria, quien explicó el porqué de lo que calificó como “una nueva disfuncionalidad del Tribunal Constitucional.

“La cuestión ahí fundamental, es que en los hechos, el TC funciona como una tercera cámara legislativa. Donde van quienes han sido derrotados en la primera o la segunda cámara, a tratar de ganar por secretaría lo que no pudieron ganar en el parlamento. Esa es la crítica habitual y, a mi juicio, correcta que se le hace al TC”, comentó el abogado del Instituto Igualdad.

“Pero aquí lo que estamos viendo es otra dimensión. Que yo creo que es al menos tan grave como esa:  el efecto que tiene la existencia del TC, no para la discusión política que se da en el Parlamento, sino frente al sistema judicial. Porque el TC es un tribunal que está conformado no por jueces, sino que conformado políticamente“, agregó Atria.

Esto, porque el Pleno del TC está compuesto por tres miembros elegidos por el Presidente, tres miembros elegidos por la Corte Suprema y cuatro elegidos por el Congreso Nacional.

El abogado constitucionalista y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Fernando Atria, criticó la designación de los miembros del Tribunal Constitucional.

Un mecanismo que, para el ex miembro del Tribunal Constitucional y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Enrique Navarro, se puede mejorar seleccionando a los más capaces.

“Hay, por supuesto, mecanismos perfectibles. Ahora, yo creo que siempre es bueno que en esa designación participen los distintos poderes del Estado y, por supuesto, que se designen siempre a las personas más capacitadas, que tengan efectiva y real independencia. Esa es una característica esencial en un Estado de Derecho”, sostuvo el miembro más joven en integrar el Tribunal Constitucional.

Este martes, la ministra Romy Rutherford envió un oficio al Tribunal Constitucional pidiendo que aclare si la suspensión tiene que ver sólo con la causa de Oviedo o si dice relación a toda la indagatoria que lleva adelante.

El ex ministro del Tribunal Constitucional, Enrique Navarro, descartó la posibilidad de que el TC suspenda el resto de las causas que lleva adelante la ministra Rutherford en su investigación.

Sobre esto, el abogado y ex miembro del TC señaló que, en su opinión, el paralizar toda la investigación sería una medida exagerada.

“La suspensión de todas las causas sería una situación claramente desproporcionada, porque, en realidad, la investigación alude a un aspecto respecto de un imputado, y hay decenas de otros”, indicó Navarro.

“En este caso el Tribunal, en varios precedentes penales, lo que normalmente ha hecho es precisar en relación a la persona que ha presentado el recurso y no a la totalidad de las que están pendientes, por tanto, es probable que así lo diga”, agregó el abogado.

Ahora, todos los ojos están puestos en el Tribunal Constitucional que tiene que resolver el recurso de inaplicabilidad que interpuso en enero la defensa del ex Comandante en Jefe del Ejército, Humberto Oviedo, y definir la continuidad de la investigación que lleva Romy Rutherford por los fraudes en la institución castrense.

El general (r) Humberto Oviedo, ex Comandante en Jefe del Ejército, fue procesado por la ministra Romy Rutherford por fraudes.

El asunto además ha escalado en presión para los miembros del TC, toda vez que este martes el Consejo de Defensa del Estado,  representado por su presidenta, María Eugenia Manaud, ingresó una solicitud ante el órgano  pidiendo que  se dé prioridad a la vista de la causa por malversación de caudales públicos por la que es investigado el ex comandante en jefe Humberto Oviedo.

El escrito señala que el TC ha incurrido en inconsistencias al “mantener la medida cautelar de suspensión decretada sobre la base de la falta de acceso a la investigación del imputado, único fundamento del requerimiento en comentario, en circunstancias que no existe tal supuesto impedimento de acceso a la investigación que afecta al requirente”, ello porque la defensa del militar ya ha tomado conocimiento de lo que se indaga y de los cargos que enfrenta Oviedo.

De rechazarse la solicitud del CDE, se pide el cese de la suspensión de la investigación sobre la base del mismo razonamiento de la solicitud principal, esto es, que ya no existe razón para mantener detenidas las indagaciones pues los hechos en los que ésta se sustenta son conocidos tanto por el acusado como por sus abogados.