Hasta con un contenedor de basura, según consta en videos proporcionados por los afectados, la Municipalidad de Independencia intentó desalojar a cinco familias migrantes de una casa de la calle Maruri, debido a que el inmueble en el que habitan desde hace más de cinco años no cuenta con las condiciones de vida adecuadas.

Esta situación detonó en noviembre del año pasado, cuando la dueña de la vivienda acudió a la Municipalidad para exigir el desalojo de los habitantes, dado que el arrendatario no estaba cumpliendo con los pagos debidos y porque el interior del inmueble presentaba algunas construcciones irregulares.

Si bien es cierto, la Municipalidad constató el hecho a través de una fiscalización de la Dirección de Obras -espacios reducidos de cocina con balones de gas a la intemperie y cableado eléctrico de alto riesgo-, para la directora ejecutiva del Colectivo Sin Fronteras, Patricia Loredo, esta es una práctica recurrente de dicha entidad gubernamental y que no garantiza mejores condiciones de vida para las personas desalojadas.

“Llevamos más de 40 desalojos que ha hecho la municipalidad desde hace algunos años. El fundamento que dan es que esto se hace para evitar exponer a las familias a situaciones como incendios y otros daños, pero ese riesgo continúa porque las familias van a arrendar  a otros lugares iguales o en peores condiciones en las que estaban”, precisó Loredo a nuestro medio.

Que las condiciones no son las mejores es algo que incluso Berman Otterberg, residente boliviano de la vivienda en cuestión, aceptó sin dudar en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile. Pero él y sus vecinos, todos con residencia definitiva en Chile, han preferido mantenerse allí durante los últimos años, dado que el arrendatario, Pedro Chique, les habían prometido hacer pronto los cambios pertinentes.

Sin embargo, esa promesa se convirtió hoy en una estafa, que incluye deudas de servicios de agua, luz e incluso con la dueña del inmueble, un problema en el que la Municipalidad no podría intervenir por tratarse de un conflicto entre privados.

La orden de desalojo, en tanto, continúa latente y, según Otterberg, se baraja la posibilidad de la separación de las familias.

“Nos dijeron que lo hacían por los derechos de los niños y luego dijeron que a los niños los iban a llevar al Sename. Qué solución son esas. Estamos en contra de eso. A todos nos pidieron teléfonos y no dijeron más, solo que era nuestra obligación salirnos. Nosotros no estamos en contra de salir sino de que no se nos dé solución y ayuda”, explicó el afectado.

Patricia Loredo.

Desde la Municipalidad incluso se ha aseverado esta posibilidad. El director de desarrollo comunitario, Fernando Soto, manifestó a nuestro medio la posición de dicha entidad gubernamental en este suceso.

“Aquí lo que nos preocupa son los niños, cuyos derechos están siendo vulnerados por el tema de la inseguridad. El Sename, que ya tiene conocimiento de la situación, debiera actuar y ver que se hace con los niños, porque hay niños están en riesgo sus vidas. No estamos desalojando a personas, estamos siendo garantes de derechos de los niños”, señaló.

Asimismo, Soto defendió la postura municipal asegurando que las personas no han querido recibir la ayuda social que se les brindó, por orden de su abogado defensor.

Mientras tanto, desde la comunidad afectada se ha asegurado que esta ayuda llegó por primera vez el miércoles 17 de julio, luego de una serie de acciones que detonaron la resistencia de los mismos a abandonar el inmueble. El último plazo para el desalojo, según se sabe, fue postergado para el próximo viernes 26 de julio