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Monumentos históricos: la lucha por el derecho a la memoria y la palabra

Columna de opinión por Carlos A. Torres
Martes 30 de julio 2019 20:31 hrs.


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La UDI, principalmente, pone en tela de juicio la definición de monumento histórico asignado a las instalaciones del que fuese el Complejo Forestal y Maderero Panguipulli. Cuestiona la caracterización que se otorga al retén de Carabineros y al campamento 83 del destacamento guerrillero Toqui Lautaro, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR.

En su afán por perpetuar la violencia estructural, que la derecha conservadora impuso en Chile desde los orígenes de este territorio llamado Chile, se atreven a cuestionar a quienes hicieron uso de las armas contra la peor dictadura implantada en nuestro país. De ese régimen, la UDI se considera legítima heredera, así lo ha demostrado durante y después de la dictadura. Por cierto, ese partido de derecha es el partido que mejor representa la violencia estatal heredada de Pinochet y sus huestes de militares y civiles golpistas.

Los homenajes a la violencia recubren de indignación la geografía nacional, Chile está saturado de monumentos que glorifican la violencia social y armada contra las clases sociales sometidas y el mundo del trabajo. Mientras, monolitos menores, murales e imágenes lamentan la violencia de las estatuas e iconografías de quienes celebran sus triunfos y victorias, generalmente contra civiles desarmados.

En ese mismo sentido proliferan las efigies que celebran las odiosas campañas para el pillaje en la Araucanía y poblarla de colonos extranjeros y nacionales. Así también otros tantos crímenes perpetrados por las fuerzas represivas para mantener una odiosa sociedad de clases en la cual la violencia se ha ejercido contra el pueblo trabajador y las naciones indígenas de norte a sur del país.

Hasta hace poco tiempo era motivo de asueto y festividad saludar a la madre patria y la violencia material y religiosa ejercida contra un pueblo ancestral.  La tristemente conocida pacificación de la Araucanía representa el hito más bestial e inhumano cometido por el Estado contra un pueblo indefenso. Hay responsabilidades de crímenes de lesa humanidad que continúan impunes.

Quizás es tiempo de que muchos consideremos al Wall Mapu como “la madre patria” de estas fronteras que ocupamos por algo más de dos siglos.

Pero, ¿cuál es el origen de la violencia en Chile y quienes han sido sus apologetas? Para ello es necesario entender como operó en el paso de la época colonial y su modelo de economía a la configuración del Estado (nación) y la forzosa-violenta-adscripción social al nuevo orden; enganche laboral forzado, migración interna imperiosa, milicia obligatoria etc. La simbología que subyace por siglos es la violencia institucional contra las clases y naciones sometidas.

La masacre de la Escuela Santa María de Iquique representa el punto represivo excelso del Estado poscolonial para contener las demandas de los trabajadores mineros y amparar el modelo extractivista en ciernes.

El brutal ejercicio del poder estatal y patronal en Chile se coronó con el artero y destructivo ataque aéreo la Moneda, sabiendo a ciencia cierta sus atacantes que causarían gran daño material y la pérdida de un número indeterminado de vidas humana que ocupaban el recinto presidencial. El asalto a las dependencias que ocupaba el presidente Allende, marcaría el inicio de 17 años de consecutivas violaciones a los Derechos Humanos. La casa de los presidentes quedaba destruida, humeante y silencio como testigo inerme del bombardeo del 11 de septiembre de 1973.

Todo ello ha sido hábilmente cubierto por un manto de negacionismo que ha cruzado ya dos siglos de impunidad y se extiende hasta el presente.

Un capítulo preparado por Cath Collins y el equipo del Observatorio de Justicia Transicional de la UDP, (2018) devela que “Las Fuerzas Armadas, y de Orden nuevamente han mostrado en el periodo, señales de todavía contar entre sus filas con quienes celebran abiertamente la más perversa traición de lo que deben ser sus valores verdaderos. La transversalización del compromiso moral para con los principios más básicos de la convivencia política y social –de no matar, ni torturar; ni permitir, tolerar, o justificar, que otro lo haga o lo haya hecho, sin escuchar a razones”.

Los hombres y mujeres que dispusieron sus vidas por la libertad de nuestro país, ejerciendo el derecho a la rebelión contra el más despótico régimen que haya existido en Chile, merecen mucho más que un monumento histórico.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.