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Año XI, 20 de agosto de 2019

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Sigue pasando: víctimas de torturas en Chile no cuentan con proceso de rehabilitación

Un documento presentado por el Centro de Salud y Derechos Humanos demostró la falta de políticas de prevención en Chile respecto de las torturas, así como la carencia de programas de rehabilitación para las víctimas. La psicóloga de dicho centro, Lorena Pérez, señaló que nada garantiza que la tortura no se siga aplicando hoy en el país.

Eduardo Andrade

  Viernes 2 de agosto 2019 9:04 hrs. 
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Nimisha Patel es el nombre de la investigadora británica que, luego de una exhaustiva revisión a legislaciones internacionales, entrevistas a expertos y víctimas durante cinco años, elaboró una serie de indicadores que permiten a las organizaciones y la sociedad civil, monitorear si el Estado está cumpliendo con un proceso de rehabilitación adecuado para las víctimas de torturas.

Y es que según la Convención Internacional contra la Tortura, aprobada por las Naciones Unidas, son cinco los elementos que se deben considerar en estos casos: la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías para la no repetición.

Sin embargo, lo investigado por Patel aborda solo indicadores referentes a la rehabilitación por tortura, algo que en Chile fue muy bien recibido desde organizaciones como el Centro de Salud y Derechos Humanos CINTRAS, que este jueves presentaron el mismo documento pero aplicado a nuestra realidad.

¿Se cumple correctamente con el proceso de rehabilitación para las víctimas de tortura en Chile?

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Aunque la tortura está definida por las Naciones Unidas como la provocación de sufrimiento o dolor físico o mental con castigo o presión, en la actualidad estas características se han ampliado, según la psicóloga de CINTRAS, Lorena Pérez, y en Chile no solamente siguen sucediendo, sino que las víctimas no cuentan con una rehabilitación eficiente.

Pérez, además, se refirió al que quizás es el único programa en Chile que ofrece este tipo de políticas por parte del Estado.

“La ley PRAIS da atención terapéutica, en ámbitos de salud mental y en temas de salud física, solo a aquellos que fueron víctimas hasta el año 90, a las víctimas de la dictadura, pero en Chile se ha seguido torturando, y con los chicos secundarios y los comuneros mapuche que han hecho denuncias, el estado no establece ninguna instancia donde ellos puedan tener un proceso de rehabilitación”, precisó la psicóloga.

Además, resaltó Pérez, el programa PRAIS no solamente atiende a víctimas de tortura sino que a todo el conjunto de personas vinculadas con la violación de derechos humanos en dictadura. Un detalle que, aunque es valioso, termina generando problemas para la correcta aplicación del programa.

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Sumado a esto, según la psicóloga de Cintras, no existen garantías para evitar la repetición de episodios así en el país.

“En Chile podemos dar cuenta de que no existe una política de prevención de la tortura, no hay ningún elemento que nosotros podamos decir que es una política sistemática de prevención y de capacitación a los distintos agentes del estado, que pueden atender víctimas de tortura, y eso es parte de las obligaciones que se establece en la Convención”, criticó Pérez.

Hayde Oberreuter, por ejemplo, parte de la nómina de calificados Valech y sobreviviente de torturas en dictadura, conversó con Diario y Radio Universidad de Chile y explicó algunos sucesos que aún no son tomados en cuenta por los equipos del programa PRAIS.

“La mayoría de nuestra gente se descompensa teniendo que concurrir a tribunales, en los cuales se encuentran frente a frente a los victimarios y personas que no siempre entienden que ellos están relatando hechos profundamente dolorosos. Lo pasamos muy mal cuando tenemos que ir a tribunales, pero lo hacemos porque sabemos que es el camino para alcanzar algo de verdad, ahí el Prais ahí tiene un rol vital que cumplir”, indicó Oberreuter.

A esto, finalmente, hay que sumar las otras acotaciones de la psicóloga Lorena Pérez sobre dicho programa y que tienen que ver con la capacitación del personal encargado del mismo. Según Pérez, no todo el personal médico está preparado para atender a víctimas de tortura y, la rotación del mismo, va en contra de los objetivos finales de la rehabilitación.