Como sus predecesores, el presidente salvadoreño Nayib Bukele quiere dar a las maras y a sus 70.000 integrantes lo que ya ha llamado un “golpe mortal”.
“Lo que se sabe hasta ahora es que la primeras fase, la preparación, son medidas que se enfocan en operativos militares, detenciones masivas, endurecimiento de las medidas carcelarias”, explica Tiziano Breda, especialista del Triángulo Norte en el International Crisis Group. En cuanto a la segunda fase, se trata de dar oportunidades a los jóvenes para prevenir su reclutamiento por parte de las pandillas.
“El riesgo es que retome ese enfoque de medidas represivas, de mano dura, que han tomado en las últimas décadas y que no ha resuelto el tema”, prosigue Breda.
Aunque las medidas de orden social no han sido detalladas por el gobierno, para Héctor Silva, investigador de Insight Crime, una fundación dedicada al análisis del crimen organizado en Latinoamérica, el plan de Bukele supone en todo caso un diálogo con las maras.
“La entrada de agentes del Estado pasa por un entendimiento con las pandillas que tienen el control territorial. El pandillero es, lo queramos o no, agente social en esa comunidad. Alrededor del pandillero, que está asociado a una organización criminal, hay familias, hay todas unas comunidades que están interrelacionadas con esa organización. Las pandillas son en principio una organización criminal pero tienen una base de organización social desde que nacieron, que implica a toda la comunidad”, comenta Silva.
“La intervención no es una cosa sencilla y en la comunidad lo que se percibe es una situación de inseguridad permanente”, entre pandilleros y Estado, denuncia Silva. Para él, la única manera de hacer correctamente las cosas es que el Estado ataque la parte criminal de la estructura y que lidie a la vez con su parte social. “Y esto no se hace en cinco años”, sentencia.
El Salvador es uno de los países más violentos del mundo con un promedio de 51 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Como sus predecesores, el presidente salvadoreño Nayib Bukele quiere dar a las maras y a sus 70.000 integrantes lo que ya ha llamado un “golpe mortal”.
“Lo que se sabe hasta ahora es que la primeras fase, la preparación, son medidas que se enfocan en operativos militares, detenciones masivas, endurecimiento de las medidas carcelarias”, explica Tiziano Breda, especialista del Triángulo Norte en el International Crisis Group. En cuanto a la segunda fase, se trata de dar oportunidades a los jóvenes para prevenir su reclutamiento por parte de las pandillas.
“El riesgo es que retome ese enfoque de medidas represivas, de mano dura, que han tomado en las últimas décadas y que no ha resuelto el tema”, prosigue Breda.
Aunque las medidas de orden social no han sido detalladas por el gobierno, para Héctor Silva, investigador de Insight Crime, una fundación dedicada al análisis del crimen organizado en Latinoamérica, el plan de Bukele supone en todo caso un diálogo con las maras.
“La entrada de agentes del Estado pasa por un entendimiento con las pandillas que tienen el control territorial. El pandillero es, lo queramos o no, agente social en esa comunidad. Alrededor del pandillero, que está asociado a una organización criminal, hay familias, hay todas unas comunidades que están interrelacionadas con esa organización. Las pandillas son en principio una organización criminal pero tienen una base de organización social desde que nacieron, que implica a toda la comunidad”, comenta Silva.
“La intervención no es una cosa sencilla y en la comunidad lo que se percibe es una situación de inseguridad permanente”, entre pandilleros y Estado, denuncia Silva. Para él, la única manera de hacer correctamente las cosas es que el Estado ataque la parte criminal de la estructura y que lidie a la vez con su parte social. “Y esto no se hace en cinco años”, sentencia.
El Salvador es uno de los países más violentos del mundo con un promedio de 51 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Como sus predecesores, el presidente salvadoreño Nayib Bukele quiere dar a las maras y a sus 70.000 integrantes lo que ya ha llamado un “golpe mortal”.
“Lo que se sabe hasta ahora es que la primeras fase, la preparación, son medidas que se enfocan en operativos militares, detenciones masivas, endurecimiento de las medidas carcelarias”, explica Tiziano Breda, especialista del Triángulo Norte en el International Crisis Group. En cuanto a la segunda fase, se trata de dar oportunidades a los jóvenes para prevenir su reclutamiento por parte de las pandillas.
“El riesgo es que retome ese enfoque de medidas represivas, de mano dura, que han tomado en las últimas décadas y que no ha resuelto el tema”, prosigue Breda.
Aunque las medidas de orden social no han sido detalladas por el gobierno, para Héctor Silva, investigador de Insight Crime, una fundación dedicada al análisis del crimen organizado en Latinoamérica, el plan de Bukele supone en todo caso un diálogo con las maras.
“La entrada de agentes del Estado pasa por un entendimiento con las pandillas que tienen el control territorial. El pandillero es, lo queramos o no, agente social en esa comunidad. Alrededor del pandillero, que está asociado a una organización criminal, hay familias, hay todas unas comunidades que están interrelacionadas con esa organización. Las pandillas son en principio una organización criminal pero tienen una base de organización social desde que nacieron, que implica a toda la comunidad”, comenta Silva.
“La intervención no es una cosa sencilla y en la comunidad lo que se percibe es una situación de inseguridad permanente”, entre pandilleros y Estado, denuncia Silva. Para él, la única manera de hacer correctamente las cosas es que el Estado ataque la parte criminal de la estructura y que lidie a la vez con su parte social. “Y esto no se hace en cinco años”, sentencia.
El Salvador es uno de los países más violentos del mundo con un promedio de 51 homicidios por cada 100.000 habitantes.
